El Gobierno de Javier Milei rechazó este miércoles un reclamo presentado por un exoficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y dejó firme su cesantía, en el marco de un proceso disciplinario por una falta considerada “muy grave”.
El Ejecutivo nacional desestimó una apelación administrativa y dejó firme la sanción aplicada por el Ministerio de Seguridad.
La resolución se basa en un sumario administrativo que concluyó en la comisión de una infracción grave a los deberes policiales.
Foto:
Gentileza. El Gobierno de Javier Milei rechazó este miércoles un reclamo presentado por un exoficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y dejó firme su cesantía, en el marco de un proceso disciplinario por una falta considerada “muy grave”.
La decisión fue oficializada a través del Decreto 298/2026, publicado en el Boletín Oficial, en el que se desestima el recurso de apelación interpuesto por la defensa del exagente.
El caso se originó a partir de un sumario administrativo en el que se investigó la conducta del efectivo. Según detalla la norma, el Tribunal de Disciplina Policial concluyó que los hechos configuraban una infracción grave a los deberes funcionales, por lo que recomendó su “baja por cesantía”.
Entre los elementos considerados, se menciona que el exagente había sido condenado en enero de 2022 por el Primer Juzgado Penal Colegiado de la Segunda Circunscripción Judicial de Mendoza a dos años de prisión de ejecución condicional, lo que fue considerado un agravante en el análisis disciplinario.
A partir de esos elementos, el entonces Ministerio de Seguridad había dispuesto la cesantía en 2025. Frente a esa medida, la defensa impulsó un recurso de reconsideración con apelación en subsidio, que ya había sido rechazado en instancias administrativas anteriores.
En el decreto, el Ejecutivo sostiene que los argumentos presentados “no logran conmover la decisión adoptada”, al no aportar fundamentos suficientes para desvirtuar la sanción impuesta.
Asimismo, el texto subraya que la conducta atribuida implicó no solo un incumplimiento de los deberes legales, sino también una afectación a la ética, la imagen institucional y la honestidad policial, lo que justificó su encuadre como falta “muy grave”.
Con esta resolución, el Gobierno dio por agotada la vía administrativa, por lo que el exagente solo podrá continuar su reclamo en sede judicial en caso de así decidirlo.