El proyecto de ley de regulación de seguridad ciudadana logró dictamen en comisiones y se tratará en sesión de Diputados, este miércoles.
El plenario de comisiones de LAC y Derechos y Garantías dio despacho favorable a la ley.
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Prensa Diputados Mendoza Después de tres meses de estancamiento, el proyecto de regulación de cuerpos de seguridad ciudadana que presentó la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, junto al intendente de Capital, Ulpiano Suárez, salió de comisiones con despacho favorable y se tratará mañana en Diputados.
La norma generó polémica entre los intendentes, no solo opositores sino también del oficialismo, por eso demoró su tratamiento.
Por un lado, el proyecto habilita el uso de armas no letales para preventores, como las pistolas Taser que busca incorporar la Municipalidad de Ciudad, a través de una licitación pública que tiene en marcha el Poder Ejecutivo. El intendente de San Martín, Raúl Rufeil (UCR), se desmarcó de esa posibilidad y cuestionó públicamente la utilización de los dispositivos al asegurar que "pueden ocasionar la muerte".
Y por otra parte, la norma establece protocolos de reglamentación para los cuerpos de seguridad ciudadana, que en el PJ lo interpretan como un traslado de responsabilidades de la seguridad desde el Poder Ejecutivo a los municipios, sin un presupuesto acorde. De hecho, el principal vocero de esta crítica fue el intendente de San Rafael, Omar Félix, que tensó al máximo sus diferencias con el gobernador Alfredo Cornejo por este tema.
Con esos antecedentes, la norma fue tratada este martes en un plenario entre las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), que preside Franco Ambrosini (UCR), y la de Derechos y Garantías que encabeza José Luis Ramón (Consumidores y Ciudadanos / Interbloque PJ).
Cada comisión presentó un dictamen distinto (a favor y en contra del proyecto respectivamente) y prevaleció el de LAC, que salió con 10 votos afirmativos y 7 rechazos.
Cambia Mendoza contó con 8 votos propios y el respaldo de dos legisladores opositores: Gustavo Cairo (La Libertad Avanza) y Mauro Giambastiani (Mejor Mendoza).
Mientras que los seis diputados del interbloque peronista y Edgardo Civit Evans (LUM), respectivamente, rechazaron. Sorprendió la situación de Emmanuel Fugazzotto (Partido Verde), quien asistió a la comisión, lanzó críticas al proyecto, pero luego se fue y no votó finalmente.
La oposición plasmó varias de las críticas que habían surgido desde los intendentes peronistas. Así lo dejó en claro el presidente del bloque del PJ, Germán Gómez, quien señaló que "este proyecto no tiene cabida, avanza en colocar en cabeza de los municipios un montón de cosas en temas de seguridad sin partidas presupuestarias".
"Así, es delegar responsabilidad para el manejo de algo para lo que no están preparados, se necesitan recursos económicos para móviles, personal, logística”, puntualizó el alfil de los hermanos Félix.
Desde la oposición también advirtieron que se les estaba otorgando el "estado de policía" a los preventores, como el caso de "habilitarlos a realizar requisas" en el protocolo. Estas consideraciones, como el "riesgo" que conlleva el uso de las pistolas Taser, fueron expuestas en el dictamen en minoría que impulsó Ramón.
En el oficialismo señalaron a la oposición que se realizaron modificaciones al texto para evitar confusiones. El diputado Franco Ambrosini, titular de LAC, aclaró en contacto con la prensa que "fueron ajustes de redacción y técnica legislativa".
"El proyecto es claro estableciendo que los cuerpos de seguridad ciudadana no reúnen el carácter de estado policial. Los preventores están para acompañar la disuasión del delito, pero no tienen estado policial y lo establece en forma expresa", sostuvo el diputado sanrafaelino.
Y manifestó que "esta ley no es obligatoria para los municipios, lo que se busca es que aquellos que quieran avanzar con preventores en seguridad, deberán hacerlo bajo esta norma y eso es lo que estamos discutiendo".
Por otro lado, el legislador indicó que el Poder Ejecutivo mantuvo contacto con los intendentes sobre el proyecto y la demora se debió a que "hubo prioridades legislativas" distintas, que han manejado "de acuerdo a las urgencias" presentadas desde Casa de Gobierno.