La empresa Petrolera El Trébol solicitó una extensión de 10 años, pero el Gobierno argumentó incumplimiento de plazos y un plan de inversión insuficiente.
La Provincia le quitó la concesión de explotación a una petrolera: el motivo
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El Ministerio de Energía y Ambiente, a cargo de Jimena Latorre, rechazó la solicitud de prórroga presentada por Petrolera El Trébol S.A. para continuar con la concesión de explotación de hidrocarburos en el área Atamisqui, cuya vigencia actual vence el 7 de septiembre de 2025.
La decisión se tomó a través de la Resolución 173, publicada en el Boletín Oficial, en la que se argumenta que el pedido de la empresa fue presentado fuera de los plazos legales establecidos y que el plan de inversiones propuesto no garantiza un desarrollo eficiente de los recursos hidrocarburíferos.
Según la normativa vigente, las solicitudes de prórroga deben realizarse con al menos un año de antelación al vencimiento de la concesión. En este caso, la presentación se efectuó en septiembre de 2024, cuando el permiso tenía fecha de expiración en septiembre de 2025. La cartera consideró que esa presentación resultó “extemporánea” y, por lo tanto, incumplió con el requisito de temporalidad.
Además, los informes técnicos de la Dirección de Hidrocarburos indicaron que el plan de inversiones presentado por la compañía, estimado en 1,68 millones de dólares para un período de diez años, era insuficiente y no representaba un proyecto consistente.
El análisis detalló que las acciones previstas se centraban en mantenimientos correctivos, sin contemplar estrategias para revertir la caída productiva ni incorporar nuevas tecnologías.
Los relevamientos de inspección también señalaron un deterioro en las instalaciones, deficiencias de seguridad y falta de mantenimiento en la planta de tratamiento de crudo y en la red contra incendios, entre otras observaciones.
Con el rechazo de la prórroga, la Provincia iniciará el proceso de reversión del área Atamisqui a partir de la finalización de la concesión. La empresa deberá cumplir con distintas obligaciones, entre ellas:
Presentar un plan de abandono de pozos inactivos.
Entregar un inventario de activos de la concesión.
Acreditar que no posee deudas con superficiarios.
Realizar una auditoría ambiental que certifique la inexistencia de pasivos en la zona.
Hasta que se complete este procedimiento, la Provincia prohibió el retiro de activos incorporados al área y advirtió sobre posibles sanciones en caso de incumplimiento.
Una vez finalizado el plazo de la concesión, el área quedará disponible para que el Gobierno provincial pueda definir un nuevo concesionario a través de un proceso de licitación.