La UCR entregó al Gobierno su propuesta de reforma laboral para incorporar a la “ley de bases”

Mientras la CGT definía un nuevo paro general contra el gobierno de Javier Milei para el próximo 9 de mayo, diputados y senadores de la UCR entregaron al Gobierno nacional su propuesta de reforma laboral, que será incorporada a la “ley bases” que comenzará a tratarse la semana próxima en comisiones de la Cámara baja.

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La iniciativa presentada este jueves en Casa Rosada recoge el espíritu del “mega” DNU 70/23, que está judicializado, pero busca incentivar aún más el empleo registrado, algo que fue recibido con cierta preocupación por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, debido al impacto fiscal.

Del encuentro participaron los jefes de los bloques de diputados, Rodrigo De Loredo, y de senadores, Eduardo Vischi, junto a los diputados Soledad Carrizo, Pamela Verasay, Pablo Cervi y Fabio Quetglas, y el senador Pablo Blanco. También estuvieron presentes el segundo de Posse, José Rolandi, y el secretario parlamentario de la UCR, Alejandro Cacace.

“La reforma laboral es la que más necesita el país, por eso insistimos desde el minuto uno en que esta es la oportunidad para incorporarla a la ley bases”, declaró De Loredo a la prensa acreditada en Casa de Gobierno, y puntualizó que la iniciativa “tiene sus semejanzas a la prevista en el DNU pero también sus diferencias”.

El proyecto de la UCR consta de 51 artículos y, hasta el momento, no fue discutido con los otros bloques dialoguistas, que tienen sus propias propuestas. Hay una del PRO liderada por Cristian Ritondo en “espejo” al DNU, y otra de los diputados de Hacemos Coalición Federal Ricardo López Murphy y Oscar Agost Carreño.

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Los detalles

Uno de los puntos principales del proyecto radical, que ataca de lleno la recaudación de los sindicatos y promete abrir una feroz pelea, es que prohíbe que mediante los convenios colectivos se puedan fijar contribuciones obligatorias extra (aportes solidarios).

Por otra parte, proponen una reducción drástica de las multas por el trabajo en negro, con el objetivo de desincentivar la litigiosidad. Según un ejemplo que aportaron en el bloque, un trabajador no registrado con un salario de $500.000 cobraría con la legislación actual unos $5.500.000 de indemnización, mientras que con los cambios el despido le costaría al empleador alrededor de $1.500.000.

En otro de los puntos principales, que preocupa al Gobierno, se reduce el costo fiscal que recae sobre las empresas para la registración. Proponen actualizar la deducción aplicable a la base imponible de las contribuciones patronales, vinculándola al Salario Mínimo, Vital y Móvil, y hasta 5 empleados.

“Esto produce una sustancial disminución del costo laboral (en particular para las pymes), que resulta uno de los elementos más distorsivos que atenta contra la formalidad, e impacta sobre los trabajadores de menores ingresos”, apuntaron desde el bloque radical.

También se plantean mecanismos sustitutivos de indemnización: establecer por convenio colectivo un fondo de cese laboral a cargo del empleador (con un aporte de hasta 8% de la remuneración) y dar la opción a un sistema de capitalización o seguro para solventar la indemnización.

El período de prueba, en tanto, se extiende de los tres meses actuales a seis, con posibilidad de terminación de la relación laboral sin derecho a indemnización, pero con obligación de preavisar. El DNU presidencial lleva el período a ocho meses.

Por otra parte, se define a la educación como “servicio estratégico esencial”. En los hechos, esto significa que a pesar de las huelgas, los establecimientos educativos deberán permanecer siempre abiertos y que también deberán garantizarse los servicios de alimentación escolar. Si el paro dura un día, se deberá asegurar la presencia del 30% de la nómina de trabajadores; si se extiende por 48 horas, deberá garantizarse el 50%; y a partir de los cinco días el nivel de presencialidad se eleva al 75%.

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Otro aspecto del proyecto es que cuando exista un despido motivado por un acto discriminatorio por motivos de etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología u opinión política, la indemnización podrá incrementarse hasta un 100%. Por último, se promueve un registro laboral electrónico y simplificado.

“Procuramos que haya más trabajo formal, bajar informalidad, que haya un crecimiento del empleo y una recuperación de los salarios reales en un mediano plazo. Esperamos que el Gobierno incorpore nuestro proyecto en el tratamiento de la ley bases”, afirmó a este medio el diputado mendocino Lisandro Nieri, presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo.

Nieri amplió: “Tenemos una altísima tasa de informalidad, precarización laboral con las consecuentes dificultades para el sistema previsional, y una gran caída de los salarios. Esto le da al mercado laboral una altísima litigiosidad, falta de previsibilidad a las pymes, un alto riesgo en la contratación, y hace que el empleo formal esté estancado hace muchísimos años. Todo lo que se crea es empleo informal”.