La senadora nacional por Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, presentó una denuncia penal contra el gobernador, Alfredo Cornejo, por presuntas irregularidades en el convenio firmado entre la Provincia y el Estado Nacional para la ejecución y mantenimiento de rutas nacionales.
Según el escrito presentado ante el Ministerio Público Fiscal, la legisladora acusa a Cornejo de malversación de fondos públicos y violación al principio de legalidad presupuestaria.
La referente de La Cámpora en Mendoza sostiene que el acuerdo compromete recursos provinciales para obras que son de competencia federal, sin contar con la debida autorización legislativa ni previsión en el presupuesto 2025 de la provincia.
“El convenio entre Nación y Provincia implica que Mendoza financie con fondos propios el mantenimiento de rutas nacionales, cuando esa es una responsabilidad que le corresponde al Estado nacional”, plantea Fernández Sagasti.
Y agrega que “no se observa en el presupuesto ninguna partida destinada a ese fin, lo cual supone una violación a la Constitución provincial”.
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El gobernador Alfredo Cornejo firmó con el secretario de Transporte, el mendocino Luis Pierrini, y el titular de Vialidad Nacional, Marcelo Compoy.
Prensa Gobierno de Mendoza
El convenio fue ratificado por el Decreto provincial 11665/2025 y, de acuerdo con la denuncia, tampoco fue acompañado de una ley específica que explicite el origen de los recursos para afrontar las obligaciones asumidas.
En ese marco, la senadora afirma que se configura una situación de “renuncia tácita” a reclamar los fondos nacionales correspondientes, en perjuicio del erario público mendocino.
Además, cuestiona que el convenio traslade a la provincia la responsabilidad por salarios, cargas laborales e indemnizaciones por daños que puedan surgir durante las obras, eximiendo de esas obligaciones a Vialidad Nacional.
“No encontramos ningún beneficio para la ciudadanía mendocina, solo obligaciones a expensas del patrimonio provincial”, señala el escrito.
En la presentación, Fernández Sagasti sostiene que los hechos podrían encuadrarse en los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.
La denuncia incluye como prueba el decreto provincial, el texto del convenio, el expediente administrativo y la ley de presupuesto 2025. Finalmente, la senadora solicita que se inicie una investigación penal preparatoria y que se cite a los funcionarios intervinientes para su imputación formal.
La denuncia