El Concejo Deliberante de Guaymallén tratará mañana un dictamen que favorece al concejal Miqueas Burgoa.
El concejal de Guaymallén, Miqueas Burgoa (Cambia Mendoza)
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Ramiro Gómez / Los Andes El escándalo del edil Miqueas Burgoa (UCR), detenido por conducir alcoholizado en General Alvear a principios de mes, quedó a un paso de archivarse en el Concejo Deliberante de Guaymallén. En la sesión de este jueves el oficialismo puede rechazar de forma definitiva el proceso de remoción.
Es que la Comisión de Interpretación Normativa se reunió este martes y emitió un dictamen que rechaza por "improcedente" el proyecto que impulsó el concejal José Pozzoli (PJ) y ahora solo se requiere de una mayoría simple para ponerle fin.
Dicha comisión la componen nueve ediles y 6 son de Cambia Mendoza. En ese despacho quedó expuesta la fractura entre los que responden al intendente Marcos Calvente y los alineados detrás del exjefe comunal Marcelino Iglesias, donde se lo ubica a Burgoa puntualmente.
Solo los tres "iglesistas" votaron a favor del dictamen que rechaza el proceso de remoción: Ezequiel Genovese (presidente de la comisión), Matías Fernández y Florencia Triviño.
Mientras que los "calventistas" se corrieron de la discusión: Juana Allende (titular del bloque CM) y Jonathan Mazuela se ausentaron, y Cristina Vargas decidió abstenerse. Vale recordar que no solo el intendente le pidió la renuncia públicamente a Burgoa: el escándalo llegó hasta el gobernador Alfredo Cornejo, que le solicitó exactamente lo mismo.
Según pudo saber Los Andes, el bloque mantuvo una reunión el mismo martes y el sector del intendente le insistió al concejal en que diera un paso al costado, pero no hubo caso. Luego, en la comisión sus correligionarios más cercanos salieron a bancarlo con este dictamen.
Otra de las particularidades fue que el peronista Pozzoli no impulsó por su lado un dictamen a favor del proceso de remoción, lo que causó sorpresa en el resto de la oposición.
En el sector de Iglesias entendieron que "se rechazó por no cumplir con los requisitos formales" que establece la Ley Orgánica de Municipalidades (1079) en sus artículos 66 al 69, respondió el concejal Genovese a este diario.
El primero de esos artículos sostiene que podría ser denunciado un concejal por "desorden de conducta, abuso en el manejo de los fondos municipales, transgresiones u omisiones en el desempeño de sus cargos o por actos de indignidad o desacato contra el cuerpo".
Al tratarse de una contravención por una alcoholemia positiva y sin confirmarse el delito de resistencia a la autoridad, que la oposición le endilgaba por "chapear" con su cargo a la hora de la detención presuntamente, Burgoa logra aferrarse a su banca y la oposición queda a mitad de camino.
Ahora, la votación del dictamen quedó supeditada a una mayoría simple. El oficialismo cuenta con 8 votos (contandolo a Burgoa) y la oposición reúne apenas 4: 2 de LUM, uno del PJ y otro de Mejor Mendoza, respectivamente.
En el caso de que los tres concejales que responden a Calvente sorprendieran con una votación en contra del dictamen junto a los opositores, el proyecto volvería a la comisión de Interpretación Normativa para un nuevo despacho.
Y allí algunos especulan que se repetirían las mismas trabas que no permitieron su avance: no hay delitos para acusarlo, a pesar de la gravedad del hecho. Por eso la insistencia en pedirle la renuncia.