La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, presentó el proyecto de Ley de Ciberseguridad en la comisión de LAC del Senado.
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, junto al subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, presentaron el proyecto de Ley de Ciberseguridad en el Senado
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Prensa Senado
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, presentó este miércoles el proyecto de Ley de Ciberseguridad ante la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) del Senado y explicó que la iniciativa busca convertir la protección de los sistemas informáticos del Estado en una política pública permanente.
La funcionaria señaló que la norma pretende fortalecer la capacidad de respuesta frente a los ciberataques y alcanzará no solo a los organismos públicos, sino también al sector privado que presta servicios vinculados a la infraestructura crítica, como los sistemas de salud, educación, transporte y energía.
Rus asistió a la comisión junto al subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, y el subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, Leandro Biskupovich. Fueron recibidos por la vicegobernadora Hebe Casado y el presidente de LAC, el senador Walther Marcolini (UCR). Luego respondieron consultas de los senadores que integran la comisión.
La ministra explicó que el proyecto busca "proteger los sistemas y las infraestructuras críticas" sobre las que funcionan servicios esenciales para la provincia.
"Queremos proteger que el 911 no sea hackeado y entonces no sea interrumpido ese sistema. Queremos proteger que una historia clínica no sea robada y esa información sea vendida para cometer un ilícito. Cuando hablamos de proteger las infraestructuras críticas hablamos del sistema de transporte, de salud, de educación, de energía y de seguridad", señaló la ministra.
Rus aclaró que la sanción de la ley no impedirá que existan ataques informáticos, aunque sí permitirá que el Estado esté mejor preparado para enfrentarlos.
"Una ley no va a hacer que no tengamos ciberataques. Todos los organismos públicos y privados reciben diariamente este tipo de ataques. Lo que hacemos con esta norma es prepararnos y generar una política de Estado para responder mejor frente a esos ciberataques", aclaró la ministra.
En ese marco, destacó que Mendoza es la primera provincia del país que analiza una legislación específica sobre ciberseguridad y aseguró que el proyecto ya fue observado por especialistas internacionales.
"Durante la conferencia internacional White Hat, los referentes internacionales destacaron que Mendoza estaba trabajando en este proyecto, nos pidieron el texto y han visto con muy buenos ojos la letra de esta ley", comentó.
Aunque remarcó que la iniciativa no regula directamente los ciberdelitos, Rus manifestó que mejorar la seguridad informática del Estado también ayudará a reducir distintas modalidades de estafas.
Como ejemplo, explicó que el robo de información almacenada en organismos públicos puede ser utilizado posteriormente por organizaciones criminales para engañar a las víctimas.
"Si un hacker roba información de un vacunatorio, esa base de datos puede ser comprada por una organización delictiva. Después llaman a esa persona, le dicen que tiene que actualizar sus datos para una nueva vacuna y, mediante ese engaño, obtienen información para ingresar a sus cuentas bancarias o cometer otros delitos", planteó.
La funcionaria remarcó que proteger los sistemas estatales implica también brindar mayores garantías a los ciudadanos. "Que el Estado esté protegido desde este lugar es muy importante para la ciudadanía", señaló.
Durante la reunión, Rus también fue consultada por la vinculación entre el proyecto y la Ley de Modernización impulsada por el Gobierno provincial. La ministra consideró que la provincia puede avanzar ahora con una ley de ciberseguridad gracias al proceso de transformación digital iniciado en los últimos años.
"Hoy podemos estar discutiendo una ley de ciberseguridad porque antes hubo un camino previo con la Ley de Modernización. Esa norma permitió adaptar la contratación pública de tecnología y avanzar con herramientas como la identidad digital del ciudadano mendocino". indicó
En ese sentido, agregó que la plataforma Mendoza por Mí también constituye una herramienta para prevenir fraudes al establecer un canal oficial de comunicación entre el Estado y los ciudadanos.
"Muchas organizaciones criminales se hacen pasar por organismos públicos para obtener datos personales. Que esté ordenada la comunicación del Estado con el ciudadano ayuda a prevenir ese tipo de estafa", indicó.
Finalmente, Rus precisó que el proyecto establece lineamientos comunes tanto para el sector público como para aquellas empresas privadas que administran servicios esenciales para la población.
"La ley va a generar un plan de ciberseguridad para todo el Estado y también para el sector privado vinculado a servicios públicos esenciales, como salud, educación, energía y transporte, justamente para evitar que sean hackeados los sistemas o se interrumpan esos servicios", completó.
La iniciativa establece un marco legal destinado a fortalecer la ciberseguridad en el ámbito provincial mediante la creación del Sistema Provincial de Ciberseguridad, encargado de coordinar las políticas públicas de prevención, detección, respuesta y recuperación frente a incidentes que afecten los sistemas informáticos o comprometan información crítica.
El proyecto será de aplicación en toda la Administración Pública Provincial y promueve la articulación con los otros poderes del Estado, municipios, organismos descentralizados, universidades y entidades privadas vinculadas con la prestación de servicios tecnológicos.
Entre sus principales herramientas contempla la elaboración de una Estrategia Provincial de Ciberseguridad, la implementación de protocolos de gestión de riesgos, auditorías periódicas, mecanismos de notificación de incidentes y planes de continuidad operativa para garantizar la prestación de los servicios esenciales.
La propuesta también impulsa la capacitación permanente de los agentes públicos, campañas de concientización para la ciudadanía y el intercambio de información y buenas prácticas con organismos especializados.
Infraestructura Crítica esencial: la ley incorpora medidas específicas para los sistemas relacionados con salud, educación, seguridad pública, justicia, hacienda, identidad digital e interoperabilidad administrativa. Asimismo, establece un régimen integral de gobernanza de datos para garantizar la protección de la información pública durante todo su ciclo de vida.
Centro de Operaciones de Seguridad: crea un Equipo de Respuesta ante Incidentes y un Registro Provincial de Incidentes de Ciberseguridad, destinados al monitoreo permanente, la detección temprana de amenazas y la elaboración de estadísticas que permitan fortalecer la respuesta institucional.
Programa de Divulgación Responsable: entre las innovaciones del proyecto se incorpora este programa, que permitirá a especialistas e investigadores en seguridad informática reportar vulnerabilidades detectadas en sistemas públicos bajo reglas de confidencialidad y protección jurídica para quienes actúen de buena fe.
