La subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui, dio pistas de la primera licitación pública del paquete de obras que realizarán sobre rutas nacionales.
El ingreso de San Rafael por la Ruta Nacional 143.
Foto:
Gobierno de Mendoza El traspaso de gestión y mantenimiento de rutas nacionales que firmó la Provincia con Vialidad Nacional despertó reacciones de la oposición, particularmente del PJ, al punto tal que la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti denunció penalmente al gobernador Alfredo Cornejo por presunta malversación de fondos.
Luego, el mandatario cambió de adversario político y se enfrentó con el intendente de San Rafael, Omar Félix, pero por los fondos para la conclusión del gasoducto en ese departamento (otra obra nacional).
Criticó al jefe comunal por haberle endilgado la extensión de la obra al distrito Villa 25 de Mayo y "ponerlo en contra" de los vecinos, señalando que ofreció los recursos para completar la obra original y él se los había aceptado. "Hacen obras con la lengua, después se dan vuelta y las obras no están”, sostuvo.
Si bien son dos episodios distintos, el propio Cornejo se encargó de vincular ambos hechos políticos en su visita al Sur provincial la semana pasada para criticar al peronismo en general.
“En las obras que hacemos, como en el caso de la Ruta 143, Fernández Sagasti me pone una demanda penal porque no tengo jurisdicción y estoy gastando plata de los mendocinos en esta ruta. O sea, palo porque boga y palo porque no boga”, apuntó en conferencia de prensa, después de inaugurar un Centro Cívico en San Rafael el último viernes.
Y arremetió: “El mismo partido que pone $4 mil millones por una obra que le corresponde a una empresa privada, me hace una demanda penal porque estoy haciendo una ruta pública. La verdad empequeñece la discusión de la Mendoza que queremos y el Sur próspero que queremos”.
La respuesta de Félix llegó este lunes, a través de una carta pública en la que señaló que conoce a Cornejo “en modo campaña” y que estaba dispuesto a recibir los fondos que prometió en la Asamblea Legislativa “para terminar el gasoducto o derivarlos a la ampliación de la red de gas a la Villa 25 de Mayo”.
Como corolario de estas discusiones, este martes el Gobierno provincial dio un gesto más hacia el PJ en este sentido: la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, anticipó que “es probable que la primera licitación que salga sea la de la Ruta 143” que une el Valle de Uco con el Sur provincial.
Es decir, primero avanzarán en la ruta que involucra directamente al municipio peronista más enfrentado, en lugar del Acceso Este y el Acceso Sur, que compromete a intendentes oficialistas.
“Estamos en pleno proceso para esas licitaciones, dentro de poco van a haber novedades”, dijo la funcionaria tras visitar la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda de la Cámara de Diputados.
“Una vez que tengamos todos los pliegos, necesitamos la autorización de Vialidad Nacional y como han quedado circunscriptos al Cuarto Distrito, creemos que no debieran ser muy demorosos”, completó Badui.
Según pudo saber este diario, en esta ruta también está planteado instalar peajes como método de repago una vez que se concluyan las obras. Se espera que el llamado a licitación se realice entre los meses de septiembre y octubre, puntualmente.
La inversión total que demandarán los trabajos en las rutas 7, 40 y 143, oscilarán entre los 150 y 200 millones de dólares provenientes de los Fondos del Resarcimiento. El convenio firmado con Vialidad Nacional contempla 36 meses de gestión y mantenimiento. Aun resta la autorización del presidente Javier Milei para habilitar el cobro de peajes, respectivamente.
Este lunes se oficializó el convenio que firmó la subsecretaria Badui con el titular de la Dirección Ente Control de Rutas de San Luis, Ariel Páez Quiroga, para asesorarse en el sistema de peajes unificado que tiene la provincia vecina.
A la vez, el gobierno provincial confirmó que será la Ruta 153 que une Las Catitas (Santa Rosa) con Monte Comán (San Rafael) la primera vía provincial que implementará este mecanismo de repago, posiblemente en el distrito de Ñacuñán, una vez que se concluyan los trabajos de repavimentación que se están ejecutando.
La funcionaria dio más detalles de este convenio: “En primer lugar, nosotros siempre dijimos que la infraestructura económica tiene que repagarse, una de ellas es la ruta”.
“La ruta 153 tiene un tránsito medio diario anual de 5.000 vehículos semanales, por lo que permite un peaje físico, a diferencia de otras posibles rutas que tienen obviamente un flujo que no lo permitiría y se piensan para peajes free flow”, explicó.
“Como la provincia de San Luis hace 20 años que cobra peaje físico, estuvimos intercambiando experiencias con ellos, sobre todo cuáles son los resguardos o cómo se implementa el sistema”, agregó Badui.
Y señaló que también se informaron sobre cómo se disponen las “balanzas fijas para el control de pesos y dimensiones que también va a haber en la 153”.
“Se trata de un convenio de colaboración para que nos transfieran su experiencia en materia del cobro de peaje manual”, completó la subsecretaria de Infraestructura.
Actualmente la Ruta Provincial 153 está siendo repavimentada en dos tramos, a través de los fondos del Resarcimiento. Las obras se pusieron en marcha en mayo pasado, llevan un avance del 5% en promedio y finalizarían en 2026.
El tramo I corresponde a Las Catitas-Ñacuñán (89 km) y demanda una inversión de $14.652 millones. El plan de ejecución es de 12 meses.
Mientras que el tramo II, abarca desde Ñacuñán hasta Monte Comán (San Rafael) y requiere un presupuesto de $10.126 millones. Se ejecuta en un plazo de 10 meses.