La investigación se llevó adelante mediante auditorías y permitió detectar patrones sistemáticos en distintas provincias del país.
Fraude millonario en PAMI: detectaron una red de sobrefacturación y servicios inexistentes en el organismo.
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Imagen ilustrativaEl Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) identificó una red de fraude e irregularidades en prestaciones oftalmológicas y ópticas que se repite en distintas provincias del país, con maniobras que incluyen sobrefacturación, servicios no realizados y cobros indebidos a afiliados.
La investigación se llevó adelante mediante auditorías y cruces de datos del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas, lo que permitió detectar patrones sistemáticos en Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos y La Rioja.
El relevamiento detectó al menos cinco tipos de desvíos, entre los que se destaca la sobrefacturación de anteojos. Según el informe, se prescribían lentes de baja graduación, pero se facturaban como si fueran de alta complejidad, con valores que podían quintuplicar el costo real. “Un módulo real tiene un valor de $4.941, mientras que los módulos facturados llegaron a $27.204”, precisaron desde el organismo.
Otra práctica frecuente fue la generación de “prestaciones fantasma”, con consultas y estudios que nunca se realizaron. En algunos casos, hasta el 50% de las órdenes analizadas no contaba con respaldo clínico. También se detectaron circuitos cerrados entre profesionales y ópticas, con posibles conflictos de interés, además del cobro ilegal a jubilados por productos que debían entregarse sin costo. Los auditores registraron situaciones donde se ofrecían lentes fuera de cobertura a precios excesivos, con pagos que alcanzaron “hasta USD 1.500 más $353.500 por lentes que debían estar cubiertos”.
En Santiago del Estero se confirmaron 606 casos de sobrefacturación, con un perjuicio estimado en 10,4 millones de pesos, y se comprobó un vínculo familiar directo entre el médico derivante y el titular de la óptica involucrada. En Entre Ríos, la auditoría reveló 613 casos similares, con recetas emitidas sin especificación de dioptrías, lo que fue calificado como una “facturación sin sustento médico real”.
Estas prácticas forman parte de una investigación más amplia sobre el sistema de órdenes electrónicas, que ya cuenta con al menos seis causas judiciales en curso. Desde el organismo señalaron: “Esta gestión no encubre, investiga y denuncia. Hay un mandato claro de sanear el sistema y erradicar los abusos”.
Uno de los expedientes más avanzados se tramita en Rafaela, Santa Fe, donde se solicitó la elevación a juicio oral de un médico y una farmacéutica acusados de emitir 636 prescripciones falsas. La maniobra se comprobó mediante el rastreo de direcciones IP, que correspondían a equipos ubicados en el domicilio de la farmacia. También se identificaron registros de atención incompatibles con la práctica médica, como el caso de un cardiólogo que emitió 689 órdenes en un solo día, lo que implicaría jornadas de más de 100 horas.
Las auditorías comenzaron tras la asunción de Esteban Leguízamo, quien detectó un déficit de 92.000 millones de pesos en el organismo. En respuesta, la actual gestión implementó recortes en gastos considerados innecesarios, con un ajuste cercano a los 90.000 millones, además de reducir la estructura jerárquica y centralizar la compra de insumos para limitar prácticas irregulares.