La interna entre la conducción del PJ y La Cámpora continúa por la designación del nuevo frente "Fuerza Patria", con el que competirá en febrero.
Anabel Fernández Sagasti y Emir Félix, enfrentados por las elecciones municipales del próximo 22 de febrero. Archivo Los Andes
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Archivo Los Andes El conflicto abierto entre el kirchnerismo y el “grupo de los intendentes” que conducen el Partido Justicialista de Mendoza (PJ) suma nuevos capítulos en medio del cronograma electoral para los comicios municipales del próximo 22 de febrero. En este contexto, la discusión ahora pasa por la denominación del nuevo frente del sector de Anabel Fernández Sagasti: “Fuerza Patria”.
La alianza que presentó La Cámpora —a través de los sellos Unidad Popular y Partido Federal— ante la Junta Electoral de Mendoza fue inicialmente impugnada por el oficialismo, ya que se denominaba “Manso Frente Mendocino”, una expresión que coincidía con la campaña de turismo del Gobierno provincial.
Ante los cuestionamientos públicos, el kirchnerismo se movió con rapidez y modificó la denominación de su nuevo frente a “Fuerza Patria”, nombre utilizado por el peronismo en las elecciones de octubre pasado en la provincia de Buenos Aires y en gran parte del país.
Sin embargo, los problemas continuaron, esta vez dentro del propio peronismo. El PJ Mendoza, que preside el diputado nacional Emir Félix, reaccionó con una nueva impugnación, al advertir que la denominación elegida podría generar confusión en el electorado.
En el recurso elevado a la Junta Electoral, al que tuvo acceso Los Andes, los apoderados del PJ Mendoza solicitaron a las autoridades que “se rechace su oficialización bajo dicha denominación, por resultar objetivamente productora de confusión, inducir a error al electorado y vulnerar principios esenciales del derecho electoral, configurando asimismo una apropiación indebida de la identidad política del Partido Justicialista y generando un daño institucional de gravedad”.
Además, indicaron que el Partido Justicialista Distrito Mendoza “posee un interés directo, concreto y actual en preservar la claridad de la oferta electoral, la autenticidad del sufragio y la protección de su identidad partidaria frente a usos indebidos por parte de terceros”.
En particular, citaron los casos de Fuerza Justicialista Luján de Cuyo y Fuerza Justicialista Rivadavia, que —según sostienen— verían “vulnerado directamente su derecho por la utilización de la denominación ‘Fuerza’ por este frente electoral impugnado, el cual, en un tiempo posterior al que se inscribieron nuestros frentes y luego de haber sido también impugnado su nombre originario, procede a intentar inscribir esta idéntica palabra”.
Cabe aclarar que solo en esos dos departamentos se utilizará dicha denominación, ya que en los otros cuatro —que son precisamente los que gobierna el peronismo— se presentan como: Frente “Maipú Crece”, Frente “San Rafael en Marcha”, Frente “Elegí Gestión La Paz” y Frente “Santa Rosa Gana”.
Más adelante, el documento asegura que "el elector promedio no realiza un análisis jurídico-partidario de las alianzas electorales, sino que identifica su opción política a partir de nombres, símbolos, consignas y referencias históricas ”.
En ese sentido, afirman que la utilización del nombre “Fuerza Patria” por “un frente ajeno al Partido Justicialista induce razonablemente a creer que dicho frente cuenta con el aval, integración o representación del justicialismo”.
De este modo, acusan al kirchnerismo de incurrir en “un intento de usufructuar una representación política que le es ajena, o bien de provocar, de un modo tan posible como probable, una confusión material o ideológica”.
Por su parte, la exlegisladora provincial Cecilia Juri, en calidad de apoderada del nuevo frente electoral, presentó un extenso descargo ante la Junta Electoral de Mendoza para rechazar el recurso de impugnación y lograr la oficialización del nombre “Fuerza Patria”.
En primer lugar, respondieron que el único partido que podría aglutinar a todos los PJ provinciales es el Partido Justicialista Orden Nacional, el cual no intervino en el último proceso electoral, al tratarse de elecciones legislativas distritales.
Asimismo, sostienen que el PJ nacional nunca inscribió ni reservó el nombre “Fuerza Patria” como propio, por lo que “no existe antecedente alguno” que permita apropiarse de esa denominación ni impedir su uso por otras fuerzas políticas.
Luego, apuntaron contra el orden provincial y señalaron que fueron los propios impugnantes quienes desistieron deliberadamente de utilizar “Fuerza Patria” en Mendoza. De hecho, recordaron que inicialmente se había acordado ese nombre, pero posteriormente —sin explicación ni participación de todos los partidos— se resolvió cambiarlo por “Fuerza Justicialista Mendoza”, decisión que se fundó en que esta nueva denominación representaba “mejor la identidad doctrinaria del justicialismo”.
Esto demuestra —sostuvieron— que el PJ descartó expresamente “Fuerza Patria” por no considerarlo adecuado ni distintivo. En consecuencia, "resulta contradictorio" que hoy pretenda impedir su uso por terceros cuando ni siquiera lo reclama para sí, apuntaron.
También refutaron que el uso de la palabra “Fuerza” produzca confusión en el electorado, ya que, según los propios fundamentos utilizados por el PJ al cambiar su nombre en octubre pasado, el elemento distintivo se colocó en los agregados “Justicialista Mendoza”.
En ese marco, señalaron que la palabra “Fuerza” es un término genérico y habitual en la política, comparable a “Unidad”, “Unión” o “Democracia”, y que, por lo tanto, no puede ser apropiada en forma exclusiva. Lo distintivo —afirman— no es el sustantivo genérico, sino el conjunto nominativo completo.
En su conclusión, el nuevo frente sostiene que las palabras “Fuerza” y “Patria” son términos de uso común y político universal, no apropiables de manera exclusiva. Además, remarcan que el derecho a elegir un nombre forma parte de la libertad de asociación política y solo puede limitarse ante “una confusión inevitable y manifiesta”, circunstancia que —aseguran— no se verifica en este caso.
Por último, consideran que, al tratarse de nombres compuestos claramente diferenciables, su coexistencia resulta jurídicamente válida. En ese sentido, concluyen que la impugnación es “contradictoria, carente de sustento fáctico y jurídico”, y responde a un “actuar caprichoso” de quienes no utilizan el nombre, pero tampoco permiten que otros lo hagan. “No juegan y tampoco dejan jugar”, ironizaron.
La decisión final quedará en manos de la Junta Electoral de Mendoza, que se reunirá este martes para definir si oficializa o rechaza el nuevo nombre del frente kirchnerista.