Piden que se designe un tributarista en la Corte Suprema

La ONG Lógica no objetó la postulación de José García Mansilla pero sí objetó la de Dr. Ariel Oscar Lijo.

La ONG Lógica objetó la de Dr. Ariel Oscar Lijo.
La ONG Lógica objetó la de Dr. Ariel Oscar Lijo.

La asociación sin fines de lucro dedicada a generar conciencia fiscal en la sociedad Lógica se presentó en el proceso abierto ante el Ministerio de Justicia de la Nación para cubrir dos vacantes en la Corte Suprema, en el cual el Poder Ejecutivo propuso a la Cámara de Senadores al Dr. Manuel José García Mansilla (constitucionalista) y Dr. Ariel Oscar Lijo (penalista).

La ONG no objetó la postulación del candidato constitucionalista, sí objetó la del candidato penalista, y exhortó a que, en su lugar, sea propuesto un, o mejor aún, una candidata con especialidad tributaria.

Entre los argumentos de la organización mencionaron: la diversidad de especialidad como aspecto principal. Esto surge de interpretar el Decreto 222/03 y sus considerandos, referido a la “diversidad de especialidad” de la Corte, previo al análisis de otros aspectos (aptitud moral, idoneidad, trayectoria, etc).

Ella debería apuntar a las áreas del derecho más relevantes para el país, en la respectiva época. Según Lógica, la fiscal es actualmente y por lejos la más relevante. La rama que más se le relaciona es la del derecho tributario y, en menor medida, la del derecho constitucional, por los principios constitucionales tributarios estudiados desde ambas áreas.

Segundo, el contexto hasta hoy. Según Lógica, los excesos fiscales provocaron la actual “tragedia económica”. Los impuestos más gravosos del mundo, la segunda inflación más alta, el descontrol del gasto público, etc. tuvo por efectos una pobreza mayor al 40%, un país estancado desde 2011, una informalidad que ronda el 45%, etc.

En el último puesto mundial no sólo se encuentra el poder político, como principal responsable, sino también un entorno funcional, incluyendo el poder judicial, con la Corte a la cabeza.

Tercero, el contexto futuro. Lo fiscal fue lo más relevante durante la última campaña y lo es en el propuesto Pacto de Mayo (el 50% de los 10 puntos son fiscales), a partir del cual, en su caso, se dictarán normas que podrán ser discutidas judicialmente.

Por lo que es lógico e imperioso que un ministro sea especialista en lo fiscal. Además, Argentina necesita urgentemente inversiones, para lo cual es necesaria la seguridad jurídica, incluyendo sentencias justas y predecibles, en especial en lo fiscal y desde la Corte.

Cuarto, la responsabilidad de jueces demasiado tolerantes con los impuestos más gravosos. En general, los jueces no han puesto un freno a la voracidad fiscal.

En la presentación se realizó un análisis de la jurisprudencia de la Corte en los últimos tiempos, concluyendo que muchos de sus fallos han sido funcionales al sistema tributario más gravoso del mundo y la consecuente “tragedia fiscal”.

Quinto, las consecuencias. Dicha actitud funcional de los jueces tuvo efectos negativos en todos los argentinos: máxima presión fiscal formal (50,7%), empleados registrados que deben trabajar más de medio año para pagar todos sus impuestos, y ciudadanos que, al final de la cadena, terminan afrontando impuestos por más del 40% y hasta más del 50% del precio final de los bienes que consumen.

Sexto, la invisibilidad fiscal en la Corte. El país más gravoso se manifiesta en múltiples aspectos con el patrón común de la invisibilidad fiscal. Así como los impuestos no se visibilizan en los tickets, en la Corte se manifiesta en que ninguno de sus 23 ministros desde la vuelta de la democracia ha sido tributarista.

Séptimo, no cualquier tributarista. El elegido debería ser conducente a resolver los problemas fiscales en los casos concretos. Aquel que, además de excelente trayectoria y reputación, sea garantía de impecable aplicación de los principios constitucionales, demostrado en fallos, dictámenes y/o doctrina.

No uno de los muchos tributaristas pro-fisco, funcionales al país más gravoso. No es cuestión de agravar el problema.

Octavo, la cantidad de causas fiscales novedosas. Durante la próxima década confluirán en la Corte las iniciadas como resultado del cúmulo de excesos fiscales de los últimos años en los tres niveles de gobierno y también las que resultarán de las nuevas normas fiscales en el marco del actual proceso de cambio.

Noveno, la influencia desde lo más alto. La relevancia de lo fiscal es tal que no basta con apoyarse en secretarios tributaristas o en el Procurador General. Quien lidere esos fallos deber ser ministro, marcando el camino dentro de ella, a los tribunales inferiores y al resto de la sociedad, con clara señal de cambio.

Décimo, cuestión de género. El Decreto 222/03 exige “diversidad de género”. No hay ministros mujeres desde 2021. Hace 10 años había dos. Cuatro ministros más dos candidatos, todos hombres, es lindante o califica de discriminación. Hay mujeres con la especialidad tributaria y reputación exigida para la Corte.

Por todo lo anterior, desde Lógica no objetaron la postulación del candidato constitucionalista (García Mansilla), entre otras razones, por tener para aportar el conocimiento de los principios constitucionales tributarios.

Pero sí objetaron la del candidato penalista (Lijo) porque (i) desde su especialidad tiene muy poco para aportar a lo fiscal, apenas en los pocos casos penales tributarios atendibles por la Corte, (ii) no se anticipan cuestiones novedosas en lo penal, (iii) la seguridad es prioritaria pero depende de la policía y tribunales inferiores, no del voto de un ministro de Corte a una década de los hechos, y (iv) la existencia de la Cámara de Casación Penal lo vuelve aún menos relevante.

En su lugar, Lógica exhortó a que se designe un, o mejor aún, una tributarista con el perfil mencionado para cubrir la restante vacante. Las designaciones de tal tributarista más la del constitucionalista, le infundirán a la Corte el conocimiento en la materia tributaria que resulta tan urgente como imperioso que tenga el más alto tribunal del país.

La presentación de Lógica fue realizada por su presidente, Matías Olivero Vila, ante el Ministerio de Justicia de la Nación, bajo el número de trámite TAD EX2024-43936135-APN-DGDYD#MJ.

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