El fiscal de Estado, Fernando Simón, emitió un duro dictamen contra la Municipalidad de Godoy Cruz y remitió copia a otros organismos de control, tras la denuncia del concejal Martín González (PJ).
Fiesta de la Cerveza 2025. Fiscalía de Estado detectó posibles irregularidades tras la denuncia de un concejal kirchnerista a la comuna dirigida por el radical Diego Costarelli.
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Archivo Los Andes Fiscalía de Estado emitió este miércoles un duro dictamen sobre la licitación pública de la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 en Godoy Cruz y concluyó que existen “elementos suficientes” para analizar posibles irregularidades en la adjudicación realizada por el municipio liderado por Diego Costarelli (UCR).
La actuación se originó a partir de una denuncia presentada por el concejal de Unión por la Patria, Martín González, quien cuestionó la legalidad del proceso licitatorio adjudicado a la firma Estrella Eventos y Espectáculos S.A.
En el dictamen de más de 30 páginas que firmó el fiscal de Estado, Fernando Simón, se cuestionó especialmente que la empresa adjudicataria registraba una inhibición judicial al momento de presentarse a la licitación, pese a que el propio pliego de condiciones prohibía expresamente la participación de oferentes en esa situación.
Según consta en la presentación incorporada al expediente, González sostuvo que “la Municipalidad de Godoy Cruz ha adjudicado en fecha 4 de agosto de 2025 (...) la Fiesta de la Cerveza 2025 a Estrella Eventos y Espectáculos SA, una empresa que, conforme surge de registros públicos, se encuentra actualmente inhibida judicialmente, situación que invalida su capacidad para contratar con el Estado”.
Además, el concejal kirchnerista planteó que “tal circunstancia constituye una violación directa a lo dispuesto en la Cláusula Segunda del Pliego de Condiciones Particulares”, debido a que allí se establecía que no podían participar personas o empresas “inhibidos o concursados civilmente por disposición judicial”.
Para el edil opositor, la adjudicación “podría ser nula de nulidad absoluta por contrariar normas de orden público y por vulnerar los principios de transparencia, igualdad y legalidad que rigen los procedimientos licitatorios”.
Frente al pedido de informes de Fiscalía de Estado, la Municipalidad de Godoy Cruz defendió la legalidad del procedimiento y aseguró que la inhibición no impedía contratar con el Estado.
En primer lugar, el municipio sostuvo que existía un “error cronológico” en la denuncia y explicó que el decreto de adjudicación cuestionado fue firmado el 24 de septiembre de 2025 y no en agosto.
También argumentó que la empresa adjudicataria era el único oferente presentado y que contaba con inscripción vigente en el Registro de Proveedores.
En su descargo, la comuna afirmó que “la inhibición no impediría la adquisición de pliegos ni la presentación en licitación”, aunque admitió que posteriormente tomó conocimiento de la medida judicial.
Según la explicación oficial, la inhibición respondía a una deuda con AFIP del año 2023 que “ya habría sido cancelada”, por lo que el municipio entendió que la situación registral podía regularizarse antes de cualquier pago.
Además, la comuna defendió la cláusula cuestionada y sostuvo que el pliego particular “no puede introducir restricciones que importen una limitación de capacidad para acceder a la contratación pública”.
Sin embargo, Fiscalía de Estado rechazó buena parte de esos argumentos y remarcó que el propio municipio quedó obligado por las reglas que fijó en el pliego licitatorio.
“El órgano licitante quedó vinculado por las reglas que él mismo fijó para ordenar la compulsa, del mismo modo en que tales reglas resultaban obligatorias para los oferentes”, sostiene el dictamen firmado por el fiscal de Estado, Fernando Simón.
Más adelante, el organismo agrega que “los pliegos no constituyen una mera pauta orientativa ni una referencia disponible para la Administración, sino el marco normativo particular del procedimiento licitatorio”.
En otro de los párrafos centrales, Fiscalía advirtió que “no resultaba jurídicamente admisible degradar esa circunstancia a un dato accesorio, diferir su tratamiento a una etapa posterior o condicionar simplemente los pagos a su regularización”.
Incluso señaló que “la admisión y posterior adjudicación en favor de un oferente que (...) registraba una inhibición publicitada al tiempo relevante del procedimiento, podría importar —prima facie— un apartamiento de una regla expresa del procedimiento”.
Uno de los puntos más importantes del dictamen es que Fiscalía de Estado descartó el argumento municipal según el cual la cláusula del pliego habría sido excesiva o inválida.
Por el contrario, sostuvo que “el requisito de no encontrarse inhibido judicialmente no aparece, prima facie, como manifiestamente irrazonable, arbitrario o desproporcionado”.
Y añadió que la exigencia “guarda razonable vinculación con la necesidad de ponderar la idoneidad patrimonial, confiabilidad, regularidad del procedimiento, igualdad de trato y tutela del interés público comprometido en la contratación”.
Además, el organismo consideró que el municipio no podía relativizar después una cláusula que él mismo había incorporado al proceso licitatorio.
“Lo que no aparece admisible es sostener, luego de abierto el procedimiento y frente a la situación concreta del único oferente, que el requisito que el propio Municipio incorporó no podía producir efectos”, indicó.
En sus conclusiones, el fiscal de Estado entendió que existen elementos suficientes para avanzar con otras actuaciones administrativas vinculadas al caso.
El dictamen señala textualmente que “surgen elementos suficientes que justificarían la remisión de compulsa y/o copia certificada al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública”.
La resolución apunta a que ambos organismos evalúen “eventuales responsabilidades administrativas, patrimoniales o vinculadas con el cumplimiento de deberes funcionales”.
De esta manera, la polémica por la contratación de la Fiesta Provincial de la Cerveza podría escalar ahora a otros organismos de control provincial.