Se trata de la concesión del área Refugio Tupungato, que estará a cargo de la Petrolera El Trébol, que incluye 11,5 millones de dólares en inversiones.
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El Gobierno de Alfredo Cornejo aprobó este jueves, mediante el Decreto 2549, la segunda prórroga de la concesión de explotación del área hidrocarburífera Refugio Tupungato a la empresa Petrolera El Trébol S.A. (PETSA), por un período adicional de diez años.
La medida oficializada en el Boletín Oficial se da luego del análisis técnico, económico y ambiental realizado por los distintos organismos provinciales involucrados.
La concesión original data de 1991 y había sido prorrogada por primera vez en 2011, con vencimiento en enero de 2026. Con esta nueva extensión, la operación se mantendrá hasta el 21 de enero de 2036.
PETSA presentó un plan técnico que incluye inversiones firmes por 11,5 millones de dólares y un esquema contingente que podría sumar hasta 1,7 millones adicionales, según los resultados del proyecto de recuperación secundaria de petróleo.
El plan prevé reparaciones de pozos, ampliación de capacidad de inyección de agua, mejoras en instalaciones, adecuaciones eléctricas y obras vinculadas con sustentabilidad y eficiencia energética.
La empresa estima además un gasto operativo de 84 millones de dólares entre 2026 y 2035 y se comprometió a ejecutar abandonos programados de pozos durante toda la vigencia de la prórroga.
De acuerdo con los informes técnicos, el área registra actualmente 35 pozos inactivos. La empresa propone reactivar tres y abandonar veinte durante el período prorrogado. Al finalizar el primer quinquenio deberán evaluarse los pozos remanentes para definir su destino.
La propuesta incluye un pedido de reducción del 50 % en la alícuota de regalías para la producción incremental —es decir, aquella que exceda la curva base de producción—, lo que llevaría ese tramo del tributo del 16 % al 8 %. Los equipos técnicos consideraron razonable esta solicitud, aunque establecieron requisitos adicionales de fiscalización.
Además, PETSA deberá abonar un Bono de Prórroga cuyo monto final se calculará sobre la certificación de reservas al 31 de diciembre de 2024, según el régimen previsto en la Ley 17.319. Una estimación inicial, basada en datos de 2023, indica que el valor rondaría los 2,8 millones de dólares, aunque la cifra definitiva será calculada por la autoridad provincial.
La concesionaria deberá también constituir una garantía de fiel cumplimiento equivalente al 10 % del plan de inversiones y mantener el pago del canon y las tasas provinciales correspondientes.
La prórroga incorpora una serie de obligaciones reforzadas en materia ambiental. La empresa deberá cumplir con toda la normativa nacional y provincial vigente, presentar un Plan de Descarbonización y queda prohibido el venteo de gas sin combustión, salvo autorizaciones especiales.
También deberá contratar un seguro ambiental aprobado por la Superintendencia de Seguros de la Nación. En materia de compras y empleo, el decreto exige que al menos el 75 % de la mano de obra y de los proveedores sean mendocinos, salvo excepciones justificadas.
La empresa también deberá aportar cada tres años un paquete de 10 notebooks, servicios o su equivalente monetario para fortalecer capacidades institucionales, según lo determine la autoridad de aplicación.
El Gobierno provincial retendrá amplias facultades de control: podrá inspeccionar sin previo aviso campamentos, instalaciones y yacimientos.
También podrá aplicar sanciones económicas, ejecutar la garantía de cumplimiento o incluso declarar la caducidad de la concesión en casos de incumplimientos graves, como el impago del Bono de Prórroga, el incumplimiento del plan de inversiones o el no pago de regalías.
En caso de litigios, las partes deberán someterse a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de Mendoza.