Se trata del RACOP, el nuevo marco normativo busca mejorar la eficiencia de los trámites, aumentar la competencia en licitaciones y fortalecer la calidad de las obras públicas en la provincia.
Los cambios que hizo el Gobierno para agilizar la obra pública en Mendoza
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jorEl Gobierno de Alfredo Cornejo oficializó la actualización del Reglamento de Ejecución del Registro de Antecedentes de Constructores de Obras Públicas (RACOP), mediante el Decreto 1258, publicado en el Boletín Oficial. La normativa apunta a modernizar el sistema de inscripción y habilitación de empresas constructoras que participen en licitaciones públicas.
El documento cuenta con la firma del mandatario provincial y del ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema. Según los considerandos del decreto, los cambios introducidos permitirán agilizar los procesos administrativos, facilitar la inscripción y renovación de empresas, y promover una mayor participación de oferentes en los procesos licitatorios.
El objetivo es generar mejores ofertas y elevar la calidad técnica de las obras públicas, con beneficios directos para el Estado provincial. El RACOP funcionará como un registro público de publicidad restringida bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, y estará integrado por una Dirección, una Subdirección, áreas técnicas y administrativas, y un Consejo conformado por representantes tanto del sector público como privado.
Entre las novedades se destaca un esquema más claro para las funciones y deberes de los órganos del RACOP, así como un régimen sancionatorio objetivo para las empresas que incumplan con las normas.
Los objetivos principales son:
Los alcances de la reforma modifican el reglamento del Registro de Antecedentes de Obras Públicas (RACOP) trabajando sobre estas líneas:
Además, se establecen requisitos específicos para empresas extranjeras interesadas en participar en licitaciones locales, y se regulan aspectos técnicos como la evaluación de la Capacidad Económica Financiera de Ejecución Referencial (CE) de los contratistas.
También se introduce un sistema de especialidades para clasificar a las empresas según el tipo de obra o servicio que prestan, y se detallan con precisión los documentos exigidos para la inscripción y renovación.
Las empresas proveedoras de materiales y servicios también quedan incorporadas al nuevo régimen, aunque con evaluaciones diferenciadas respecto a las constructoras.
El reglamento ya fue publicado en el Boletín Oficial y entrará en vigencia desde su fecha de publicación. A su vez, se prorrogó la validez de los certificados actualmente vigentes hasta el 30 de agosto de 2025, otorgando un margen de adaptación para las empresas inscriptas.