La Corte Suprema de Justicia de la Nación, anuló la absolución a Cristóbal López y Fabián De Souza en relación a la causa “Oil Combustibles”. La decisión se dio después de aceptar un recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal, revocando así la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal.
Esta determinación se fundamenta en el dictamen de la Procuración General de la Nación, que consideró arbitraria la sentencia de Casación que había exonerado a López y De Souza por defraudación a la administración pública. La acusación principal contra ellos giraba en torno a la retención de montos destinados a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por concepto del impuesto al combustible líquido.
La Corte Suprema concluyó que la Cámara de Casación había resuelto de forma arbitraria los planteamientos relativos a la interpretación de la evidencia en el caso. Esta resolución implica que López y De Souza vuelven a enfrentar cargos por defraudación a la administración pública, dado que la revocación de su absolución reabre el proceso judicial en su contra.
No obstante, la Corte Suprema no aceptó todos los agravios presentados por el Fiscal. Los aspectos relacionados con el levantamiento de las medidas cautelares y el rechazo de la reparación integral contra el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, fueron rechazados debido a la falta de una sentencia definitiva en esos aspectos específicos del caso.
El caso “Oil Combustibles” ha recibido considerable atención pública y mediática debido a las repercusiones de alto perfil y la magnitud del fraude fiscal alegado. Cristóbal López y Fabián De Souza, reconocidos empresarios, fueron acusados de no transferir a la AFIP los impuestos cobrados a los consumidores en la venta de combustibles, utilizando dichos fondos para financiar otras operaciones empresariales.
La decisión de la Corte Suprema de revocar la absolución resalta las tensiones y debates en torno a la interpretación judicial y la aplicación de la ley en casos de fraude fiscal. El retorno de los cargos contra López y De Souza implica que el proceso judicial continuará, con nuevas etapas de evaluación y posible juicio.
