El ministro de Educación, Cultura e Infancias, Tadeo García Zalazar, explicó la reforma de la Ley 9.545 del Fondo Escolar Permanente
Entrega de viviendas sociales por parte del IPV.
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Prensa Gobierno de Mendoza
El Gobierno provincial lleva adelante un plan de construcción de viviendas para docentes, después de confirmar a través de un relevamiento que la mitad de los trabajadores de la educación de Mendoza no cuenta con una casa propia. Así lo informó el ministro de Educación, Cultura e Infancias, Tadeo García Zalazar, al presentar un proyecto de ley para modificar la Ley 9.545 del Fondo Escolar Permanente que va en sintonía con ese plan del IPV.
La iniciativa busca ampliar el uso de los recursos obtenidos mediante el remate de bienes decomisados y herencias vacantes para financiar obras de infraestructura y urbanización orientadas a docentes y celadores.
Actualmente, el fondo acumulado supera los 500 millones de pesos gracias a las subastas realizadas en el último año, mientras que hay otros 12 inmuebles en etapa de evaluación para salir a remate.
La Ley 9.545 regula un fondo de financiamiento alimentado por "el remate de las herencias vacantes o de los bienes inmuebles que eran producto de la extinción de dominio, es decir, aquellos bienes que eran tomados de actos de corrupción o de malversación de fondos".
Hasta ahora, la normativa disponía que lo recaudado se destinara únicamente a la construcción y equipamiento de escuelas. Con el cambio propuesto, el Ejecutivo provincial busca diversificar su alcance.
"La idea es que en los futuros remates no sólo vayan a los fines que ya fue creado el fondo, que es la construcción o equipamiento de escuelas, sino también para garantizar operatorias de vivienda para docentes", destacó García Zalazar.
El titular de la cartera educativa explicó además el esquema de trabajo conjunto con el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV): "Nosotros tenemos un convenio marco en nuestro ministerio con el IPV para la convocatoria a propuestas de empresas que quieran hacer construcción de viviendas", señaló el ministro.
Y agregó: "Lo que nos ha pedido el IPV es que si nosotros tenemos un fondo que garantice o que nos ayuda a la urbanización de terrenos o que nos permita el canje de estos terrenos, va a mejorar la cantidad de oferta que vamos a tener en materia de vivienda para todo el territorio provincial".
La meta de la modificación legislativa es "que ese artículo de la Ley 9.545 tenga una extensión para más cantidad de fines y que de esta forma nos permita terminar con toda la convocatoria que está haciendo el IPV a empresas para la construcción de viviendas destinadas al sector docente".
Un diagnóstico inicial realizado por el área educativa reveló la urgencia habitacional del sector. García Zalazar aseguró que en Mendoza se cuentan aproximadamente unos 46.000 docentes en el sistema, “y la mitad de ellos tiene algún inconveniente en el acceso a la vivienda”.
"Nosotros tenemos un relevamiento a priori que es una encuesta que hay 23 mil docentes o miembros de la comunidad educativa, incluimos también a los celadores, que tienen problemas, ya sea que están teniendo un alquiler o que están con otro tipo de situación de vivienda y que no tienen vivienda propia", detalló el funcionario.
Frente a este escenario, García Zalazar remarcó que "la idea es que podamos ir solucionando paulatinamente y que el IPV, en conjunto con estas nuevas operatorias, pueda todos los años ir dando soluciones habitacionales a este sector que necesita respuestas".
Asimismo, el ministro aclaró cómo será la dinámica de postulación y adjudicación de las unidades: "Siempre la evaluación la hace el IPV, porque el convenio que nosotros tenemos es con la plataforma del IPV quien hace la evaluación de las carpetas de los barrios o de las propuestas de proyectos de barrios o de departamentos", especificó.
Y concluyó: "Siempre la inscripción y después toda la participación del beneficiario es con la plataforma del IPV".
La modificación de la Ley Nº 9545 se complementa con el programa habitacional que impulsa la Provincia para docentes. La iniciativa prevé una primera etapa de alrededor de 250 viviendas, desarrolladas mediante un esquema público-privado.
Los aspirantes deberán realizar un aporte equivalente al 20% del valor de la vivienda, mientras que el 80% restante podrá financiarse mediante créditos u otras herramientas previstas en la operatoria.
Uno de los objetivos centrales del plan es que los docentes puedan acceder a una vivienda cercana al lugar donde trabajan, especialmente en los casos en los que deben trasladarse desde otros departamentos.
La lógica de la iniciativa se vincula con la política de arraigo impulsada por el Gobierno provincial, en la búsqueda de que los trabajadores de la educación puedan establecerse en las zonas donde desarrollan su actividad cotidiana y reducir así los traslados diarios.
La primera etapa contempla la construcción de unas 250 viviendas sobre terrenos que actualmente pertenecen a la Dirección General de Escuelas (DGE). En principio, las zonas ya identificadas se ubican en Guaymallén, Ciudad y San Rafael, aunque podrían sumarse otros departamentos en función de las propuestas que presenten los desarrolladores privados.
En paralelo, el Gobierno abrirá una convocatoria para desarrolladores inmobiliarios, quienes deberán presentar no sólo los proyectos constructivos, sino también alternativas de financiamiento para los futuros adjudicatarios.
