Fernanda Scoccia, secretaria de género de APPAMIA, habló en Aconcagua Radio sobre un paro que van a realizar profesionales de la salud en las próximas horas.
El conflicto venía gestándose en voz baja, como una sala de espera que se llena sin que nadie lo anuncie. Pero esta semana estalló. Los médicos prestadores del PAMI resolvieron avanzar con un paro de 72 horas tras la implementación de una resolución que, según denuncian, recorta más de la mitad de sus ingresos. La medida, que también arrastra a odontólogos en una situación crítica desde hace semanas, pone en tensión un sistema que atiende a uno de los sectores más sensibles: los jubilados.
“Fue un puñal por la espalda”, resume la doctora Fernanda, secretaria de género de APPAMIA, en diálogo con el programa Hermoso Caos. La frase no busca metáfora: describe el impacto inmediato que tuvo la resolución del 9 de abril en los consultorios. Hasta ese momento, explica, un médico de cabecera podía sostener su práctica con una combinación de cápitas y facturación por consultas que, en el mejor de los casos, rozaba los dos millones de pesos. No era holgura, aclara, sino apenas equilibrio. “Alcanzaba para cubrir los gastos”.
Desde ahora, ese techo se desploma. Con la nueva normativa, el máximo de facturación rondará el millón cuatrocientos mil pesos. La cuenta no cierra: alquileres, sueldos administrativos, insumos. La ecuación se vuelve inviable.
Mientras tanto, los odontólogos llevan más de un mes y medio en una suerte de paro parcial: atienden únicamente urgencias. Los aranceles, dicen, quedaron desfasados, y los pagos, intermitentes, terminan de erosionar cualquier previsibilidad. “Lo nuestro ya venía mal, pero esto agravó todo”, señala la médica.
El paro anunciado no será total, aunque sí impactará en la rutina de miles de afiliados. Las guardias y las urgencias estarán garantizadas, una línea que los profesionales no están dispuestos a cruzar. Pero la atención programada —los turnos, ese engranaje cotidiano del sistema— quedará suspendida durante las 72 horas. Un paréntesis que puede volverse más largo.
Detrás del reclamo económico, los médicos también apuntan a las condiciones que impone el PAMI. Hablan de una estructura exigente: un mínimo de 21 horas semanales de atención, que puede aumentar según la cantidad de pacientes asignados; la obligación de garantizar reemplazos ante cualquier ausencia; seguros específicos; consultorios adaptados con requisitos que no siempre son exigidos por otras obras sociales o prepagas. “Es una sobrecarga”, sintetiza Fernanda.
El trasfondo, según plantean, es financiero. El PAMI ya no administra sus fondos de manera directa y depende de partidas del Ministerio de Economía, que —afirman— mantiene una deuda millonaria con el organismo. En ese escenario, sostienen, se activó un ajuste que termina recayendo en los prestadores. “Están viendo a quién le pagan, cómo le pagan y cómo reducen gastos”, explica la doctora. Y remata con una frase que busca ampliar el foco: “No es solo por nosotros, también es por los jubilados”.
La escena, entonces, queda planteada: consultorios a media máquina, profesionales en alerta y un sistema que cruje en uno de sus puntos más delicados. Si no hay marcha atrás, advierten, el paro podría ser apenas el primer capítulo de un conflicto mayor. Porque cuando la salud entra en números rojos, el impacto nunca queda encerrado en una planilla.
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