El Gobierno de Mendoza avanza con su proceso que podría derivar en la intervención de la Liga Mendocina de Fútbol, a partir de un informe elaborado por la Dirección de Personas Jurídicas que será presentado este martes al gobernador Alfredo Cornejo.
El informe de la Dirección de Personas Jurídicas será remitido al mandatario y se apoya en faltas contables, asambleas cuestionadas y causas judiciales.
El informe será remitido al gobernador Cornejo y se apoya en faltas contables, asambleas cuestionadas y causas judiciales.
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Gentileza. El Gobierno de Mendoza avanza con su proceso que podría derivar en la intervención de la Liga Mendocina de Fútbol, a partir de un informe elaborado por la Dirección de Personas Jurídicas que será presentado este martes al gobernador Alfredo Cornejo.
La medida se sustenta en una acumulación de irregularidades de carácter institucional, financiero y jurídico de la entidad que preside Omar Sperdutti, algunas de las cuales ya son objeto de investigaciones judiciales.
El director de Asuntos Gubernamentales del Ministerio de Gobierno, Francisco Mondotte, explicó que la situación de la entidad deportiva excede los hechos deportivos recientes y se inscribe en un cuadro más amplio de desorden institucional.
“Llegamos a esta instancia por los hechos bochornosos que vienen pasando en la Liga Mendocina. El claro ejemplo fue lo sucedido en la organización de la final femenina, donde la liga se vio incapaz de organizar un evento que debería tener el expertismo y la capacidad de hacerlo sobradamente”, señaló.
Por segundo fin de semana consecutivo, la final del torneo femenino entre Godoy Cruz e Independiente Rivadavia debió ser suspendida, este hecho fue la gota que reblasó el vaso y el Ejecutivo provincial decidió avanzar con la intervención, plan que "se venía analizando desde principio de año" comentaron en Casa de Gobierno.
Si bien se había acordado un límite de 150 hinchas por parcialidad, la llegada de micros con barras superó el operativo de seguridad previsto y obligó a cancelar el encuentro, un episodio que terminó de acelerar la intervención del Gobierno provincial.
Sin embargo, desde el Ejecutivo remarcan que los fundamentos principales no están vinculados únicamente a lo deportivo. Según detalló Mondotte, la Dirección de Personas Jurídicas detectó una asamblea de autoridades cuestionada, la ausencia total de estados contables correspondientes al ejercicio 2024 y movimientos irregulares en la conducción de la entidad.
Entre ellos, se mencionan cambios en cargos clave como prosecretario, vicepresidente primero y segundo y secretario, que no figuran debidamente asentados ni registrados ante el organismo de control.
A este panorama se suman causas judiciales en curso. Algunas investigaciones se iniciaron a partir de denuncias vinculadas a actos médicos irregulares en divisiones inferiores, mientras que otras avanzan sobre presuntos delitos de mayor gravedad.
“Las investigaciones hablan incluso de delitos de relevancia sustancial, como administración fraudulenta, con transferencias bancarias desde cuentas de la liga o de dirigentes hacia cuentas de familiares de dirigentes”, indicó el funcionario.
Desde el Ministerio de Gobierno subrayan que la Liga Mendocina administra un volumen significativo de recursos. Solo en 2024, según datos oficiales, la institución recaudó más de 700 millones de pesos, lo que refuerza la necesidad de preservar su patrimonio y garantizar mecanismos de control adecuados.
“Estamos hablando de una institución que maneja muchísimo dinero y que, a la luz de lo que está sucediendo en la Justicia, amerita una intervención para proteger ese patrimonio”, sostuvo Mondotte.
El marco legal para avanzar con la medida está contemplado en el artículo 61 de la ley que regula la Dirección de Personas Jurídicas, que establece que el organismo debe elevar un informe al gobernador, quien define si corresponde o no la intervención.
De acuerdo con lo anticipado por el funcionario, el documento que se presentará es “profuso en cantidad de pruebas y fundamentos” y está basado en aspectos institucionales, financieros y jurídicos.
En cuanto al alcance de la eventual intervención, Mondotte explicó que tendría un plazo máximo de seis meses, con posibilidad excepcional de una prórroga de tres meses, y un objetivo específico: regularizar la situación de la Liga.
Esto implica el cese de la actual comisión directiva, la designación de un interventor y la convocatoria a una asamblea para renovar autoridades conforme al estatuto, además de esclarecer las cuestiones financieras observadas.
Finalmente, el funcionario rechazó las versiones que advierten sobre posibles represalias de la AFA ante una intervención provincial. “Mendoza no es una isla y la Liga Mendocina de Fútbol tampoco. Vamos a aplicar la ley vigente para proteger a los socios, a los clubes afiliados y a los intereses de la provincia”, afirmó.
La definición final quedará en manos del gobernador Alfredo Cornejo, una vez recibido el informe técnico que el Ejecutivo provincial prevé presentar en el transcurso de esta semana.
La suspensión de la final del fútbol femenino entre Godoy Cruz e Independiente Rivadavia, por segundo fin de semana consecutivo, volvió a exponer falencias organizativas de la Liga Mendocina de Fútbol y abrió un fuerte cuestionamiento desde el Ministerio de Justicia y Seguridad.
El encuentro debía disputarse en el estadio de Gutiérrez Sport Club, con un cupo limitado de público, pero el operativo se vio desbordado ante la llegada de micros con barras de ambos clubes.
Según informó el director general de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad, Hernán Amat, la primera suspensión ya había ocurrido una semana antes, cuando la Liga no había contratado servicio extraordinario de seguridad.
Para la reprogramación del encuentro, la Liga sí solicitó un operativo especial y aceptó una serie de condiciones impuestas por el Ministerio. Entre ellas, la habilitación de solo 150 personas por cada parcialidad, previamente registradas en listas con datos personales y DNI, que debían ser remitidas con antelación a Seguridad.
“Nosotros contábamos con ese listado y corroboramos que no hubiera barras, que fueran dirigentes y familiares de las jugadoras”, detalló Amat.
No obstante, el funcionario sostuvo que la Liga fue advertida de manera explícita sobre las consecuencias de incumplir esas condiciones. “Se les informó previamente que si volvía a suceder lo del domingo anterior, con la llegada de barras, el evento no iba a proceder y se iba a suspender”, afirmó. Según relató, esa advertencia se cumplió ante lo ocurrido en la previa del partido.
En las inmediaciones del estadio comenzaron incidentes cuando la organización decidió no abrir los portones, lo que derivó en disturbios en el barrio de Maipú y en el despliegue de la Policía de Mendoza para despejar la zona.
Desde el Ministerio señalaron que, al recorrer los alrededores del estadio, quedó en evidencia que el número de personas presentes superaba ampliamente el cupo acordado. Amat atribuyó la nueva suspensión a una falta de previsión y comunicación por parte de la Liga.
“Hubo una irresponsabilidad nuevamente, no hubo comunicación oficial ni las prevenciones suficientes para informar que solo podía ingresar el público habilitado por lista previa”, señaló. Y agregó que la decisión de suspender el evento respondió a que “no estaban dadas las condiciones de seguridad”.
El funcionario también cuestionó antecedentes en la organización de eventos deportivos por parte de la conducción de la Liga Mendocina. Recordó lo ocurrido el año pasado con la final de la Copa Mendoza, cuando se intentó disputar un partido en un estadio neutral sin contratación de policía y con seguridad privada, una alternativa que finalmente fue descartada tras recomendaciones oficiales.
“Son irresponsabilidades de dirigentes que no toman con la seriedad que se debe al fútbol, sabiendo lo que pasa no solo en Mendoza, sino en la Argentina y en Sudamérica”, expresó.
Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad remarcaron que la responsabilidad de la organización del evento recae exclusivamente en la Liga Mendocina de Fútbol, tanto en la planificación como en la comunicación y el control del acceso del público.
En paralelo, se iniciaron tareas de identificación de integrantes de barras de ambos clubes que habrían estado presentes en el lugar. “Estamos trabajando para identificarlos, incorporarlos al programa Tribuna Segura y ponerlos a disposición de la Justicia”, indicó Amat.