Tres iniciativas de la oposición no lograron aprobarse definitivamente, mientras que el oficialismo pausó el tratamiento de su último proyecto de ley presentado.
La Legislatura de Mendoza volverá a la actividad en febrero. Imagen ilustrativa/Archivo
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Prensa Senado Mendoza La Legislatura de Mendoza ingresó en el receso de verano y recién retomará su actividad en febrero, en el marco del período de sesiones extraordinarias. Durante los últimos meses de 2025, el debate por el Presupuesto y las leyes mineras concentró la mayor atención; sin embargo, también se colaron otras iniciativas surgidas desde la oposición que lograron convencer al oficialismo.
En ese contexto, dos propuestas legislativas, una impulsada por el PJ y otra por el PRO, lograron media sanción del Senado por unanimidad, pero no alcanzaron a debatirse en la Cámara de Diputados.
En octubre pasado, días antes de las elecciones nacionales y provinciales, la Cámara Alta aprobó el proyecto de regulación de las Escuelas de Verano, impulsado por la jefa del bloque del PJ, Adriana Cano.
Luego, en la penúltima sesión del año, el Senado le dio sanción inicial al proyecto de habilitación de filmaciones ciudadanas como denuncias viales, promovido por el senador Germán Vicchi (PRO).
Por su parte, en la Cámara Baja, a fines de octubre el oficialismo acompañó un proyecto de reforma de la Ley de Ejecución Penal, presentado por Edgardo Civit Evans (Jubilados Auténticos), que busca restringir beneficios a personas privadas de libertad. Esta iniciativa, a diferencia de las anteriores, recibió críticas del peronismo y no fue aprobada por unanimidad.
De todos modos, Cambia Mendoza tiene otra prioridad para el reinicio legislativo: el proyecto de modificación del Código Procesal Penal, vinculado a las actuaciones judiciales en casos de flagrancia, que no llegó a aprobarse en Diputados.
La iniciativa, presentada por el Poder Ejecutivo, obtuvo despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), pero su tratamiento en el recinto fue postergado por los asuetos de las fiestas.
El proyecto de la senadora Adriana Cano (PJ) busca regular las Escuelas de Verano en toda la provincia, declarando estas actividades como de interés provincial y estableciendo un marco legal con estándares mínimos de seguridad, organización y calidad para su funcionamiento.
La norma prevé, además, que los municipios puedan ampliar o complementar los requisitos según su realidad local.
Entre las principales medidas del texto aprobado en el Senado se incluyen la inscripción obligatoria en un registro provincial, los requisitos de habilitación, como la presentación de un proyecto pedagógico, seguros de responsabilidad civil y cobertura médica, la proporción de alumnos por docente o auxiliar, condiciones específicas de seguridad para actividades como el uso de piletas y normas para actividades con pernocte.
Además, el proyecto incorpora una cláusula transitoria de 180 días para que las Escuelas de Verano ya existentes completen su inscripción en el registro correspondiente.
Durante el tratamiento en el recinto, el senador Germán Vicchi (PRO) explicó que la iniciativa no persigue fines recaudatorios ni sancionatorios, sino que apunta a generar conciencia y disuadir conductas imprudentes al volante. En ese marco, se destacó que una parte significativa de los siniestros viales se produce por negligencia de los conductores, y que el uso de tecnología puede contribuir a prevenir hechos graves y salvar vidas.
El proyecto establece que el conductor de un vehículo no podrá filmar mientras conduce, habilitando únicamente el uso de cámaras incorporadas en los vehículos o la filmación por parte de un acompañante. Asimismo, se aclara que el aporte ciudadano no constituye una denuncia formal, sino una comunicación que deberá ser evaluada por la autoridad competente.
El material audiovisual deberá ser remitido a través de canales oficiales, como plataformas digitales o líneas habilitadas, donde el Ministerio de Seguridad y Justicia realizará un primer análisis para verificar la autenticidad de la imagen, su ubicación temporal y espacial, y la eventual intervención de herramientas de inteligencia artificial. La valoración definitiva quedará a cargo del Juzgado Vial correspondiente.
La iniciativa prevé, además, la creación de un capítulo específico que habilita a personas mayores de edad a registrar infracciones o accidentes en la vía pública y enviarlos a los sistemas oficiales, con un plazo máximo de 48 horas para su remisión al juez vial.
El proyecto impulsado por el diputado Edgardo Civit Evans (PJA) propone endurecer y revisar el régimen de beneficios penitenciarios en la provincia de Mendoza, incluyendo salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional y libertad asistida. El objetivo es reducir la reincidencia delictiva y aumentar la seguridad pública, mediante criterios más estrictos basados en informes técnicos especializados.
Entre las modificaciones específicas, se plantea reformar varios artículos de la Ley 8.465 (27 inciso IV, 28, 29, 33, 36 y 68), exigiendo que las decisiones sobre la concesión de beneficios estén respaldadas por informes interdisciplinarios exhaustivos elaborados por organismos criminológicos, el Consejo Correccional y los directores de establecimientos penitenciarios.
Estos informes deberán ser ponderados por el juez de ejecución penal, quien solo podrá apartarse de ellos mediante una resolución especialmente fundada.
Asimismo, el proyecto incorpora cambios en el régimen de libertad asistida, estableciendo plazos y requisitos más exigentes, y dispone que la validez de los informes técnicos sea de doce meses, con actualización obligatoria.
En los fundamentos, el autor sostiene que la reforma es necesaria para alinear las decisiones judiciales con criterios técnicos robustos y proteger a la sociedad y a las víctimas, frente a casos en los que beneficios otorgados derivaron en delitos graves.