El senador Armando Magistretti había denunciado la designación de una relatora en el Tribunal de Cuentas y ahora podría ser sancionado por discriminación de género.
El senador Armando Magistretti había denunciado al Tribunal de Cuentas por supuesto nepotismo
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Archivo Los Andes La Oficina de Ética Pública dictaminó que no hubo nepotismo, ni tampoco incompatibilidad de funciones, en la designación de Cintia Onetto como secretaria relatora en el Tribunal de Cuentas. La denuncia la había realizado el senador provincial Armando Magistretti (PD) y el Auditor Gabriel Balsells Miró, no solo la descartó sino que giró una compulsa a la Legislatura para que investiguen si hubo discriminación de género, tal cual acusó el presidente del TdC, Néstor Parés en su descargo.
En la denuncia presentada ante Ética Pública, Magistretti afirmaba que la incompatibilidad señalada surge de la "relación sentimental pública y notoria" entre el vocal Gustavo Riera (nombrado en ese cargo por el gobernador Alfredo Cornejo en 2024) y la Secretaria Relatora Adjunta Cintia Onetto, vínculo que —según sostuvo— ambos habrían exhibido en redes sociales, como parte de la prueba acompañada.
En ese escrito, el senador enumeró diversas normas presuntamente vulneradas, entre ellas el artículo 291 del Código Civil y Comercial, que declara sin valor los actos certificados cuando existe interés personal o vínculo de convivencia; la Ley de Ética Pública Nº 8993, en particular su artículo 4° (incs. 1, 2 y 10) y el artículo 28; el artículo 116 de la Ley Nº 3909 (actual Ley Nº 9003), que obliga a excusarse ante amistad íntima o interés personal; y el Acuerdo Reglamentario Nº 6494 del Tribunal de Cuentas, que establece que los fallos, autos y resoluciones deben ser certificados por el Secretario Relator.
El denunciante sostuvo además que una relación de pareja resulta incluso más grave que una amistad íntima, causal expresa de excusación prevista en la normativa vigente.
Por su parte el presidente del Tribunal de Cuentas sostuvo en su descargo ante Ética Pública que la denuncia solo puede explicarse por dos supuestos: el desconocimiento del derecho o un ataque personal que roza la discriminación por razones de género, y advirtió que cualquiera de ellos resulta grave por provenir de un senador provincial.
Al momento de analizar las incompatibilidades que denunció Magistretti, la Oficina de Ética Pública consideró que, conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Constitución de Mendoza, se dispone que "nadie puede acumular dos o más empleos o funciones públicas rentadas", aun cuando uno sea provincial y otro nacional.
Entonces, en el contraste entre el texto constitucional y las constancias del expediente "no surge circunstancia y/o conducta" reprochable, definió Ética Pública. No verificaron una acumulación indebida de cargos o funciones públicas rentadas, ya que Onetto desempeña una única función dentro de la planta del HTC, respondieron.
Luego analizan la aplicación del artículo 7°, inciso 7, de la Ley de Ética Pública Nº 8.993, que prohíbe a los funcionarios con facultades de designación nombrar parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o tercero de afinidad en reparticiones a su cargo, salvo que se acredite debidamente la idoneidad del designado.
Allí consideraron que Parés sostuvo en documentación oficial que, "conforme a la Ley 9.292, la designación del Secretario Relator es una facultad discrecional de la Presidencia, sin que exista un plazo establecido" para su ejercicio.
Además, citan que la oportunidad y conveniencia de dicha designación dependen exclusivamente de esa autoridad. Y remarcaron que la profesional designada se desempeña como empleada del Tribunal desde hace 25 años.
"Por lo que en exégesis de buen Derecho y atento se desprende del preclaro informe oficial, tampoco se advierte la inobservancia -siquiera indiciaria- de los estándares previstos por la norma antinepotismo que comentamos", dice el dictamen de Ética Pública.
Luego, la Oficina de Ética Pública citó las acusaciones que planteó Parés contra Magistretti, quién contraatacó la denuncia del senador demócrata sosteniendo que se trata de un “ataque personal y profesional con sesgo de género, en clara violación al Régimen de la Ley 23592”.
“Esto constituye un acto que vulnera la ética pública al introducir la vida privada como herramienta de disputa política y, al hacerlo contra una mujer funcionaria, roza la violencia simbólica por razones de género”. “Incluso existe una manifiesta violación a la intimidad al acompañar fotos de la vida privada”, sostuvo el presidente del TdC.
Desde la oficina señalaron que en ese planteo “se exponen asuntos e instrumentos cuyo juzgamiento excede la competencia de esta OIAyEP ” y por lo tanto “corresponde girar compulsa a la Honorable Cámara de Senadores, Autoridad primaria competente, a fin que tome la intervención que por ley corresponde”.
La compulsa recién ingresará de manera formal en febrero próximo, cuando se reanude la actividad en la Legislatura provincial.
El senador cuestionó que el dictamen de Balsells Miró "no dice nada por motus propio y en definitiva han contestado lo que Parés y Cornejo les han pedido que contesten".
El legislador opositor sostiene que "no es un caso aislado" lo que ocurre en el TdC, ya que el año pasado el elevó una denuncia a la Fiscalía de Estado que le terminó dando la razón por un error del órgano de control en saldar una deuda de 2,3 millones de pesos de la empresa Nihuil Construcciones S.A. con la Municipalidad de San Rafael, tras un pago indebido en una obra pública.
Magistretti había denunciado que no se calcularon los intereses por la demora en la devolución de esos fondos, lo que, según su cálculo, podría haber generado un perjuicio de unos 12 millones de pesos a las arcas municipales.
