Enviado especial. La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, formó parte de la Expo San Juan Minera este jueves y aseguró que la provincia trabaja en una normativa propia para complementar la reforma de la Ley Nacional de Glaciares.
La ministra de Energía de Mendoza, Jimena Latorre, participó de la Expo San Juan Minera y anticipó el envío del proyecto del Poder Ejecutivo.
La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, participó de la Expo San Juan y del lanzamiento de la Mesa Federal Minera.
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Prensa Gobierno Enviado especial. La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, formó parte de la Expo San Juan Minera este jueves y aseguró que la provincia trabaja en una normativa propia para complementar la reforma de la Ley Nacional de Glaciares.
La funcionaria sostuvo en contacto con Los Andes que “ahora es el turno de las provincias de dictar esas leyes que adopten los presupuestos mínimos” establecidos por la Nación y explicó que Mendoza ya avanza en ese proceso.
“Estamos trabajando en Mendoza en nuestra ley de glaciares”, afirmó Latorre, luego de ser consultada sobre los planteos realizados por el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, respecto a la necesidad de adecuar legislaciones provinciales.
En el acto del Día de la Minería, que cerró las actividades de ayer en la feria, el funcionario mileísta criticó las leyes provinciales que limitan la actividad extractiva y pidió revisarlas. “Es un desafío que leyes así sean revisadas y adecuadas a los nuevos tiempos”, afirmó.
Al respecto, la ministra mendocina explicó que la Ley de Glaciares es una norma de “presupuestos mínimos”, en línea con el artículo 41 de la Constitución Nacional, por lo que consideró que las provincias deben definir cómo aplicarán esos criterios en sus territorios.
“Las provincias tienen que dictar las leyes que lo complementan y expliquen cómo se van a aplicar en cada uno de esos territorios, cuál va a ser el protocolo de actuación y cómo lo van a poner en funcionamiento”, detalló.
Durante su participación en la feria minera sanjuanina, Latorre destacó la conformación de la Mesa Federal Minera con gobernadores y representantes de distintas provincias, incluso algunas sin tradición minera.
“Esto era una visión de que la minería no es solamente una industria de las provincias que tienen los recursos geológicos, sino que es una industria que va a traccionar la economía a nivel nacional”, afirmó.
En ese sentido, resaltó la presencia de gobernadores de provincias como Córdoba y Santa Fe, además de embajadores y referentes internacionales del sector.
También hizo hincapié en la necesidad de un trabajo articulado entre provincias argentinas y con Chile, al considerar que el desarrollo minero requiere “regionalismo” y cooperación en torno a la Cordillera de los Andes.
Latorre sostuvo que Mendoza modificó en los últimos dos años su estrategia respecto de la actividad minera y aseguró que la provincia volvió a posicionarse en el mapa internacional de inversiones.
“Hace dos años que cambiamos esa política y hemos logrado reinsertarnos en ese mapa internacional global de la minería”, señaló.
La funcionaria atribuyó ese cambio a una “decisión política firme”, sumada al trabajo de capacitación de recursos humanos, fortalecimiento de proveedores locales y promoción de inversiones.
Como ejemplo, mencionó la realización del evento Andean Bridge en Mendoza, donde participaron empresas y capitales de Canadá, Chile y Perú vinculados al financiamiento de proyectos exploratorios.
Senadores de distintos bloques de la oposición impulsaron un proyecto de ley para blindar los glaciares y el ambiente periglacial en Mendoza. La iniciativa fue impulsada por Félix González (Fuerza Patria), Dugar Chappel (Partido Verde), Flavia Manoni (La Unión Mendocina) y los peronistas Gerardo Vaquer y Cristina Gómez (estos dos últimos cumplieron su mandato en abril).
El proyecto surge tras la sanción de la Ley Nacional N° 27.804, que modificó los presupuestos mínimos ambientales y otorgó mayor protagonismo a las provincias en la identificación de zonas protegidas.
Según advierten los legisladores, este nuevo esquema abre la puerta a “discrecionalidades” en la toma de decisiones, especialmente en territorios donde confluyen intereses productivos como la minería.
El proyecto también tiene una fuerte carga política e institucional. Si bien no implica resignar competencias provinciales, sí limita el margen de decisión del Ejecutivo al someterlo a dictámenes técnicos obligatorios.
El punto central de la propuesta es que el IANIGLA sea la autoridad técnico-científica “específica, obligatoria y vinculante” en todo lo referido a glaciares y ambiente periglacial en Mendoza.
Esto implica que el organismo será el encargado de la identificación, delimitación y validación de estas áreas, y que su intervención será previa y obligatoria en cualquier actuación administrativa relacionada. Además, sus dictámenes tendrán carácter vinculante para el Estado provincial en lo referido a la existencia de estos cuerpos y su función hídrica.
En ese sentido, el proyecto establece que cualquier autorización, concesión o Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que involucre zonas glaciares o periglaciares será nula si no cuenta con un dictamen previo, expreso y fundado del instituto.