La mujer prestó declaración ante la fiscal Valeria Bottini y ratificó la acusación por abuso sexual y violencia de género contra el exfuncionario.
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La investigación por la grave denuncia contra el exsubsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, tuvo una jornada importante este lunes. La víctima se presentó en el Ministerio Público Fiscal para declarar por primera vez y ratificó la acusación realizada por abuso sexual y violencia de género contra el exfuncionario.
La mujer se presentó a las 8 de la mañana en el Polo Judicial y prestó una extensa declaración ante la fiscal de Violencia de Género, Valeria Bottini, quién la indagó hasta pasadas las 15 horas.
Su abogada, Elena Quintero, confirmó a Los Andes que la mujer ratificó la denuncia realizada y también criticó el extenso interrogatorio al que fue sometida la mujer: "Se están metiendo con todo su pasado, pese a mi oposición", lanzó.
"Ratificó absolutamente todas sus denuncias, contó todos los detalles y contestó todas las preguntas, a pesar de cuestiones que no estuvieron como corresponde desde lo jurídico", comentó.
La querella aseguró que "se la atacó" a ella por aspectos clínicos y su maternidad, "asuntos sesgados que no tenían nada que ver con la causa".
Por esto mismo incluso pidió una compulsa para que se investigue "la revelación de datos otorgados como paciente bajo secreto profesional".
Además, afirmó que la defensa intenta instalar que ella practicó "hostigamiento" contra D'Agostino. "A un funcionario del calibre de él, una persona que lo hostigara iba preso a los 2 minutos", contrapuso la abogada.
Y además afirmó que su representada nombró a "todos los altos funcionarios que encubrieron las actuaciones de D’Agostino".
D`Agostino, por su lado, aún no fue imputado formalmente. Se presentó ante la fiscal el lunes pasado para dejar un escrito a modo de declaración informativa y también entregó su celular y un arma de fuego calibre 9 mm para que sean peritados. Además su abogado Daniel Sosa Arditi solicitó que permanezca en libertad.
El exfuncionario fue una pieza clave de Alfredo Cornejo desde su primer mandato en 2015, ya que formó parte de todas las gestiones de Cambia Mendoza como subsecretario de Justicia. Hasta que el viernes 10 de abril presentó su intempestiva renuncia, el mismo día que fue denunciado por su expareja.
Ese escrito tiene 40 carillas y acusa al exfuncionario "por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, lesiones leves y lesiones graves reiteradas, amenazas coactivas reiteradas, coacción reiterada y violencia de género en todas sus modalidades".
Los hechos denunciados se enmarcan en una relación de pareja que la denunciante -una licenciada en comercialización, docente y periodista- tuvo con el exfuncionario entre 2021 y 2024, "con prolongación del hostigamiento hasta fines de 2025".
A lo largo de la relación, según la denunciante, hubo "episodios de violencia física, que incluyeron agresiones corporales reiteradas y la producción de lesiones visibles en distintas partes de mi cuerpo". La mujer presentó fotos para probar esas lesiones y dijo que fue sometida a "la imposición de prácticas denigrantes orientadas a someter y humillar".
La mujer también denunció el "abuso de poder institucional" de D'Agostino y lo acusó de "utilizar su posición y sus vínculos con el poder político, judicial y de seguridad para intimidarme, desalentar cualquier intento de denuncia y reforzar su control sobre mí".
Uno de los puntos centrales del expediente es el teléfono celular de D’Agostino. Según su defensa, el dispositivo fue entregado de manera voluntaria y sometido a una extracción completa de datos en la Unidad de Apoyo para la Investigación Fiscal (Udapif), en un procedimiento que se extendió durante varias horas y fue encabezado por la fiscal Valeria Bottini. Desde ese sector aseguran que el contenido no respalda la denuncia y que no existen mensajes que den cuenta de episodios de violencia.
La querella, en cambio, cuestiona el procedimiento. Sostiene que el celular nunca fue formalmente secuestrado, lo que podría derivar en planteos de nulidad, y remarca que desde el inicio habían solicitado el secuestro de todos los dispositivos electrónicos, medida que —afirman— no fue adoptada por la fiscalía.
El otro eje de controversia es el arma de fuego. La defensa del exfuncionario afirma que también fue entregada voluntariamente y niega cualquier vínculo con la denuncia por violencia de género.
Sin embargo, desde la parte denunciante sostienen que el arma habría sido utilizada como un mecanismo de intimidación dentro de la relación, en lo que describen como una forma de coacción.
Además, la querella pone en duda la documentación del arma —que podría estar vencida— y advierte sobre el hallazgo de municiones de alto poder lesivo, lo que abre la posibilidad de una investigación paralela por presunta tenencia ilegal.