Esperó que el conflicto con los empleados judiciales tuviera un “impasse” con la conciliación obligatoria. Recién entonces decidió expresarse sobre todo lo que se vivió en las últimas semanas en el Poder Judicial.
En esta entrevista exclusiva con Los Andes, Dalmiro Garay, el presidente de la Corte provincial hace un balance de la situación en la que quedó la Justicia después de la huelga, dice cuáles son sus aspiraciones frente a la nueva negociación salarial, detalla cómo es su vínculo con Alfredo Cornejo y le responde por primera vez a su principal detractor puertas adentro de tribunales: el ministro José Valerio.
-¿Salieron del conflicto con la conciliación obligatoria?
- No no, la conciliación es un impasse en el conflicto. Nos hemos permitido sentarnos a evaluar lo que ha pasado y ver si podemos empezar a andar un camino de solución más estructural. La idea es empezar a revisar cómo estamos liquidando sueldos con escalafones que son de más de 45 años, que claramente no se adecúan a la realidad actual del Poder Judicial. Hoy tenemos un Poder Judicial que ha bajado la cantidad de personal en los últimos 7 años y que ha generado modernización en todos los procesos. Los roles han cambiado y hay roles nuevos que no estaban.
-Eso es para el mediano plazo, pero para el corto plazo, ¿cómo imagina la negociación salarial?
-Esperemos que en la conciliación y quizá en la paritaria haya un acercamiento en lo inmediato, que se enmarque en una situación muy compleja del país. Yo reconozco la legitimidad del reclamo, pero también hay que reconocer que estamos en un momento del país en donde la economía está muy deprimida. Estamos presenciando permanentemente cómo la actividad privada se va contrayendo, y eso también implica que se contraiga la recaudación del Estado, que es de donde sacamos para pagar los sueldos de todos nosotros. Me parece que hay que dimensionar todo. Yo creo que si todos comprendemos eso y nos ponemos un poco a mirar al futuro, vamos a poder salir de este conflicto. La salida estructural es sentarnos seriamente a discutir un escalafón nuevo, que es lo que la Corte quiere. La Corte lo ha planteado y se lo ha transmitido a los sindicatos, y creo que es lo que vamos a también plantear en esta conciliación.
-¿La Corte va a tener una participación más protagónica en la negociación salarial?
-La discusión presupuestaria está en los cánones de la normativa vigente. Es decir, el presupuesto hoy lo maneja el Poder Ejecutivo, por la habilitación que hace la Legislatura, lo que pasa es que la Corte, de ser un espectador en esa paritaria, va a pasar también a aportar ideas, a aportar soluciones de la manera en que quizás se puedan resolver mejor los conflictos, cosa que no pasaba hasta ahora en materia salarial. La idea es que en la paritaria salarial la Corte pueda opinar un poco más sobre cómo pueden irse distribuyendo recursos, teniendo en cuenta que tiene un conocimiento más técnico sobre los escalafones, las maneras en que se distribuyen y cómo impactan dentro de cada uno de los adicionales.
-¿Pero no hay un techo salarial establecido por el Gobierno que va a ser muy difícil de vulnerar?
-Lo que ha planteado antes, sí, claramente es un porcentaje que está vinculado a lo que puede dar la recaudación. Lo que hay que ver es para adelante cómo se plantean los escenarios, tanto inflacionarios como de recaudación, y eso cómo impacta en la nueva oferta que pueda llevar el Ejecutivo. Reestructurando quizás se pueda llegar a mejorar las condiciones salariales, pero bueno, son discusiones que tienen que darse en la mesa técnica.
-¿Qué va a pasar con los descuentos a los empleados que hicieron paro?
-Nosotros hemos cumplido la ley, hemos hecho el descuento.
-¿En eso no se ha dado marcha atrás?
-Eso se ha descontado. Como han dicho algunos ministros, esa es la regla general. Nosotros también estamos interesados en que se recupere el trabajo perdido, así que eso tendríamos que verlo en la paritaria. Ya hemos hecho una vez un acuerdo con el sindicato para que el que quisiera que se le devolviera el descuento, se inscribiera y trabajara a contraturno.
-¿Esto se podría volver a hacer?
-No, lo que digo es lo que ha pasado. Lo que nosotros hoy tenemos es el cumplimiento de la ley. Y en el marco de la paritaria, si hay un acuerdo, podemos discutir, porque lo que necesitamos es que el trabajo que no se hizo se pueda recuperar de la mejor manera posible. Cuando se hizo no fue una imposición. Había algunos empleados que optaron por no trabajar en contraturno y no se les devolvió el descuento.
-Es obvio que trabajo para hacer va a haber...
-Sí, hay trabajo. No en todos los fueros ha pasado lo mismo. El atraso ha sido dispar. En los fueros civil y laboral hemos tenido menos impacto que en el fuero penal. En el fuero de Familia ha sido un poco más grande que en los otros dos fueros. En general, las audiencias se han cumplido en Laboral y Civil. Lo que tenemos es atraso en los proveídos, por eso estamos viendo la suspensión interna de los plazos. Cuando el abogado presenta un escrito, hay que proveerlo. Normalmente un tribunal tiene 48 horas para proveer ese escrito, para darle curso. Ese trabajo sí está atrasado y es el que necesitamos recuperar.
-¿Por qué hubo más atraso en la Justicia de Familia?
-La Justicia de Familia venía con un atraso. Lo estamos recuperando. Tenemos una historia en el fuero de Familia que es muy compleja. Es un fuero que se crea con poco personal. A medida que aumentó la conflictividad, fue ganando también en cantidad de casos, y nunca se le asignaron muchos recursos. Desde hace un tiempo a esta parte hemos empezado a asignarle muchos recursos en términos físicos. Y el anteaño pasado se incluyeron 30 auxiliares nuevos. Se mejoró. En Las Heras nombramos un juez nuevo con el cargo de un equiparado que se jubiló. En Lavalle abrimos un juzgado de familia que no había porque la competencia la absorbía el juzgado de paz. Pero bueno, son todas las cuestiones que pasan cuando no está el personal trabajando al cien por ciento. Es un fuero en el que los jueces trabajan mañana y tarde.
-¿Están llegando a tiempo con la prestación del servicio en la Justicia de Familia?
-Claramente hay un esfuerzo para que eso pase, para que se llegue a tiempo. Se han hecho muchas modificaciones en el fuero para precisamente llegar más rápido a la solución de los conflictos.
La oralidad es una política que la Corte ha implementado en todos los fueros. El fuero civil y el fuero laboral están oralizados de manera completa. Eso nos ha llevado a que estemos un año y siete meses, a veces menos, en promedio para resolver una causa contradictoria. Veníamos de cuatro años, con una litigiosidad que se mantiene. Lo que sí hemos empezado a detectar es nichos que hacen que la labor se aplique a procesos que no deberían aplicarse. Por ejemplo, un divorcio de común acuerdo, en promedio, demora seis o siete meses. Debería demorar menos.
-Hay un ministro de la Corte que dice que hay más empleados por juez en la justicia de Familia que en la Penal.
-Bueno, es otra visión, porque también depende de la tarea que desarrolle cada fuero. Hoy en el fuero Penal lo que se hace es que se agenda la audiencia, el juez viene, vienen las partes, les explican el tema y resuelven, sea en función de juez de instancia o sea en función de Cámara. En un proceso civil, se presenta la demanda al mismo juez que va a resolver la causa, entonces se necesita un funcionario que estudie la demanda, que la provea, que se corra en traslado. Son otras cosas. Es un juicio de primera instancia, como pasa en el fuero laboral. Por ahí las comparaciones lineales tienen ese problema de que no miran la realidad del proceso. Sí me parece importante llegar a la oralidad en las cámaras civiles. La ratio de resolución de causas en el fuero civil está sobre el 90 por ciento. Son buenos en ese fuero, pero además la reforma ha habilitado las resoluciones de juez de instancia unipersonal. Entonces hoy hay tres jueces dictando sentencias, donde antes era un solo cuerpo dictándolas. Eso ha generado mayor productividad.
-¿Tiene una mirada sobre cómo funciona la Justicia Penal?
-Creo que la reforma ha sido buena. La justicia penal mendocina es una justicia de avanzada, igual que la civil y que la laboral. Eso sí, los esquemas procesales no son iguales, por lo tanto trasladar las mismas soluciones a las distintas realidades tampoco termina siendo bueno.
-¿No les convendría a la Corte tener el manejo de su presupuesto?
-Una vez votado en la Legislatura el presupuesto, ¿cómo se resuelve la aplicación? La hace la Corte. Las contrataciones públicas las hacemos nosotros sin ninguna intervención del Poder Ejecutivo. Y todo lo que son designaciones, las hacemos nosotros. Lo que hacemos es una conciliación con la Contaduría de la provincia ¿Nos demora un tiempo? Sí. Por eso es la discusión que se ha dado, porque muchas veces pueden pasar dos o tres meses y no tenemos el cargo. Ese tema lo estoy hablando con la Contadora porque por ahí demora más de lo normal, pero la decisión en términos técnicos es nuestra.
Distinta es la autarquía. Implica que todos los años un porcentual de presupuesto se le asigna directamente a la Corte, como los municipios con la coparticipación. La autarquía se discutió en el gobierno del doctor Francisco Pérez en su momento, pero las discusiones son problemáticas porque muchas veces se termina discutiendo sobre la escasez de recursos, más que sobre la necesidad de mejorar el servicio. San Juan, por ejemplo, discutió una autarquía que en los papeles parecía buena, pero bueno, después dijeron no, no es (el porcentaje) sobre el total de los recursos presupuestados en la provincia, sino que hay que detraer los gastos. Y se entra en una discusión que yo no estoy en contra de darla, pero me parece que hay que darla cuando nosotros tengamos condiciones de crecimiento en la provincia, cuando tengamos un presupuesto con más recursos, cuando no estemos en situaciones de emergencia como la de hoy.
-¿Y qué opina de la autonomía financiera, que es una suerte de vía intermedia?
-Sí, es lo que tenemos en discusión, que es hacernos cargo de las rendiciones frente al Tribunal de Cuentas. La Corte ha decidido encaminarse a ese punto.
-¿Pero para tener vacantes en la Justicia no tendría que tener autarquía?
-Hasta por ahí… una cosa es la vacante presupuestaria con crédito, y otra cosa es a quién ponen la vacante. Hoy, ¿quién designa la existencia de una vacante? La ley del presupuesto. O sea, es la Legislatura la que lo establece.
-¿Pero si la Corte tuviera autarquía no podría crear cargos?
-No, en principio no se podría, porque es una facultad de los legisladores. La Constitución dice que es el legislador el que aprueba el presupuesto y fija en la ley de sueldo la matriz.
-Pero no estaría el Gobierno diciendo “no”…
-Es que el Gobierno no dice que no hoy. De todos modos hoy, en los cargos, lo que tenemos es un atraso. Quizá con este poder rendir al Tribunal de Cuentas, no pasamos por la conciliación contable de la Contaduría de la provincia. Se achican los plazos. Pero la facultad de decisión es nuestra.
-¿Está bien que tenga la Justicia 3,9% del presupuesto provincial?
-No, yo creo que no. Creo que debería tener más presupuesto. Pero bueno, todo se da en los marcos que hoy tenemos de realidad económica. De hecho pedimos más plata a principios de año. Si me dice, como Presidente de la Corte: ¿querría más recursos para poder hacer más cosas? Sí, totalmente. Ahora, yo también lo enmarco en el servicio que damos. Nosotros somos en particular 3.500 empleados y en Escuelas son 45.000. Guarda una proporción. A mí me gustaría que sea más para la Corte. Pero bueno, con los depósitos judiciales hemos ganado también en recursos. Se están haciendo cosas.
-¿Cuánto le correspondería de porcentaje a la Justicia?
-Yo quiero lo necesario, que lo pusimos en el presupuesto anterior, para que la Justicia se desarrolle bien y tenga todo lo que necesita para hacerlo.
-¿Lo afectaron las críticas que le hizo el ministro José Valerio?
-No, a ver...pasa que no las comparto. Hay cosas que dice José desde su visión del Poder Judicial que a veces no es la que todos comparten. En general, todas las decisiones se han ido tomando en conjunto, no son decisiones individuales.
-¿No es cierto que usted maneja el Poder Judicial con sus amigos, como dice él?
-No, porque no puedo, digamos. O sea, yo no soy el gobernador. Tengo una responsabilidad casi representativa dentro de un cuerpo colegiado. Yo tengo que ir haciendo equilibrios y las decisiones, en general, se toman por mayoría. Vamos decidiendo entre todos. Si hay o no oralidad, si se nombra o no un equiparado, son decisiones de Corte. No son decisiones mías. Todo este esquema de competencia está en la ley. Me parece que de estos conflictos no se sale individualmente, se sale colectivamente, por arriba. Por ahí me decían por qué no había hablado. Porque, bueno, el Presidente de la Corte tiene que hablar cuando ya se haya consensuado primero y, en segundo lugar, cuando sea necesario que se hable, porque, en el momento, ¿qué va a salir a decir cuando se está en el medio de esta medida de fuerza?
-¿Usted tiene algún tipo de dependencia con el Gobierno?
-No, de ninguna manera. No voy a negar que comparto las reformas que se han impulsado en la primera gestión de Alfredo Cornejo porque yo estuve ahí. Y a mí me toca hoy mirarlas desde adentro. Por otro lado, la dependencia de un juez con algún grupo de presión, se mira en sus sentencias. Yo los animo a buscar una sentencia en donde yo, de manera expresa y contradiciendo lo que he dicho antes, haya favorecido o no al Gobierno. Es al revés. En los dos años que dicté sentencias (ndR: desde 2018 hasta 2020, antes de ser presidente de la Corte), las de empleo público, por ejemplo, fueron contra el Gobierno. Puede decir que me tocó lo de los intendentes (ndR: la causa por la enmienda que suprimió las relecciones), pero yo estoy convencido de lo que dice ahí. Porque dije antes que no había reelección.
De hecho, en OSEP, varias veces he reincorporado gente de la gestión anterior que estaba mal echada o estaba mal resuelta la causa. No es para mí un problema eso, porque además lo que no se ve es que yo no militaba con el gobernador Cornejo. A mí el gobernador me llama cuando estaba en la Asesoría de Gobierno. Me había alejado de la militancia hacía más de 5 o 7 años. Yo milité en la universidad pero después dejé de hacerlo partidariamente. O sea, cuando Cornejo me llama a la gestión lo hace por una cuestión técnica. De hecho, yo me dedicaba a dar clases en la facultad y eso. No me siento condicionado para nada.
- ¿Habla mucho con el gobernador?
-No, de vez en cuando, cuando es necesario por la Corte. Cuando es necesario hablo pero porque yo también estoy convencido de que el Poder Judicial, y más el presidente de la Corte, tienen que hacer gestiones para que el Poder Judicial mejore. Y esas gestiones que son ajenas a dictar una sentencia no tienen que tener el prurito de que yo no hablo ni con un legislador, o con un ministro del Poder Ejecutivo, o con el gobernador. Lo tengo que hacer. Si nosotros queremos que haya un mejor Poder Judicial en Tunuyán, yo tengo que hacer todo lo posible para que el convenio que firmamos se cumpla, y los fondos que asignamos, el Ejecutivo los ponga y podamos hacer un edificio modelo. En ese punto yo creo que hay que desmitificar la idea de que bajo el escudo de la independencia del Poder Judicial yo lo que tengo que hacer es no hablar con nadie. No. Yo lo que tengo que hacer claramente es no aceptar ninguna presión para dictar sentencias. Eso lo cumplo a rajatabla. En cambio, en lo que es gestión pura, política, tengo que hablar. Si tengo una idea nueva sobre un escalafón judicial lo tengo que plantear al Ejecutivo. O sea, yo no siento esa dependencia. Me parece que es más una fábula instalada que lo que a mí por lo menos me condiciona. Y además, otra cosa, no estoy atado al cargo, no sé si me jubilaré acá, me parece que en algún momento volveré a la profesión, que es lo que me gusta. Mientras tanto, tengo que hacer lo mejor posible para que el Poder Judicial mendocino sea bandera como está pasando. Uno no lo dimensiona porque está acá, pero estamos por la buena senda en algunas ocasiones. En algunas cosas tenemos que mejorar mucho, tenemos que copiar de otros poderes judiciales que lo hacen mejor que nosotros, pero yo diría que en general, en todas las reformas vinculadas a lo estructural de los fueros, somos punta en el país, junto con otras provincias como Córdoba y Buenos Aires.
LOS NUEVOS EQUIPARADOS
-¿Se nombraron nuevos equiparados a magistrados después de la ley que los eliminó?
-Sí. Los equiparados que se han nombrado son relatores de Corte, por vacantes interinas. Pero no son de los que están prohibidos por la ley. La ley permite como equiparados a los relatores de Corte, y a los secretarios y prosecretarios de Corte. Después estaban los equiparados administrativos. Lo que están prohibidos son esos, porque forman parte de la tarea administrativa, pero estos no. No recuerdo bien pero creo que son dos relatores de Corte que no tienen estabilidad, porque están dependiendo del cargo del titular, por el tiempo que dure la vacancia. La decisión de la Corte ha sido que esos cargos de equiparado se van terminando. Fuera de los que están cautelados, los vamos convirtiendo en jueces de Familia.
