Mendoza será sede de una reunión del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento. Marcelo D'Agostino era su vicepresidente.
El foro que se hará en Mendoza marcará el debut de Juan Carlos Jaliff como integrante del Consejo de la Magistratura, en reemplazo de Marcelo D'Agostino. Su presidente, Julio Gómez, ni siquiera aparece en la lista de expositores. Foto: Prensa del Poder Judicial.
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Mendoza será sede este jueves y viernes de las 41° Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (Fofecma). El encuentro se realizará en un contexto marcado por cuestionamientos al Poder Judicial provincial y por la reciente salida del exsubsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, tras una denuncia por abuso sexual.
El evento marcará la primera actividad oficial de Juan Carlos Jaliff como subsecretario de Justicia y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. También será el estreno del ministro de la Suprema Corte, Julio Gómez, como presidente de este órgano clave dentro del sistema judicial.
Tanto Jaliff como Gómez asumieron este miércoles en el Consejo de la Magistratura. En el caso del magistrado, su designación como titular del cuerpo fue oficializada mediante una acordada publicada en el Boletín Oficial.
El Fofecma se desarrollará en el Centro de Congresos y Exposiciones Gobernador Emilio Civit, en la Ciudad de Mendoza. Durante las jornadas se abordarán distintas temáticas vinculadas con el funcionamiento y los desafíos actuales de los Consejos de la Magistratura y los Jurados de Enjuiciamiento, con el objetivo de promover el intercambio de experiencias entre representantes de todo el país.
De la apertura participarán el gobernador Alfredo Cornejo y la presidenta del Fofecma y titular del Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego, Edith Miriam Cristiano. También estarán presentes la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus; el presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay; y el procurador general de Mendoza, Alejandro Gullé, entre otras autoridades.
Un dato llamativo es que D’Agostino se desempeñaba como vicepresidente del Foro Federal y había sido uno de los organizadores del evento en la provincia. Sin embargo, a raíz de la causa judicial que lo involucra, dejó ese cargo, que hasta el momento permanece vacante.
El otro es que en la lista de personalidades ni siquiera figura el nuevo presidente del Consejo de la Magistratura de la provincia, el ministro de la Corte Julio Gómez.
El Consejo de la Magistratura es un órgano clave dentro del sistema judicial, ya que tiene la responsabilidad de elaborar ternas de candidatos para cargos judiciales. Esas ternas son elevadas al Poder Ejecutivo, donde el gobernador selecciona a uno de los postulantes y envía su pliego al Senado para su aprobación.
La designación de Julio Gómez como presidente del Consejo de la Magistratura se concretó luego de más de un año de acefalía en el organismo. La Suprema Corte lo nombró como representante titular para el período 2026-2028, mientras que la ministra Norma Llatser fue designada como suplente.
La decisión se tomó en una reunión plenaria en la que la propuesta impulsada por Dalmiro Garay obtuvo cinco votos a favor, uno en contra y una abstención.
El respaldo no fue unánime. Acompañaron la designación Garay, Omar Palermo, Teresa Day y los ministros designados, mientras que José Valerio votó en disidencia y Mario Adaro se abstuvo.
El voto de Valerio dejó al descubierto tensiones internas en el máximo tribunal. Si bien aclaró que no cuestionaba la idoneidad de los designados, planteó objeciones sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y la necesidad de discutir reformas estructurales antes de avanzar con la designación.
Entre sus principales críticas, advirtió sobre la “alta discrecionalidad” en los procesos de selección de magistrados y cuestionó la falta de transparencia, al considerar que el sistema actual puede afectar la independencia judicial.
También sostuvo que la Corte debería haber debatido previamente cambios en las reglas del organismo e incluso impulsar una reforma legislativa.
En esa línea, recordó que antes de la reforma introducida por la ley 9013 en 2017, los concursos contemplaban hasta 10 puntos por exámenes, cinco por antecedentes y otros cinco por evaluación discrecional de los consejeros, lo que representaba un 25% de discrecionalidad.
Con la modificación, se eliminó el puntaje de la evaluación técnica -los postulantes pasan a ser aprobados o desaprobados-, se redujo el peso de los antecedentes a un máximo de cuatro puntos y se amplió la discrecionalidad a seis puntos.
“Entonces, ahora el Consejo dispone de la asignación de hasta el 60% del total del puntaje en forma discrecional”, advirtió Valerio en una entrevista que realizó con Los Andes sobre una acordada de 2023, al señalar que esto no se corresponde con la política constitucional de selección de jueces.
El ministro también cuestionó el carácter secreto de la votación de los aspirantes y la eliminación de la comisión penal en 2023. Además, planteó que el presidente del Consejo debe responder al cuerpo y no actuar con autonomía.
Por su parte, Garay relativizó la necesidad de introducir nuevas modificaciones en el funcionamiento del organismo.
Estos cuestionamientos se dan en un contexto más amplio de críticas al sistema de selección de magistrados, con denuncias en los últimos años sobre falta de transparencia y el peso de la discrecionalidad en las decisiones del Consejo.
En paralelo, avanza la investigación contra el exsubsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, quien renunció a su cargo tras ser denunciado por su expareja por abuso sexual y violencia de género. La denunciante se presentó esta semana ante el Ministerio Público Fiscal para declarar por primera vez y ratificó la acusación.
D’Agostino, por su parte, aún no fue imputado formalmente. Días atrás presentó un escrito a modo de declaración informativa y entregó su celular y un arma de fuego calibre 9 milímetros para ser peritados. Su defensa, a cargo del abogado Daniel Sosa Arditi, solicitó que permanezca en libertad.
El exfuncionario fue una figura clave en las gestiones de Alfredo Cornejo desde 2015, hasta que el 10 de abril presentó su renuncia, el mismo día en que fue denunciado.
La presentación judicial, de unas 40 carillas, lo acusa por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, lesiones leves y graves reiteradas, amenazas coactivas, coacción y violencia de género en todas sus modalidades.
Según la denuncia, los hechos ocurrieron en el marco de una relación de pareja que se extendió entre 2021 y 2024, con episodios de hostigamiento que habrían continuado hasta fines de 2025.
La mujer denunció haber sufrido agresiones físicas reiteradas, la producción de lesiones visibles y la imposición de prácticas degradantes. También acusó a D’Agostino de ejercer abuso de poder institucional, utilizando sus vínculos políticos, judiciales y de seguridad para intimidarla y desalentar cualquier intento de denuncia.