La causa contra el exsubsecretario de Justicia de Mendoza, Marcelo D’Agostino, por abuso sexual y violencia de género, ya generó su primera controversia: el manejo de su teléfono celular en las primeras horas de la investigación.
El análisis del celular de Marcelo D'Agostino abrió diferencias entre la defensa y la parte denunciante porque la Fiscalía no secuestró el dispositivo.
La fiscalía extrajo datos del teléfono, pero la querella cuestiona el procedimiento y reclama medidas clave
Foto:
La causa contra el exsubsecretario de Justicia de Mendoza, Marcelo D’Agostino, por abuso sexual y violencia de género, ya generó su primera controversia: el manejo de su teléfono celular en las primeras horas de la investigación.
La denuncia presentada el viernes por su expareja sacudió el escenario político y judicial de la provincia, pero el foco rápidamente se trasladó al procedimiento realizado el lunes, cuando D’Agostino se presentó ante la fiscalía y prestó una declaración informativa.
Tras esa instancia, la querella salió a cuestionar las decisiones adoptadas por el Ministerio Público Fiscal. En ese marco, el exfuncionario —que renunció en medio del escándalo— aportó su celular para peritajes y entregó un arma calibre 9 milímetros.
Sin embargo, lejos de descomprimir la situación, esas medidas abrieron frentes de conflicto y alimentaron tensiones.
Por ahora, el expediente se mantiene en una etapa inicial. D’Agostino no está imputado y su defensa asegura que aún no ha tenido acceso formal a la denuncia. “Estamos esperando que nos habiliten el acceso para avanzar con las pruebas de descargo”, indicó su abogado Daniel Sosa Arditi.
Mientras tanto, la fiscalía deberá ordenar las medidas pendientes, responder a los planteos de ambas partes y definir si existen elementos suficientes para avanzar con una imputación.
Uno de los ejes centrales del expediente es el teléfono de D’Agostino. Según su defensa, el dispositivo fue entregado de manera voluntaria y sometido a una extracción completa de datos en la Unidad de Apoyo para la Investigación Fiscal (Udapif), en un procedimiento que se extendió durante varias horas.
“El doctor D’Agostino acompañó y aportó el teléfono celular para que el Ministerio Público extraiga lo que quiera”, afirmó el abogado a este medio, quien remarcó que la fiscal Valeria Bottini encabezó personalmente la medida y estuvo hasta las 22 del lunes con el teléfono del exfuncionario.
Desde ese sector sostienen que el contenido del celular no respalda la denuncia. “De todos esos chats no hay ninguna comunicación que hable de estas situaciones de violencia”, aseguró el letrado, quien insistió en que no existen registros que den cuenta de reclamos o episodios de violencia como los denunciados.
Sin embargo, el procedimiento es cuestionado por la defensa de la denunciante. Según pudo reconstruir este medio, el teléfono nunca fue formalmente secuestrado, lo que podría abrir la puerta a planteos de nulidad en el futuro.
Además, remarcan que habían solicitado el secuestro de todos los dispositivos electrónicos desde el inicio de la causa, una medida que -según sostienen- no fue adoptada por la fiscalía.
Las críticas no se limitan al manejo del celular. Desde la querella advierten que no fueron notificadas de medidas relevantes y que incluso tomaron conocimiento de actuaciones clave de manera informal.
También cuestionan el orden en que se dispusieron las pericias. Mientras la defensa de D’Agostino sostiene que corresponde evaluar primero la credibilidad del relato antes de cualquier imputación, desde la otra parte plantean que no se activaron de inmediato protocolos básicos en casos de violencia de género.
Entre ellos, mencionan la falta de una valoración inicial de riesgo para la víctima y demoras en la ratificación de la denuncia, instancias que consideran urgentes en este tipo de procesos.
En ese marco, también advierten que algunas decisiones procesales podrían ser utilizadas por la defensa para cuestionar la validez de pruebas clave, lo que podría impactar en el desarrollo de la causa.
El arma de fuego es otro de los puntos en disputa. Desde la defensa de D’Agostino aseguran que fue entregada voluntariamente y buscan desvincular ese elemento de la denuncia por violencia de género. “Lo del arma no tiene nada que ver con la denuncia”, sostuvo Sosa Arditi en dialógo con Los Andes.
Sin embargo, desde la querella sostienen una versión distinta. Según indicaron fuentes del caso, el arma habría sido utilizada como un elemento de intimidación dentro de la relación, en lo que describen como una forma de “coacción silenciosa”.
Además, cuestionan el procedimiento mediante el cual fue incorporada a la causa y advierten posibles irregularidades en la documentación de tenencia, que —según señalan— podría encontrarse vencida.
En ese contexto, también mencionan el hallazgo de municiones de alto poder lesivo, lo que podría derivar en una investigación paralela por tenencia ilegal de arma de guerra.
En paralelo a la disputa técnica, el expediente contiene un relato de alta gravedad. La denuncia describe una relación atravesada por un patrón sostenido de violencia que, según la presentación, incluyó agresiones psicológicas, físicas, simbólicas y sexuales a lo largo de varios años.
El punto más delicado está vinculado a presuntas situaciones de abuso sexual con acceso carnal sin consentimiento, que -según el escrito- se habrían producido en reiteradas oportunidades, incluso en contextos de vulnerabilidad extrema de la denunciante.
También se detallan episodios de amenazas, uno de ellos en el interior de un vehículo, donde -de acuerdo al relato- se habría producido una retención del teléfono de la víctima para impedirle pedir ayuda, seguida de una agresión física y un ataque sexual pese a su negativa.
Uno de los aspectos más sensibles de la denuncia es el presunto uso del poder institucional como herramienta de intimidación.
Según la presentación, D’Agostino hacía alarde de su posición como subsecretario de Justicia y de sus vínculos con figuras clave del poder político y judicial. En ese contexto, mencionaba su cercanía con el gobernador y con integrantes de la Suprema Corte de Justicia.
Siempre según la denuncia, esas menciones no eran casuales: buscaban instalar la idea de que contaba con protección y que cualquier intento de denunciarlo sería inútil.
En algunos episodios la denuncia dice que el acusado habría puesto conversaciones en altavoz con funcionarios para reforzar esa imagen de influencia, generando en la denunciante una sensación de indefensión y temor constante.