El presidente Javier Milei vetó por completo la ley de emergencia para Bahía Blanca, que había sido sancionada por el Congreso con el objetivo de asistir a lo s damnificados por las graves inundaciones de marzo pasado.
El Presidente aplicó la motosierra y rechazó la normativa aprobada en el Congreso para otorgar más fondos a la zona afectada en marzo pasado.
Las razones de Milei para vetar la ley de emergencia para Bahía Blanca por las inundaciones
Foto:
El presidente Javier Milei vetó por completo la ley de emergencia para Bahía Blanca, que había sido sancionada por el Congreso con el objetivo de asistir a lo s damnificados por las graves inundaciones de marzo pasado.
Lo hizo a través del decreto 424/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, con la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La norma vetada preveía la creación de un fondo especial de $200.000 millones para obras de reconstrucción, subsidios a personas que perdieron su fuente de ingreso y líneas de crédito para actividades productivas, además de asistencia específica para la localidad vecina de Coronel Rosales.
Desde la Casa Rosada justificaron el veto total por la falta de especificación de la fuente de financiamiento, un argumento que Milei ya había utilizado en sus objeciones a la ley de financiamiento universitario y a los aumentos para los jubilados.
En este caso, el Gobierno consideró que el proyecto incumplía lo dispuesto por la Ley de Administración Financiera N° 24.156 y la Ley de Responsabilidad Fiscal N° 24.629, que exigen que todo gasto aprobado por el Congreso especifique con claridad el origen de los fondos.
Además, el Ejecutivo remarcó que ya había tomado medidas de asistencia mediante el decreto 238/25, que habilitó fondos de emergencia gestionados por el Ministerio de Seguridad, y que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Nación ya están brindando líneas de financiamiento para los sectores más afectados.
Uno de los puntos más cuestionados por el Gobierno fue la inclusión de Coronel Rosales en el texto de la ley, ya que, según el Ejecutivo, esa localidad no figura en los informes técnicos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) como zona afectada. Por ello, argumentaron que sería “de imposible cumplimiento” asignarle recursos extraordinarios.
La ley ahora vuelve al Congreso, que podría insistir con su sanción si logra dos tercios de los votos en ambas cámaras, un escenario complejo pero no imposible si la oposición coordina esfuerzos. Mientras tanto, en Bahía Blanca, la respuesta institucional a la tragedia de marzo seguirá dependiendo de los fondos ya comprometidos por la administración Milei.
El Gobierno nacional volvió a defender su política de “racionalidad fiscal” y advirtió que “la razonabilidad es un requisito esencial de legitimidad que deben observar todos los actos de los poderes públicos”. Bajo esa premisa, volvió a dejar en claro que no habrá partidas nuevas para gastos que no estén contemplados en el presupuesto o tengan financiamiento explícito.