El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, respondió a las críticas de algunos empresarios.
El gobernador Alfredo Cornejo, acompañado por el ministro de Gobierno, Natalio Mema, y la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui.
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Prensa Gobierno de Mendoza Un informe elaborado por Los Andes, con datos oficiales del Gobierno provincial, reveló que el 51% de las partidas correspondientes a los Fondos del Resarcimiento fueron consignadas a dos firmas constructoras, lo que despertó repercusión en el sector empresario.
Según datos aportados por la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, que conduce Marité Badui, las empresas CEOSA y José Cartellone Construcciones Civiles SA concentraron, respectivamente, el 30,33% y el 20,65% de esa inversión en obra pública.
Gerardo Fernández, presidente de la Confederación de Pymes Constructoras (CPC), sostuvo ante Los Andes que los procesos licitatorios “han sido altamente competitivos dentro del marco de la ley vigente”, y afirmó que “no son objetables técnica ni jurídicamente; estamos frente a procesos transparentes”.
No obstante, señaló que, en un escenario de virtual desaparición de la obra pública nacional, empresas de mayor escala salieron de forma agresiva a competir por las licitaciones provinciales. En ese contexto, sostuvo que “hay dos empresas importantes que se están llevando por encima del 50% de las obras” en Mendoza, por lo que “debería actuarse con prudencia y llamar la atención antes de las adjudicaciones”.
En la misma línea se expresó el referente de la Cámara de Constructores Independientes de Mendoza (Cecim), Dalmiro Barbeito, quien manifestó preocupación por la concentración de obras en “las dos grandes constructoras que tiene la provincia” y pidió que se garantice la participación de la red de empresas locales.
“Que una oferta esté muy por debajo de lo presupuestado distorsiona y le quita valor al trabajo que el equipo comitente realizó al momento de su elaboración. Por eso le pedimos al Gobierno esa observación y que permita la participación de la amplia red de empresas que existe en Mendoza”, sostuvo.
Por su parte, Santiago Laugero, presidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM), también señaló a Los Andes que “no es lo mismo cuando las obras están repartidas entre más empresas y con más manos para ejecutarlas que cuando se concentran”, al remarcar que la acumulación de contratos en pocas firmas deja fuera de competencia a un amplio universo de empresas locales.
Tras las críticas del sector empresario, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, respondió a Los Andes que “si las empresas, en vez de hacer lobby, se dedican a sacar números, las obras se van a adjudicar a quienes trabajen bien y sean competitivos”.
“Nosotros hemos hecho el proceso más abierto y transparente posible: 45 días con los pliegos colgados en borrador. Todo el mundo puede acceder a los pliegos que se publican, sugerir modificaciones, mejoras y pedir aclaraciones”, manifestó respecto de las licitaciones financiadas con los Fondos del Resarcimiento.
Asimismo, aseguró que “todas las consultas se responden por escrito y reciben tratamiento. Todos los pliegos han tenido modificaciones en base a los pedidos de las empresas”.
“Después tienen que presentarse y hacer las cosas bien. El problema que tenemos con algunas empresas es que usan como excusa que ‘se las queda una, se las queda otra’ y no trabajan”, disparó el funcionario del gobernador Alfredo Cornejo.
Y agregó: “Entonces, o se ponen a hacer números finos y a acomodarse a la economía que tenemos, planificando bien las obras, o se van a quedar afuera. En definitiva, se quedan afuera porque son malas empresas, no por una cuestión nuestra”.
“Nosotros lo hacemos totalmente abierto y, sin embargo, vienen con precios caros o propuestas malas. Aun así, ha sido bastante diversificada la cantidad de empresas que han accedido a las adjudicaciones”, completó.
En cuanto a la licitación nacional e internacional para la concesión de la Ruta 7, que depende exclusivamente del gobierno de Javier Milei, Mema alentó la participación de empresas mendocinas, aunque volvió a lanzar críticas hacia las firmas que cuestionaron el proceso.
“Obviamente, para la Ruta 7 preferimos que sea una empresa mendocina, pero para eso tienen que estar ordenadas, hacer bien las presentaciones y dejar de poner excusas, porque es más fácil hacer lobby en los medios que ponerse a trabajar”, concluyó el ministro.