La conjueza designada rechazó el planteo que presentó la querella y deberá resolver el Tribunal Penal Colegiado. Insisten con la detención de Marcelo D'Agostino por supuesta interferencia en la investigación.
El exsubsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, imputado por amenazas en contexto de violencia de género. Archivo
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Prensa Gobierno La conjueza María Jimena González Pina, designada en la causa por violencia de género y abuso sexual contra el exsubsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, rechazó este martes la recusación presentada por la querella, aunque ahora deberá intervenir el Tribunal Penal Colegiado, que tendrá la última palabra sobre el planteo y aún debe sortear los jueces a cargo.
La decisión judicial se conoce en medio de un nuevo pedido de detención solicitado por la abogada querellante María Elena Quintero contra el exfuncionario de Alfredo Cornejo, argumentando presuntas maniobras de interferencia en la investigación y riesgos procesales.
D'Agostino se encuentra imputado por coacciones en contexto de violencia de género contra su expareja y portación ilegal de arma de fuego de guerra. También la mujer lo denunció por presunto abuso sexual, aunque no ha sido acusado formalmente de este delito.
Tal como informó Los Andes, la querella había recusado a la magistrada designada por la Suprema Corte al sostener que su situación institucional comprometía la apariencia de imparcialidad del proceso.
La abogada Quintero argumentó que la conjueza “se encontraría condicionada a la hora de resolver”, debido a que actualmente es postulante a cargos judiciales permanentes y, según planteó, su continuidad dependería “de los mismos estamentos políticos vinculados con el hecho investigado”.
Además, cuestionó la legalidad y transparencia de la designación, afirmando que la acordada de la Suprema Corte “no ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia” y que ello generaba “un déficit de legitimidad”.
La recusación también invocó antecedentes judiciales previos donde se había discutido la actuación de conjueces interinos en causas sensibles.
Sin embargo, la conjueza González Pina rechazó todos los argumentos y sostuvo que no existen elementos objetivos que permitan sospechar parcialidad.
En la resolución, la magistrada afirmó que “la sola condición de conjuez, que ostente el Magistrado, designado conforme a la legislación vigente y las acordadas dictadas por la Excma. SCJM, aún cuando todavía no tenga el acuerdo senatorial, le permite actuar en cada caso, como Juez Natural”.
También remarcó que la recusación “constituye un acto de trascendencia institucional que debe ser interpretado de manera prudente y detenida”.
La magistrada además cuestionó que la querella intentara fundamentar el apartamiento en “meras especulaciones carentes de respaldo en evidencia objetiva”.
En otro de los puntos centrales del rechazo, recordó que la propia Suprema Corte ya revocó un antecedente citado por la querella y sostuvo que las designaciones interinas de conjueces “no violan el principio de juez natural”.
Incluso citó fallos de la Suprema Corte provincial donde se señaló que “no hay pruebas (...) que permitan derivar sospecha de que el eventual nombramiento de la conjueza dependa de que actúe de determinada manera en esta causa”.
Finalmente, la magistrada resolvió “rechazar la recusación planteada por la parte Querellante Particular”, aunque dispuso remitir el expediente al Tribunal Penal Colegiado para la revisión definitiva del planteo, tal como establece el Código Procesal Penal.
En paralelo, la querella volvió a pedir la detención de Marcelo D’Agostino ante la Fiscalía Nº22, a cargo de la fiscal Valeria Bottini.
Según un comunicado difundido por Quintero, la presentación incorpora “nuevos elementos” que, a criterio de la querella, demostrarían “maniobras de interferencia sobre el proceso penal” y “un riesgo concreto para el avance de la investigación mientras el imputado permanezca en libertad”.
Entre los hechos denunciados, la querella menciona una presunta filtración de información reservada vinculada a legajos de menores de edad, que habría sido utilizada por la defensa del exsenador durante una audiencia judicial.
Además, denunciaron una supuesta utilización irregular de organismos estatales vinculados a la protección de infancia para intervenir sobre familiares de personas que declararon contra D’Agostino.
Otro de los puntos incorporados en la presentación es el presunto “desarchivo irregular” de un expediente civil que permanecía archivado desde 2018 y que habría sido reactivado en coincidencia temporal con el inicio de la causa penal.
La querella también insistió con el riesgo de fuga, no por intentos previos de evasión, sino por “la capacidad real del imputado de acceder a estructuras estatales y judiciales” y por “la red de contactos políticos construida durante más de una década en cargos de alta jerarquía”.
En el comunicado, además, se denuncian presuntas presiones sobre testigos y la difusión pública de información reservada del expediente.
Por último, la representación de la denunciante pidió que se investigue “la eventual responsabilidad penal de las autoridades administrativas involucradas” y reclamó medidas de protección para testigos que todavía deben declarar en la causa.