El Gobierno de Alfredo Cornejo rechazó dos reclamos presentados por Petrolera El Trébol S.A., vinculados al vencimiento y la falta de prórroga de la concesión hidrocarburífera del área Atamisqui. Las resoluciones quedaron formalizadas mediante los Decretos 2431 y 2433, publicados este martes en el Boletín Oficial.
A través del Ministerio de Energía y Ambiente, el Ejecutivo ratificó que la empresa presentó su solicitud de prórroga fuera de los plazos previstos por la normativa vigente, y que el plan de inversiones acompañado no cumplía con los requisitos técnicos, económicos y formales exigidos.
Según el Decreto 2431, la solicitud presentada por la petrolera incumplió el requisito temporal establecido por la Ley Nacional 17.319 —modificada por la Ley 27.007— y por la Ley Provincial 7.526, que obliga a iniciar el trámite con al menos un año de anticipación al vencimiento de la concesión. El área Atamisqui venció el 7 de septiembre de este año.
Los informes técnicos y legales evaluados por la Dirección de Hidrocarburos y la Dirección de Asuntos Jurídicos determinaron que, además de la extemporaneidad, la documentación aportada por la compañía carecía de consistencia y no demostraba el cumplimiento de las obligaciones previas durante el período concesional.
Ratificación de la reversión del área
A través del Decreto 2433, el Ejecutivo también rechazó el reclamo contra la Decisión Administrativa 21/2025, que había declarado concluida la vigencia de la concesión y ordenado el inicio del proceso de reversión del área a favor de la Provincia.
El dictamen jurídico oficial sostuvo que la autoridad actuó dentro de sus facultades y que no correspondía suspender los efectos del acto impugnado, ya que la concesión se encontraba efectivamente vencida.
La postura del Gobierno
A finales de agosto, el Ministerio de Ambiente y Energía, emitió la Resolución 173 donde rechazó la solicitud de prórroga presentada por Petrolera El Trébol S.A. para continuar con la concesión de explotación de hidrocarburos en el área Atamisqui.
Entre sus argumentos, la cartera que conduce Jimena Latorre señaló que el pedido de la empresa fue presentado fuera de los plazos legales establecidos y que el plan de inversiones propuesto no garantiza un desarrollo eficiente de los recursos hidrocarburíferos.
Según la normativa vigente, las solicitudes de prórroga deben realizarse con al menos un año de antelación al vencimiento de la concesión. En este caso, la presentación se efectuó en septiembre de 2024, cuando el permiso tenía fecha de expiración en septiembre de 2025. La cartera consideró que esa presentación resultó “extemporánea” y, por lo tanto, incumplió con el requisito de temporalidad.
Además, los informes técnicos de la Dirección de Hidrocarburos indicaron que el plan de inversiones presentado por la compañía, estimado en 1,68 millones de dólares para un período de diez años, era insuficiente y no representaba un proyecto consistente.
El análisis detalló que las acciones previstas se centraban en mantenimientos correctivos, sin contemplar estrategias para revertir la caída productiva ni incorporar nuevas tecnologías.
Los relevamientos de inspección también señalaron un deterioro en las instalaciones, deficiencias de seguridad y falta de mantenimiento en la planta de tratamiento de crudo y en la red contra incendios, entre otras observaciones.