La defensa del exsubsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, recusó a la jueza María Belén Salido por realizar comentarios sobre una posible prisión preventiva. La querella pide intervención del fiscal Pirrello.
El exsubsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, fue imputado por amenazas y tenencia ilegal de arma de fuego de guerra.
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Prensa Gobierno La causa que enfrenta al exsubsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, imputado por amenazas en contexto de violencia de género y denunciado también por abuso sexual contra su expareja, atraviesa un pantanal de recursos presentados por la querella y la defensa.
Después de que se designara a la conjueza María Jimena González Pina para asumir la causa, la querella, a cargo de la abogada María Elena Quintero, presentó una recusación contra ella que debe resolver un Tribunal Penal Colegiado, tras la negativa de la magistrada a apartarse.
La querella había recusado a la magistrada designada por la Suprema Corte de Justicia al sostener que su situación institucional comprometía la apariencia de imparcialidad del proceso.
La abogada Quintero argumentó que la conjueza “se encontraría condicionada a la hora de resolver”, debido a que actualmente es postulante a cargos judiciales permanentes y, según planteó, su continuidad dependería “de los mismos estamentos políticos vinculados con el hecho investigado”.
Entonces, en el sorteo de instancia superior para resolver esta situación, el tribunal quedó conformado por los jueces María Belén Salido, Eleonora Arenas y Mauricio Juan.
Pero esta vez la defensa, a cargo de los abogados Eduardo De Oro y Daniel Sosa Arditi, presentó una recusación contra la doctora Salido por “manifestaciones jocosas” en un grupo de WhatsApp sobre el dictado o no de prisión preventiva del imputado.
Ahora la jueza tiene un plazo de 72 horas para aceptar apartarse de la causa o bien rechazar la recusación, por lo que la defensa advirtió en su documento que insistirá con más recursos extraordinarios en instancias superiores.
D'Agostino se encuentra imputado por coacciones y tenencia ilegítima de arma de guerra, mientras que la denunciante reclama avances en la investigación por el presunto abuso sexual denunciado ante la Justicia.
Según el planteo presentado ante el Tribunal Penal Colegiado, los defensores sostienen que la magistrada habría realizado comentarios en un grupo de WhatsApp denominado “Hay juec@s en Berlín”, a partir de una noticia periodística vinculada a la situación judicial de D’Agostino.
De acuerdo con la recusación, Salido habría escrito: “Uyy, seguro que le piden prisión preventiva jejej”, mensaje que fue acompañado por otras intervenciones de integrantes del grupo referidas al exfuncionario.
Para la defensa, esa expresión puede interpretarse como una ironía o una burla respecto de una eventual detención del imputado y genera dudas objetivas sobre la imparcialidad de la jueza.
“Este tipo de manifestaciones jocosas o incluso irónicas referidas al dictado o no de la prisión preventiva del imputado no pueden ser vertidas por la persona que luego deba resolver en grado de apelación sobre todas las posibles incidencias que se produzcan en la presente causa”, dice el escrito al que tuvo acceso Los Andes.
En la presentación, De Oro y Sosa Arditi sostuvieron que no cuestionan la honorabilidad de la magistrada, pero afirmaron que los comentarios atribuidos a ella afectan la garantía constitucional de ser juzgado por un tribunal imparcial.
Además, remarcaron que el tribunal del que forma parte Salido podría intervenir en futuras apelaciones vinculadas al expediente, incluida una eventual discusión sobre la prisión preventiva de D’Agostino, situación que consideran incompatible con las manifestaciones atribuidas a la jueza.
La defensa también citó antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el deber de imparcialidad de los magistrados.
En ese sentido, señalaron que no solo debe garantizarse la ausencia de prejuicios reales, sino también evitar circunstancias que puedan generar dudas razonables sobre la objetividad de quien debe resolver un caso.
Como prueba, los abogados acompañaron una captura de pantalla del supuesto intercambio en WhatsApp y solicitaron que declaren como testigos los jueces Diego Lusverti y Eduardo Martearena, quienes, según indicaron, integrarían ese grupo de mensajería.
En caso de que la recusación sea rechazada, la defensa dejó planteada la reserva de acudir a instancias superiores mediante recursos extraordinarios y eventualmente ante la Justicia federal, al considerar que está en juego una garantía constitucional.
La denuncia sobre comentarios de un magistrado en un grupo de WhatsApp tiene un antecedente cercano: el caso del juez Horacio Cadile, quien debió apartarse de la causa Próvolo en el año 2021, tras ser denunciado por la defensa de la monja Kumiko Kozaka por haber realizado expresiones sobre ella en un chat privado que compartía con fiscales.
La denuncia de la defensa escaló hasta el Jury de Enjuiciamiento, aunque no tuvo éxito y el cuerpo desestimó iniciarle un proceso de juicio político.
Mientras la defensa impulsa una nueva recusación, la querella encabezada por la abogada María Elena Quintero presentó un escrito ante el Fiscal Adjunto en lo Penal, Gustavo Pirrello, en el que denunció un presunto cuadro de violencia institucional en la investigación contra D’Agostino.
Según la presentación, la intervención del funcionario fue solicitada por ser la única autoridad jerárquica del Ministerio Público Fiscal no alcanzada por las inhibiciones que se produjeron en el expediente debido a vínculos previos con el exsubsecretario de Justicia.
La querella sostuvo que la investigación se apartó de los estándares exigidos para causas de violencia de género y afirmó que se produjo una “investigación invertida”, en la que el foco se desplazó desde las conductas denunciadas hacia la vida privada de la denunciante.
Entre otras irregularidades, cuestionó medidas orientadas a reconstruir años de la vida personal de la víctima, la falta de avance sobre la denuncia por abuso sexual con acceso carnal, la presunta ausencia de medidas probatorias sobre dispositivos electrónicos y supuestas filtraciones de información reservada de la causa.
Además, Quintero señaló que la Fiscalía incumplió resoluciones internas de la Procuración General que establecen criterios de actuación con perspectiva de género y prohíben la revictimización de las denunciantes.
En ese marco, solicitó el apartamiento de los fiscales intervinientes, una auditoría sobre los accesos al sistema informático judicial y la reconducción de la investigación bajo estándares constitucionales e internacionales de protección de las víctimas.
La presentación también remarca que D’Agostino ocupó durante más de una década cargos estratégicos dentro del sistema judicial provincial, entre ellos el de Subsecretario de Justicia y representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, situación que, según la querella, explica la serie de inhibiciones registradas desde el inicio del expediente.