El Gobierno de Alfredo Cornejo ratificó este viernes, mediante el Decreto 1159, el convenio para el financiamiento de proyectos de infraestructura en la provincia, utilizando recursos del “Fideicomiso de Administración de los Fondos por Resarcimiento”.
Entre otras disposiciones, el acuerdo contempla la posibilidad de implementar sistemas de mantenimiento y operación de rutas mediante concesiones o cobro de peajes, siempre que estén autorizados por la autoridad competente.
El acuerdo fue celebrado entre el Ejecutivo provincial y la Dirección Provincial de Vialidad. Fue firmado el 25 de octubre de 2024 por los ministros de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, y de Gobierno, Natalio Mema; por la subsecretaria de Infraestructura, Marite Badui; y por el titular de Vialidad Provincial, Osvaldo Romagnoli.
El documento establece los términos para asignar fondos del fideicomiso a proyectos de construcción, ampliación o refuncionalización de infraestructura vinculada al desarrollo provincial.
Este instrumento se enmarca en lo dispuesto por el Decreto 2070/2024, que aprobó una adenda al contrato original del fideicomiso. Además, contempla un esquema de ejecución con participación de organismos subejecutores, bajo la coordinación de la Subsecretaría de Infraestructura. En este esquema, cada parte asume responsabilidades específicas para garantizar el avance de las obras.
Puntos clave del convenio
El anexo del convenio, que consta de siete fojas, detalla los mecanismos de trabajo y las condiciones técnicas y administrativas para la ejecución de los proyectos:
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Destino de los fondos: los recursos serán aplicados a obras específicas definidas por la Subsecretaría de Infraestructura, que oficiará como Unidad de Coordinación Técnica.
Funciones del organismo subejecutor: en este caso, la Dirección Provincial de Vialidad será responsable de ejecutar las obras, garantizar su licitación, adjudicación y certificación técnica, así como de elevar informes periódicos sobre el avance.
Peajes en rutas provinciales: el documento contempla que las obras viales que se ejecuten podrán incluir sistemas de mantenimiento y operación mediante regímenes de concesión o cobro de peajes, bajo criterios que deberán definirse en cada caso.
Mecanismo de financiamiento: el convenio establece el reembolso por parte del fideicomiso de los gastos efectivamente ejecutados, previa presentación de la documentación correspondiente.
Plazos y seguimiento: cada proyecto deberá tener un cronograma detallado de ejecución. Se prevén auditorías internas y externas para asegurar la correcta aplicación de los recursos.
Normas aplicables: las contrataciones se regirán por la normativa vigente en la provincia de Mendoza y por los procedimientos que establezca la Subsecretaría.
Resolución de controversias: se prevé un mecanismo de resolución en caso de discrepancias entre las partes, que comenzará por la vía administrativa y, de persistir, podrá escalar a instancias judiciales.
Transparencia y control: el convenio incluye la obligación de garantizar la publicidad de los actos administrativos vinculados a las obras y la rendición de cuentas ante los organismos de control provinciales.
La medida también toma como antecedente la adenda suscripta el 25 de abril de 2024 entre el Gobierno nacional y la Provincia de Mendoza, que modificó cláusulas clave del convenio original. Esta adenda fue aprobada por la Provincia mediante el Decreto 883/2024 y ratificada posteriormente por la Ley 9549. A nivel nacional, fue refrendada por el Decreto 587/2024.
El decreto y anexo
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