Hasta que Milei y el gobierno no pongan sobre la mesa todos los argumentos que pueden sostener legítimamente para reformar la universidad, van a seguir perdiendo la batalla, porque no logran modificar la visión que del tema tiene la sociedad.
Tras meses de conflicto, el Gobierno y las universidades avanzan hacia un acuerdo por el financiamiento.
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NA En la reciente cuarta marcha universitaria, según diversos medios periodísticos, la asistencia fue menor que las anteriores, al menos en Buenos Aires, y viene disminuyendo progresivamente desde aquella primera en abril de 2024, aunque sigan siendo masivas y federales. ¿Será que el tema universitario cada vez convoca menos la atención de la opinión pública, o es tal vez un bajón pasajero? Es difícil precisarlo, porque el problema excede la simple estadística.
No pretendemos hacer un análisis exhaustivo del problema, ni ofrecer una mirada novedosa que proponga respuestas indiscutibles. Simplemente queremos sumar algunas reflexiones e inquietudes a una cuestión que parece no tener soluciones a la vista, en buena medida porque las partes en disputa no están dispuestas a ceder ni un metro.
El gobierno está obligado a aplicar la ley de financiamiento universitario; hasta la justicia así lo ha indicado. De esto no hay duda. El argumento para no hacerlo es el mismo que se esgrimió para vetarla: la ley es una irresponsabilidad que pone en riesgo el equilibrio fiscal. Hasta que no se indiquen las partidas, no se aplica. Así planteado, el problema parece ser meramente económico. Sin embargo, está en juego en el debate algo menos tangible, menos mensurable, y por eso más difícil de justificar, un factor simbólico: el sentido y el valor de la universidad pública argentina, como representación de toda la educación pública. Eso torna más complicado el esclarecimiento de los términos de la discusión. Porque lo simbólico depende mucho más de la subjetividad que de factores concretos.
Se entiende mejor si vemos los argumentos de quienes defienden a la universidad pública del “ataque” del gobierno. Se repite hasta el hartazgo que Milei quiere destruir la universidad y, con ella, la educación pública en general. El desfinanciamiento -al no proveer de los fondos votados por ley para sueldos, principalmente- es un paso para terminar con el sistema y, se presume, favorecer a las privadas. Además de que ya de por sí los magros salarios -que no son obra de este gobierno- son un modo de empobrecer aún más a los docentes universitarios.
Del otro lado, el argumento es fundamentalmente económico: la aplicación de la ley acarrearía la quiebra del equilibrio fiscal. Quienes votaron la ley y quienes la defienden -altamente politizados en sus posturas- son unos irresponsables que con tal de resguardar sus intereses ponen en riesgo a todos. Esto deslegitima la protesta.
Analizando con un poco más de detenimiento aparecen matices que enriquecen y enrarecen la discusión. Por un lado, el “sector universitario”, llamémoslo así, sustenta toda su argumentación en el capital simbólico de la universidad pública, que se asume indiscutible. La universidad -por la gratuidad y el ingreso irrestricto- es un factor de ascenso e igualación social. Además, es el foco de la investigación; para prueba están los Premios Nobel argentinos (aunque escasos en relación con el tamaño del sistema).
Habría razones para poner en duda algunos de esos supuestos. Las estadísticas demuestran que la mayoría de los alumnos que asisten a la universidad pública pertenecen a la clase media, lo que permite presumir que estarían en condiciones de pagar una cuota. El arancelamiento para quienes pueden pagar sería verdadera justicia social porque permitiría ampliar el sistema de becas para los que no tienen los recursos. Pero este es un punto que los defensores de la universidad pública se han negado siempre a discutir.
Hay otros argumentos, como por ejemplo la bajísima tasa promedio de terminalidad, por debajo del 30% de los ingresantes en general. Eso lleva a afirmar que el sistema universitario es poco eficiente. Postulado rechazado porque el argumento de la eficiencia implica cierta mirada “elitista” que pondría en entredicho el dogma de la gratuidad y la igualación. Agreguemos la excesiva oferta de carreras y de casas de estudio, fruto en gran medida del festival de creación de universidades durante el kirchnerismo, la mayoría por razones políticas; véase si no el conurbano bonaerense.
Todo esto, someramente enunciado, paradójicamente no logra contrarrestar el argumento simbólico de los defensores de la universidad. Gran parte de la sociedad, en buena medida irreflexivamente, aunque no haya marchado, cree que la universidad pública es uno de los pilares de la sociedad democrática argentina moderna, porque resuelve una cuestión aspiracional: ascender socialmente mediante el título de grado y la capacitación profesional. Además, el barniz de excelencia académica no lo ha perdido.
En esto, nos parece, radica el problema que tiene el gobierno, que se ha centrado exclusivamente en el impacto fiscal de la aplicación de la ley de financiamiento. No ha sumado a la discusión pública -al menos, no con la suficiente convicción- un argumento central: no estamos contra la universidad pública, sino que deseamos su mejora. No queremos tocar su capital simbólico, sólo aspiramos a que acepte someterse a una evaluación que indique su verdadera situación. Y de esa manera, desenmascarar a los que se esconden tras la legitimidad social del reclamo para mantener privilegios económicos y situaciones de poder. Ese podría ser un buen planteo para disparar un análisis más profundo de la cuestión. Si no, el gobierno se termina encerrando en una postura caprichosa y cerrada, incluso considerando que las marchas sean cada vez menos masivas y haya sectores sociales -presumiblemente muchos que votaron a Milei en 2023 y 2025- que no apoyen el reclamo del “sector universitario”.
Hasta que Milei y el gobierno no pongan sobre la mesa todos los argumentos que pueden sostener legítimamente para negarse a aplicar la ley y, de esa manera, discutir la legitimidad social que sigue disfrutando el planteo universitario, van a seguir perdiendo la batalla, porque no logran modificar la visión que del tema tiene la sociedad. Es eso, o apostar todo a ganar por cansancio, lo que conlleva el riesgo de una crisis institucional. Y, además, por cansancio también se puede perder.
* El autor es profesor universitario de historia de las ideas políticas.
