El narcotest para funcionarios alcanzaría al Poder Ejecutivo, el Concejo Deliberante y el Juzgado de Tránsito.
El pedido de narcotest surgió del Honorable Concejo Deliberante de Godoy Cruz.
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El concejal kirchnerista Martín González presentó un proyecto de ordenanza que propone la realización de exámenes toxicológicos obligatorios (narcotests) y aleatorios para todos los funcionarios del Ejecutivo municipal, los integrantes del Honorable Concejo Deliberante y los magistrados del Juzgado de Tránsito y Faltas de Godoy Cruz.
Según el proyecto del edil del bloque Unión por la Patria, los controles se realizarán cada seis meses y los funcionarios seleccionados mediante sorteo deberán presentarse a la toma de muestras dentro de un plazo máximo de 24 horas, con el objetivo de asegurar el carácter sorpresivo del procedimiento y evitar posibles maniobras de elusión.
En cuanto a las sanciones, la negativa a realizar el examen será considerada presunción de resultado positivo. Para los funcionarios designados, un resultado positivo implicará en una primera instancia una multa económica similar a una falta grave de tránsito, y en el caso de un segundo test positivo el cese inmediato en el cargo, mientras que en el caso de funcionarios electos se activarán los mecanismos institucionales de remoción previstos por la normativa vigente.
El proyecto pone especial énfasis en la inclusión de la Justicia de Tránsito y Faltas, bajo el argumento de que quienes evalúan y sancionan conductas ciudadanas en el espacio público deben cumplir con los mismos niveles de exigencia ética y sanitaria que se les exige a los vecinos.
Iniciativas de este tipo ya son impulsadas en otros ámbitos. La Municipalidad de Maipú lo anunció el año pasado y también hay un proyecto de ley en ese sentido del senador provincial de La Unión Mendocina y referente de la Coalición Cívica, Marcos Quattrini.
Al fundamentar su proyecto de ordenanza, González sostuvo: “Estamos comprometidos con la lucha contra el narcotráfico y el consumo problemático, y creemos que desde la función pública debemos dar el ejemplo. No podemos combatir estos flagelos si no demostramos ante la sociedad que quienes tomamos decisiones estamos plenamente capacitados y libres de dependencias de sustancias ilegales”.