En la última audiencia del año, el fiscal Dante Vega refutó el pedido de prescripción de una decena de delitos que planteó la defensa del exjuez Walter Bento
El fiscal Dante Vega conduce la acusación contra el exjuez federal Walter Bento. Archivo Los Andes
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El megajuicio por corrupción contra el exjuez Walter Bento cerró el año con la respuesta del Ministerio Público Fiscal a los planteos de prescripción y nulidades impulsados por las defensas de los acusados. El Tribunal Oral Federal N° 2, presidido por la jueza Gretel Diamante, resolverá estas cuestiones al momento de dictar sentencia.
En la audiencia del lunes pasado, el fiscal Dante Vega fue quien tomó la palabra para cuestionar el planteo de prescripción de 12 delitos formulado por los abogados Mariano Fragueiro Frías, Felipe Salvarezza y Gustavo Gazali en favor de Walter Bento.
Se trata de delitos de menor escala penal en comparación con las principales acusaciones que pesan sobre el exmagistrado: jefe de una asociación ilícita, que habría operado en 15 hechos de cohecho, además de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Al momento de alegar, el abogado Fragueiro Frías sostuvo que, al haberse cumplido dos años de la pérdida de fueros de Bento el pasado 8 de noviembre -en 2023 fue destituido como juez y desde ese momento permanece detenido en la cárcel federal de Cacheuta-, también prescribieron los delitos de escala menor por los que estaba acusado.
Indicó puntualmente que ya están prescriptas las acusaciones por 10 hechos de abuso de autoridad, previstos en el artículo 248 del Código Penal. Entre ellos se destacan la omisión en la entrega del teléfono celular, el vaciamiento de la caja fuerte y la carta dirigida al juez federal Eduardo Puigdéngolas, quien llevaba adelante la instrucción de la causa.
Asimismo, el letrado sumó dos hechos de desobediencia a una orden judicial, en concurso real entre sí (artículos 239, 54 y 55 del Código Penal), en calidad de autor (artículo 45), vinculados a la no entrega del teléfono celular y de los documentos de viaje.
Durante la audiencia del 16 de diciembre, Fragueiro aseguró que “los delitos del artículo 248 tienen una pena máxima de dos años, por lo cual están todos prescriptos”.
En ese sentido, el abogado afirmó que el Ministerio Público Fiscal “apostó a la confusión” con su extenso alegato y sostuvo que, de no reconocerse la prescripción en este juicio, la cuestión será resuelta por la Cámara de Casación o la Corte Suprema de Justicia.
Frente a esos planteos, el fiscal Dante Vega rechazó el pedido de prescripción y aclaró, en primer lugar, que “no son 13 ni 12, sino 11 los casos” que podrían discutirse bajo ese argumento.
Sin embargo, advirtió que “la acción no está prescripta desde el punto de vista dogmático” y cuestionó a las defensas por omitir que el artículo 248 del Código Penal prevé prisión e inhabilitación especial por el "doble de tiempo" para ejercer cargos públicos.
“El legislador estableció para este delito una pena conjunta de prisión e inhabilitación, pero los defensores solo se basaron en la primera. La doctrina y la jurisprudencia, de forma casi unánime, indican que debe tomarse la segunda a los fines de la prescripción”, sostuvo el fiscal, quien además remarcó que “existen argumentos de política criminal”.
En ese marco, Vega explicó que “la inhabilitación por doble tiempo es lo que se ha omitido considerar” y que ese criterio resuelve la mayoría de los casos en los que se discute la prescripción.
Además, el fiscal citó fallos de la Corte Suprema y de la Cámara Federal de Casación Penal que avalan el uso del plazo mayor para el cómputo de la prescripción.
Tras la feria judicial de enero, las audiencias se reanudarán el lunes 2 de febrero, con cinco jornadas consecutivas que comenzarán con las palabras finales de los acusados, las cuales no podrán extenderse como un alegato.
Luego se avanzará hacia la sentencia de responsabilidades, instancia en la que el Tribunal definirá culpabilidades o absoluciones por cada uno de los delitos atribuidos.
Finalmente, en caso de confirmarse condenas, se abrirá el juicio de cesura, donde la Fiscalía y las defensas solicitarán las penas correspondientes y el TOF N° 2 resolverá las condenas definitivas.