El organismo ordenó habilitar nuevas conexiones mientras continúa el análisis sobre los derechos que reclama San Rafael como tercero aportante.
La resolución beneficia a usuarios de ambos departamentos y mantiene abierta la discusión administrativa por el gasoducto.
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La decisión del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) de levantar la suspensión de las nuevas factibilidades del Gasoducto Sur abrió un nuevo capítulo en el conflicto que mantienen San Rafael y General Alvear por la administración de la capacidad generada por la obra, inaugurada el pasado 17 de junio.
La resolución, conocida en las últimas horas, ordenó avanzar con el otorgamiento de nuevas conexiones técnicamente viables tanto para San Rafael como para General Alvear, mientras continúa el análisis administrativo sobre los derechos que reclama el municipio que gobierna Omar Félix, por su condición de tercero aportante.
El fallo fue celebrado por el intendente de General Alvear, Alejandro Molero, quien en diálogo con Los Andes aseguró que la decisión "lleva tranquilidad a toda la gente del sur" y sostuvo que garantiza que ambos departamentos puedan acceder al servicio en igualdad de condiciones.
"Me gustaría llevar tranquilidad a toda la gente del sur, pero por sobre todas las cosas poner claridad sobre este tema. Esta es una obra regional financiada por la Nación", afirmó el jefe comunal.
La resolución del ENARGAS se conoció pocos días después de una reunión virtual en la que participaron autoridades del organismo regulador, representantes de la Secretaría de Energía de la Nación, el representante legal de la Municipalidad de General Alvear.
También estuvieron los ministros Natalio Mema (Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial) y Jimena Latorre (Energía y Ambiente). En ese encuentro se abordó la situación administrativa del gasoducto y el conflicto generado por las nuevas factibilidades.
La decisión del organismo regulador dispuso dejar sin efecto la suspensión general de nuevas factibilidades y ordenó a Distribuidora de Gas Cuyana avanzar con el otorgamiento de aquellas conexiones que resulten técnica y operativamente viables.
El ENARGAS entendió que la falta de un procedimiento acordado entre la Municipalidad de San Rafael y la distribuidora no podía traducirse en una suspensión por tiempo indeterminado que terminara perjudicando a potenciales usuarios del servicio.
Al mismo tiempo, aclaró que el expediente continuará su curso para definir los derechos que eventualmente pudieran corresponderle a la Municipalidad de San Rafael como tercero aportante de la obra, por lo que la resolución no zanjó el conflicto de fondo entre ambos municipios.
La controversia tiene su origen en la Resolución 70 de 2021 del entonces ENARGAS, que autorizó la ejecución del Gasoducto Sur y reconoció a la Municipalidad de San Rafael la condición de tercero aportante.
En su artículo 10, esa resolución estableció que, por haber realizado el aporte para ejecutar la obra, el municipio "posee el derecho respecto de las capacidades que resulten de la misma", debiendo arbitrar junto con Distribuidora de Gas Cuyana un procedimiento para el otorgamiento y registro de las nuevas factibilidades, respetando siempre el principio de acceso abierto a la capacidad remanente.
Ese artículo fue el fundamento utilizado por la Municipalidad de San Rafael para sostener que tenía facultades sobre la capacidad adicional generada por el gasoducto, una postura que derivó en el reclamo económico realizado a General Alvear por el aporte efectuado para completar la obra.
Según la posición sanrafaelina, el Gobierno nacional financió el 87,3% del proyecto original y el municipio aportó alrededor de 4.500 millones de pesos para concluir el 12,7% restante, por lo que reclamó a General Alvear alrededor de 1.050 millones de pesos, monto equivalente al porcentaje del flujo adicional de gas que recibirá ese departamento.
Sin embargo, General Alvear rechazó ese planteo y sostiene que la infraestructura fue concebida como una obra regional financiada mayoritariamente con fondos nacionales, por lo que considera que no existe obligación legal para reintegrar parte de esos recursos.
Tras conocerse la resolución, Molero interpretó que el fallo despeja las dudas que existían sobre el acceso al servicio y afirmó que "los dos departamentos tienen la misma posibilidad y los mismos derechos ante el regulador".
El intendente señaló a este medio que el Enargas continuará analizando la documentación presentada por ambas municipalidades y por Distribuidora de Gas Cuyana para determinar el alcance definitivo de los derechos derivados del aporte realizado por San Rafael.
"Cuando en la diligencia política priman las mezquindades, pero por sobre todas las cosas la maldad, divide a los pueblos. Lo que están haciendo los hermanos Félix con mentiras es generar molestias que nos dividen y nos separan", subrayó el dirigente radical.
El jefe comunal también sostuvo que, según su interpretación, el organismo regulador aún no cuenta con una rendición definitiva sobre el aporte realizado por San Rafael.
"El mismo Enargas nos manifiesta que no tiene la rendición de cuentas de San Rafael, entonces no sabe qué porcentaje ha aportado de la obra. Si puede llegar a tener algún derecho, es sobre ese porcentaje que se hizo cargo", señaló.
Otro de los argumentos planteados por Molero apunta a un convenio suscripto en 2020 entre el entonces intendente Emir Félix y la Secretaría de Energía de la Nación.
Según explicó, allí el municipio de San Rafael se comprometía a que la obra no tendría costo para los usuarios y a realizar los aportes que fueran necesarios para su ejecución.
"Emir Félix firmó una declaración jurada donde garantizaba que la obra no iba a tener ningún costo para ningún usuario de General Alvear ni de San Rafael. Seis años después, porque les faltó plata, no pueden pretender cobrarle a General Alvear para recuperar fondos que decidieron aportar por su cuenta", expresó.
En ese sentido, insistió en que no existe un instrumento jurídico que habilite ese reclamo económico.
"No tienen ningún documento ni ningún elemento jurídico para reclamarle algún tipo de aporte a General Alvear. No hay chance de que le reclamen fondos a otro municipio", afirmó.
Molero también buscó despejar dudas respecto al trámite para acceder al servicio y remarcó que las solicitudes deben realizarse exclusivamente ante la distribuidora.
"Es importante aclararle a los vecinos que no es necesario hacer ningún trámite ante ninguno de los dos municipios. La factibilidad se tramita en las oficinas de Ecogas y ningún documento emitido por un municipio tiene validez ante la empresa", indicó.
En paralelo al fallo del ENARGAS, el municipio de General Alvear avanza junto a Ecogas en la implementación del programa "Chau Garrafa", una iniciativa destinada a facilitar la extensión de redes de gas natural en distintos barrios.
Molero explicó que el esquema prevé que la comuna financie inicialmente las obras de infraestructura y que posteriormente Ecogas recupere esa inversión a través de la factura del servicio una vez que los vecinos se encuentren conectados.
"El municipio contrata la obra de extensión de redes y Ecogas hace el recupero a través de la boleta del gas cuando los vecinos ya están disfrutando del servicio", explicó.
El jefe comunal indicó que el convenio comenzará a implementarse de manera gradual, a medida que los distintos barrios obtengan las factibilidades necesarias para incorporarse a la red de gas natural.
