El gobernador sanjuanino Marcelo Orrego exige una definición urgente frente a la discusión minera. En el Gobierno empieza a tomar fuerza la idea de avanzar con una ley que aclare.
Tras años de controversia pública y debate legislativo, Chile construyó un esquema de regulación ambiental, monitoreo científico y fiscalización estatal.
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Gentileza El pedido del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego para avanzar con la reglamentación de la Ley de Glaciares volvió a instalarse en el centro de la discusión minera. La provincia vecina insiste en que la definición normativa es clave para dar certezas a los inversores, pero la gestión de Javier Milei evalúa otro camino para resolver un debate que lleva años abierto.
El mandatario provincial llevó un borrador de decreto a su encuentro con el jefe de Gabinete, Manuel Adonrni, y con el ministro del Interior, Diego Santilli, donde planteó que una reglamentación permitiría ordenar competencias y despejar dudas sobre la aplicación de la ley.
Desde el Gobierno nacional, sin embargo, deslizaron una alternativa distinta: avanzar con una “ley aclaratoria” que devuelva a las provincias la facultad de definir qué es un glaciar y qué es un periglaciar.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el sanjuanino Marcelo Orrego y el cordobés Martín Llaryora.
Tras la reunión en la Casa Rosada, el sanjuanino repasó los avances que, según expresó, generaron condiciones más competitivas para el sector: seguridad fiscal y jurídica, eliminación del cepo y la implementación del RIGI. En ese marco, señaló que la definición pendiente de la Ley de Glaciares es el paso que falta para cerrar nuevas inversiones.
La propuesta provincial apunta a reglamentar la normativa vigente, clarificando conceptos. Según fuentes oficiales sanjuaninas, esto mantiene intacto el espíritu de la ley y la prioridad de proteger el recurso hídrico. Desde Nación, en cambio, la opción que gana terreno es la de una ley que redefina el alcance de la norma y precise qué zonas deben preservarse antes de autorizar cualquier actividad industrial.
El debate cobra especial relevancia en San Juan porque tiene proyectos mineros en etapa de construcción, a diferencia de otras provincias cuyas iniciativas aún no avanzaron al mismo ritmo. El gobierno local sostiene que la ley presenta vacíos que deben resolverse y que la reglamentación permitiría más clarificación.
El empresariado coincide en que la falta de definiciones frena desembolsos de gran volumen. Las diferencias entre los relevamientos del lanigla -que registra 4.572 glaciares en la provincia- y el Inventario Nacional, que contabiliza 825 áreas de hielo, reflejan las diversas diferencias que buscan resolverse.
La Libertad Avanza apunta a que una ley aclaratoria otorgue a las provincias el poder de precisar qué glaciares y periglaciares deben protegerse, paso que implicaría un nuevo debate en el Congreso.
Para San Juan, en cambio, la urgencia pasa por una solución inmediata que brinde certidumbre a los inversores y no reabra una discusión que, aseguran, ya cuenta con licencias sociales en la provincia.