El Gobierno nacional pidió este martes el retiro del proyecto de Reforma de la Ley Penal Juvenil, luego de haberlo enviado ayer al Congreso de la Nación.
Desde el oficialismo aclararon que la decisión radicó en mostrar buena voluntad con los bloques dialoguistas. En las próximas horas se corregirá.
Baja en edad de imputabilidad: será reducida a 14 años, según el nuevo proyecto de ley
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El Gobierno nacional pidió este martes el retiro del proyecto de Reforma de la Ley Penal Juvenil, luego de haberlo enviado ayer al Congreso de la Nación.
Una de las razones centrales fue que el oficialismo incluyó en el dictamen remitido con fijar la edad imputabilidad en 13 años, cuando el consenso con los partidos aliados era de 14, tal como había quedado asentado en el texto del año pasado.
Según informó Noticias Argentinas, se esperaba en que en las próximas horas el Ejecutivo remita a Diputados la nueva versión. Aclararon que la decisión radicó en mostrar buena voluntad con los bloques dialoguistas.
El proyecto es muy similar al que tuvo dictamen en mayo del 2025, con la salvedad que, en esta oportunidad, el Gobierno incluyó en la redacción la asignación de fondos a la Defensoría General y al Ministerio de Justicia para que procuren el financiamiento para la efectiva implementación de la ley.
En el proyecto original se dejaba librado el financiamiento a la discrecionalidad de Jefatura de Gabinete, lo que levantaba la sospecha de que la ley terminara siendo letra muerta.
En la nueva versión, se disponen más de 20.000 millones de pesos para la Defensoría General y más de 3.000 millones de pesos para el Ministerio de Justicia.
“Hubo una desinteligencia. Se retiró el proyecto y se va a mandar con la edad consensuada y con los orígenes de los fondos correspondientes. Sigue el plan de conseguir el dictamen mañana (miércoles) y sesionar el jueves”, afirmó a Infobae una fuente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados.
El proyecto de 2026 contempla una pena máxima de 15 años de prisión para los tipos delictivos más graves, como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestro; mientras que en la iniciativa dictaminada el año pasado esta barrera era de 20 años.
En tanto, los delitos menores quedarían sujetos a sanciones no privativas de libertad, incluyendo tareas comunitarias y la obligación de reparación del daño causado, evitando la institucionalización salvo como último recurso.
