Desconocer la evidencia científica construida a partir del inventario nacional de glaciares y exponer a los ecosistemas de alta montaña a una cascada de impactos ambientales, sociales y productivos es una política suicida.
Glaciar de escombros El Paso en San Juan. Gentileza: Inventario Nacional de Glaciares.
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La Nueva Ley de Glaciares significa debilitar —o directamente eliminar— la herramienta de política pública del Estado argentino para asegurar un desarrollo armónico, o sustentable, entre ambiente, sociedad y economía. Es, o era, el instrumento que permitía equilibrar intereses y sostener en el tiempo los sistemas que hacen posible la continuidad de la naturaleza, sociedad y producción.
Desconocer la evidencia científica construida a partir del inventario nacional de glaciares y exponer a los ecosistemas de alta montaña a una cascada de impactos ambientales, sociales y productivos es una política suicida.
La ruptura del papel de Estado como armonizador de esas distintas dimensiones significa en la práctica la fragmentación de criterios sobre decisiones estratégicas en el uso de bienes naturales que son, en rigor, patrimonio público de toda la sociedad. El resultado es previsible: el ambiente y las decisiones sobre su uso quedan en manos de quienes detentan mayor poder económico o político en los diversos contextos del territorio.
En otras palabras, sin la instrumentación política del Estado no hay integración entre las dimensiones ambiental, social y económica. Sin esa integración el desarrollo sustentable se convierte en un concepto vacío.
Esta “Nueva ley” no puede leerse de manera aislada. Se inscribe en un escenario de desfinanciamiento, recortes y debilitamiento de instituciones clave del sistema científico-tecnológico y ambiental: CONICET, Parques Nacionales, universidades, CONAE, INTA, el Servicio Meteorológico Nacional y organismos vinculados a la salud y las enfermedades zoonóticas, entre otros. Es, en definitiva, un preocupante desprecio por el conocimiento, la educación, la ciencia, la salud y el ambiente.
A esto se suman declaraciones públicas que relativizan o niegan problemáticas globales como el cambio climático, la importancia de las vacunas o el rol de organismos internacionales. Incluso se ha llegado a plantear, con una metáfora inquietante, la idea de “destruir el Estado desde adentro”.
Frente a este panorama, es sumamente importante recordar la potente imagen de la ecóloga Sandra Díaz cuando dice que estamos deshilachando el tapiz de la vida. Cada decisión que debilita la “salud” ambiental tira de un hilo que sostiene sistemas complejos e interdependientes.
El desafío frente nuestro es enorme. No se trata solo de detener el deshilachamiento del tapiz, sino de reconstruir el tejido. Eso exige planificación, organización y, sobre todo, una política de Estado soberana que garantice calidad de vida y un desarrollo social y productivo sustentable en el tiempo.
* El autor es investigador Superior CONICET Ad Honorem. Laboratorio de Filogeografía, Taxonomía integrativa y Ecología (LFTIE). IADIZA, CCT- CONICET Mendoza.