Las boletas incorporan un nuevo régimen vinculado a obras públicas y una actualización de valores, con impacto en zonas rurales y parcelas rezonificadas.
El régimen alcanzará a inmuebles beneficiados por obras viales provinciales y permitirá recuperar parte de la inversión pública en un plazo de diez años.
Foto:
Febrero será el mes en el que una parte importante de los mendocinos recibirá las boletas del impuesto inmobiliario y automotor. A nivel inmobiliario, el Gobierno de Alfredo Cornejo incorporará dos novedades centrales: el inicio del cobro del Régimen de Contribución por Mejoras, vinculado a obras públicas provinciales, y una actualización significativa de los valores en zonas rurales, con especial impacto en parcelas que serán rezonificadas.
La principal innovación es la puesta en marcha de la contribución por mejoras, un instrumento que alcanzará a inmuebles directamente beneficiados por obras viales financiadas con fondos públicos.
En esta primera etapa, el Gobierno provincial incluyó dentro del régimen a las rutas provinciales 82 y 99, ambas recientemente puestas en valor y con fuerte incidencia turística, urbana e inmobiliaria. El ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, explicó a Los Andes que el objetivo del régimen es recuperar parcialmente la inversión pública realizada.
“Básicamente, es un mecanismo para que toda plusvalía que se genera por la utilización de fondos públicos pueda ser recuperada por el Estado”, señaló el funcionario, al remarcar que se trata de una práctica habitual en otros países.
El esquema prevé recuperar, en un plazo aproximado de diez años, hasta el 20% del costo de cada obra, con un tope máximo equivalente al 20% del impuesto inmobiliario que paga cada propiedad alcanzada.
“Como máximo, la contribución por mejora va a ser un 20% del valor del impuesto inmobiliario. Si alguien pagaba 100.000 pesos, la contribución no va a ser mayor a 20.000”, explicó Fayad.
Según detalló el responsable de la cartera de Hacienda, esto permitirá recuperar “casi un cuarto del costo de la obra”, aunque reconoció que se trata de un porcentaje acotado en relación con la inversión total.
El ministro aclaró que el cobro no formará parte del impuesto inmobiliario tradicional, aunque llegará al mismo domicilio fiscal y utilizará la misma base de datos catastral. "Va a ser un impuesto aparte. Probablemente lleguen juntos o apenas separados, y que sea muy simple pagarlo”, indicó.
Además, adelantó que antes del envío de las boletas se publicará el decreto reglamentario, donde se detallará la metodología de cálculo, el área de influencia de cada obra y los estudios técnicos utilizados, basados en datos de Vialidad, flujo vehicular y valores de mercado.
La Ruta Provincial 82 atraviesa el corredor que va desde Chacras de Coria hacia Potrerillos, bordeando el río Mendoza y zonas como Vistalba, Las Compuertas y Cacheuta.
En tanto, la Ruta Provincial 99 conecta el área de Papagayos con el Parque General San Martín y el Cerro de la Gloria, integrándose al Corredor del Oeste y beneficiando a barrios privados y emprendimientos de la zona serrana.
Desde el Ejecutivo provincial señalan que ambas trazas no solo mejoraron la conectividad y la seguridad vial, sino que también impactaron de manera positiva en el valor de mercado de las propiedades cercanas.
“Es muy injusto que todos los contribuyentes financien el aumento de valor de la propiedad privada. Lo que buscamos es empezar a recuperar la inversión pública, sobre todo aquella obra que mejora directamente el valor de la propiedad”, sostuvo el funcionario.
En paralelo, el impuesto inmobiliario tendrá ajustes generales asociados a la evolución de los valores de mercado. En el segmento urbano, que comprende unas 530.000 parcelas, los incrementos promedio rondarán el 40%, combinando el costo de la construcción y el valor del terreno, con variaciones según zona y tipo de propiedad.
En este caso, desde el Ejecutivo aclaran que no se trata de una nueva revisión estructural, ya que los procesos de actualización por superficie construida, ampliaciones, piletas o quinchos se realizaron en ejercicios anteriores a partir de relevamientos aéreos. Para este año, el ajuste responde principalmente a la combinación entre el costo de la construcción y el valor del suelo.
El cambio más relevante se dará en el sector rural. Allí, la Provincia avanzó en una actualización de valores de la tierra que no se revisaban desde hace más de 30 años, lo que había generado distorsiones significativas entre distintas áreas productivas.
En promedio, el aumento en el impuesto rural se ubicará cerca del 50%, aunque habrá parcelas con subas del 70% u 80%, y otras que incluso verán reducida su carga tributaria.
“El mayor impacto va a estar en aquellas zonas que hace 30 años no tenían valor productivo y hoy sí lo tienen, como Valle de Uco, Luján, Maipú y las periferias urbanas”, explicó Fayad.
Donde sí se esperan variaciones abruptas es en las parcelas que serán rezonificadas de rurales a urbanas o suburbanas. Se trata de terrenos que, aunque figuraban como rurales, hoy se encuentran inmersos en zonas de fuerte desarrollo inmobiliario, barrios privados o expansión urbana, especialmente en Luján de Cuyo, Maipú, Guaymallén y Las Heras.
Estas parcelas, que en muchos casos tributaban el impuesto mínimo, pasarán a pagar valores similares a los de una vivienda urbana de características equivalentes.
“Más que una cuestión recaudatoria, es una cuestión de equidad tributaria”, afirmó el ministro, al señalar que propiedades con valores de mercado similares deben tributar de manera comparable.
Según los datos oficiales, de las casi 700.000 parcelas existentes en la provincia, unas 30.000 serán rezonificadas. De ese total, alrededor de 10.000 registrarán aumentos superiores al 200%. El Gobierno estima que esta actualización permitirá una recaudación adicional cercana a los 4.000 millones de pesos anuales.
Fayad explicó que el proceso se realizó en base al Plan de Ordenamiento Territorial provincial y municipal, apoyado en las leyes de uso del suelo vigentes. “Hacia donde crece la mancha urbana después hay que llevar rutas, cloacas, servicios, luz. Eso se financia con impuestos”, sostuvo.
Por último, el ministro recordó que las parcelas rurales continúan contando con beneficios previstos en la ley de contingencia climática, que incluyen exenciones impositivas y subsidios. Sin embargo, adelantó que se incorporará un nuevo requisito: estar al día con las obligaciones fiscales.
“Si la parcela no está al día, no va a recibir los beneficios. Tiene que tener su deuda regularizada”, concluyó.