El gobierno de Javier Milei recibió un duro revés en el Congreso, con la sanción definitiva del Senado para dos proyectos de ley impulsados por la oposición y la derogación de cinco decretos que había firmado el presidente.
Los senadores mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri aprobaron dos proyectos de ley que el presidente Javier Milei promete vetar.
Los senadores nacionales por Mendoza, Mariana Juri y Rodolfo Suárez (UCR).
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Prensa Senado El gobierno de Javier Milei recibió un duro revés en el Congreso, con la sanción definitiva del Senado para dos proyectos de ley impulsados por la oposición y la derogación de cinco decretos que había firmado el presidente.
El dato llamativo de la sesión de anoche es que, en medio de la luna de miel que viven radicales y libertarios por su alianza electoral en marcha, los senadores Rodolfo Suárez y Mariana Juri (Cambia Mendoza) votaron a favor del financiamiento universitario y la emergencia en pediatría conocida como “Ley Garrahan ”, ambas leyes que el presidente promete vetar.
Esta decisión trazó diferencias internas en la UCR. Es que en la Cámara de Diputados los alfiles de Alfredo Cornejo, Lisandro Nieri y Pamela Verasay (candidata a diputada por la alianza LLA-CM), decidieron ausentarse de la votación de ambos proyectos en un claro guiño hacia el oficialismo nacional.
El gesto cornejista hacia Milei no pasó desapercibido y tuvo su costo político por el compromiso que había asumido el radicalismo con la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) en la lucha por conseguir mayor presupuesto, cuando la alianza con LLA se mantenía lejos.
De hecho, una vez aprobada la media sanción el pasado 8 de agosto, la rectora Esther Sánchez insistió en su pedido a los legisladores mendocinos para que el Senado apruebe el proyecto.
“Solicitamos ahora a la Honorable Cámara de Senadores de la Nación que le otorgue un pronto tratamiento y sanción definitiva, garantizando los recursos necesarios para el pleno funcionamiento del sistema”, expresaron las autoridades universitarias a través de un comunicado institucional, en el que agradecieron específicamente a “legisladoras y legisladores que acompañaron” en la sesión de Diputados.
Finalmente, en la sesión de este jueves, Suárez y Juri votaron a favor del financiamiento universitario junto a la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti. Es decir aprobaron los tres representantes de Mendoza en esa cámara. Lo mismo ocurrió con la Ley Garrahan.
La ley de financiamiento universitario obtuvo concretamente 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones. Mientras que la emergencia en pediatría sumó 62 votos afirmativos y solo ocho negativos.
La iniciativa -que cosechó adhesiones en Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical (UCR), parte del PRO y bloques provinciales- fue redactada por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y eleva el presupuesto al 1 por ciento del PBI.
También otorga una suma especial para la creación de carreras estratégicas y la convocatoria a paritarias a docentes y no docentes. El dictamen que tuvo luz verde establece una recomposición presupuestaria de mayo a diciembre del 2024 y, a partir de enero de este año, una actualización bimestral de acuerdo a la inflación.
Los recursos obtenidos se utilizarán para el funcionamiento de establecimientos universitarios, hospitales universitarios, Ciencia y Técnica, actividades de Extensión Universitaria.
Sobre la recomposición salarial que debe otorgar el Gobierno compensará las diferencias entre los aumentos otorgados y la inflación desde el 1 de diciembre del 2023 a la fecha de sanción de la ley y que exista luego una actualización bimestral no menor a la variación del índice de Precios al Consumidor.
Otro de los puntos que plantea el texto aprobado es que en el 2025 debe completarse la incorporación al básico de convenio colectivo de todas las sumas no remunerativas y no bonificables percibidas.
La Auditoría General de la Nación (AGN) realizará el control administrativo externo de las instituciones universitarias de gestión estatal y remitirá al Congreso los informes producidos y el plan de seguimiento y control.
Esta norma establece que las autoridades deberán garantizar el acceso efectivo, oportuno y equitativo a los servicios de salud pediátrica, asegurar el funcionamiento de los hospitales públicos especializados y proteger los derechos a la salud y a la vida de niños, niñas y adolescentes.
Uno de los puntos centrales obliga al Ministerio de Salud a disponer la recomposición inmediata de salarios del personal de salud, tanto asistencial como no asistencial, que atiende a la población pediátrica, incluyendo a los residentes nacionales de todas las especialidades.
La ley fija que los sueldos no podrán ser inferiores, en términos reales, a los de noviembre de 2023. Además, exime del pago de Ganancias a los trabajadores que cumplan funciones críticas, horas extras o guardias.
En el plano presupuestario, se faculta al Poder Ejecutivo a reasignar partidas del Ministerio de Salud y, de ser necesario, ampliar recursos utilizando reservas para contingencias sanitarias.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la medida demandará entre julio y diciembre un gasto adicional de $65.573 millones, mientras que advirtió que actualmente “no hay reservas presupuestarias destinadas específicamente a emergencias sanitarias”.