El proyecto será ingresado en los próximos días y todavía no tiene estado parlamentario. Desde el oficialismo evitaron adelantar una definición.
La iniciativa surge tras la reforma de la ley nacional y busca establecer criterios científicos en la toma de decisiones ambientales.
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En respuesta a la reciente reforma de la Ley de Glaciares a nivel nacional, un grupo de senadores mendocinos de distintos bloques opositores presentó un proyecto para establecer un nuevo marco de protección ambiental en la provincia, con un eje claro: que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) tenga un rol técnico central y obligatorio.
El proyecto será ingresado formalmente la próxima semana, una vez iniciado el período ordinario en la Legislatura, por lo que hasta el momento no cuenta con estado parlamentario.
Consultados por Los Andes, desde el oficialismo señalaron que primero analizarán el contenido de la iniciativa y, en función de ello, evaluarán si avanza o no su tratamiento en comisiones y su eventual debate en el recinto.
La iniciativa fue impulsada por Félix González (Fuerza Patria), Dugar Chappel (Partido Verde), Flavia Manoni (La Unión Mendocina), Gerardo Vaquer y Cristina Gómez (PJ), y busca reforzar la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua en Mendoza.
El proyecto surge tras la sanción de la Ley Nacional N° 27.804, que modificó los presupuestos mínimos ambientales y otorgó mayor protagonismo a las provincias en la identificación de zonas protegidas.
Según advierten los legisladores, este nuevo esquema abre la puerta a “discrecionalidades” en la toma de decisiones, especialmente en territorios donde confluyen intereses productivos como la minería.
El proyecto también tiene una fuerte carga política e institucional. Si bien no implica resignar competencias provinciales, sí limita el margen de decisión del Ejecutivo al someterlo a dictámenes técnicos obligatorios.
De avanzar, la norma redefiniría el esquema de evaluación ambiental en Mendoza, especialmente en sectores sensibles como la minería, donde la delimitación de áreas periglaciares suele ser un punto de conflicto.
El punto central de la propuesta es que el IANIGLA sea la autoridad técnico-científica “específica, obligatoria y vinculante” en todo lo referido a glaciares y ambiente periglacial en Mendoza.
Esto implica que el organismo será el encargado de la identificación, delimitación y validación de estas áreas, y que su intervención será previa y obligatoria en cualquier actuación administrativa relacionada. Además, sus dictámenes tendrán carácter vinculante para el Estado provincial en lo referido a la existencia de estos cuerpos y su función hídrica.
En ese sentido, el proyecto establece que cualquier autorización, concesión o Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que involucre zonas glaciares o periglaciares será nula si no cuenta con un dictamen previo, expreso y fundado del instituto.
El senador Félix González defendió la iniciativa al señalar que Mendoza cuenta con una “fortaleza diferencial” al tener en su territorio la sede del IANIGLA.
“Proponemos que sea esta institución la que defina todo lo relacionado con los glaciares y periglaciares frente a cualquier emprendimiento productivo. No puede quedar en manos de decisiones políticas o de funcionarios sin la especialización necesaria”, sostuvo.
En la misma línea, el investigador del IANIGLA, Ricardo Villalba, remarcó la importancia de sostener criterios científicos para la toma de decisiones: “Los glaciares son reservas hídricas estratégicas. Afectarlos implica impactar directamente en los recursos de la provincia”.
Otro de los ejes clave es la aplicación de un criterio de máxima protección ambiental. La iniciativa plantea que, hasta tanto el IANIGLA emita un dictamen, todas las áreas incluidas en el Inventario Nacional de Glaciares deberán considerarse bajo el mayor estándar de resguardo.
Además, prohíbe que los organismos provinciales adopten metodologías o criterios distintos a los validados por el instituto, con el objetivo de evitar interpretaciones flexibles que puedan reducir los niveles de protección.
En paralelo, se establece la obligación del Poder Ejecutivo de firmar convenios con el CONICET y la Universidad Nacional de Cuyo para garantizar la operatividad del IANIGLA como autoridad científica en la provincia.
En los fundamentos del proyecto, los legisladores advierten que Mendoza enfrenta un escenario de alta sensibilidad hídrica, donde los glaciares y el ambiente periglacial cumplen un rol clave en la provisión de agua.
Según datos del Inventario Nacional de Glaciares, la provincia cuenta con más de 4.000 cuerpos de hielo y una superficie superior a los 1.200 km², lo que la posiciona entre las regiones más relevantes del país en términos glaciológicos.
En particular, destacan la importancia de los glaciares de escombros, que pueden aportar entre el 25% y el 50% del caudal de los ríos en años secos, lo que refuerza su carácter estratégico en un contexto de cambio climático y escasez de agua.
