La iniciativa propone incorporar al Fondo Escolar Permanente los recursos obtenidos por la venta de bienes en desuso y crear un esquema de garantías financieras.
La iniciativa modifica la Ley del Fondo Escolar Permanente y habilita nuevas herramientas para financiar programas habitacionales sin afectar el funcionamiento de las escuelas.
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Prensa Gobierno de Mendoza
El gobierno de Alfredo Cornejo envió a la Legislatura un proyecto de ley para modificar el funcionamiento del Fondo Escolar Permanente con el objetivo de ampliar sus fuentes de financiamiento y habilitar nuevas herramientas financieras destinadas, entre otros fines, a respaldar programas de acceso a la vivienda para docentes.
La iniciativa propone cambios a la Ley Nº 9545, que creó el Fondo Escolar Permanente, e incorpora mecanismos para que los recursos obtenidos por la venta, subasta, remate, arrendamiento o indemnización de bienes en desuso pertenecientes a la Dirección General de Escuelas (DGE) y al Ministerio de Educación pasen a integrar ese fondo.
Según el Ejecutivo, la medida permitirá optimizar la administración del patrimonio estatal y convertir activos que actualmente no tienen utilidad en recursos para el sistema educativo.
El proyecto se conoce en paralelo con la puesta en marcha del programa provincial de viviendas para docentes, una iniciativa que el Gobierno presentó meses atrás y que prevé la construcción de unidades habitacionales mediante un esquema público-privado.
En esa operatoria, los beneficiarios deberán realizar un aporte inicial y completar el financiamiento a través de distintas herramientas crediticias. De acuerdo con los fundamentos del proyecto, la modificación de la ley busca dotar al Estado de instrumentos que permitan respaldar ese tipo de programas sin afectar el funcionamiento ordinario del sistema educativo.
La propuesta fue presentada en la Cámara de Diptutados por el ministro de Eduación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, junto con el subsecretario de Infraestructura Escolar, Carlos Dapparo.
En el mensaje enviado a la Legislatura, el Ejecutivo sostiene que la Dirección General de Escuelas administra una importante cantidad de bienes muebles, vehículos, materiales y equipamiento que, por el paso del tiempo o su estado de conservación, dejaron de prestar utilidad para el sistema educativo.
Según el texto, esos bienes representan costos de almacenamiento, custodia y mantenimiento, además de sufrir una depreciación constante. Frente a ese escenario, el proyecto plantea habilitar su venta o disposición para que los recursos obtenidos vuelvan a destinarse al propio sistema educativo.
Para ello, incorpora un nuevo inciso al artículo 2 de la Ley Nº 9545, estableciendo que podrán ingresar al Fondo Escolar Permanente los recursos provenientes de la enajenación, subasta, remate, disposición, arrendamiento, recupero, indemnización o compensación de bienes muebles e inmuebles, vehículos, equipamiento, materiales y otros activos administrados por la DGE o por el Ministerio de Educación, siempre que no cuenten con una afectación legal o presupuestaria específica.
El Gobierno sostiene que la medida persigue un doble objetivo: sanear el patrimonio estatal, liberando depósitos y espacios ocupados por bienes obsoletos, y generar nuevos recursos para fortalecer la infraestructura educativa.
Otra de las modificaciones propuestas alcanza al artículo 3 de la ley vigente. Allí se redefine el objeto del Fondo Escolar Permanente para establecer que sus recursos podrán utilizarse para generar rentas destinadas a la adquisición de terrenos, construcción, reparación, mantenimiento y equipamiento de edificios escolares y de la comunidad educativa.
En los fundamentos, el Ejecutivo sostiene que el concepto de escuela excede la infraestructura edilicia y comprende también a quienes forman parte de la comunidad educativa. Bajo ese criterio, entiende que fortalecer las condiciones de los trabajadores de la educación también contribuye a garantizar la calidad del servicio educativo.
El principal cambio incorporado por el proyecto es la creación del artículo 6 bis, que autoriza a la Dirección General de Escuelas a afectar recursos del Fondo Escolar Permanente como garantía, contragarantía, caución, fondo de reserva o mecanismo equivalente para operaciones crediticias, bancarias o financieras.
La herramienta podrá utilizarse para respaldar operaciones vinculadas a los fines de la ley y, especialmente, programas de acceso a soluciones habitacionales y urbanización destinados al personal docente.
Según explica el Ejecutivo, el objetivo es que esos recursos sirvan como respaldo financiero para facilitar créditos u otras operatorias destinadas a la construcción o adquisición de viviendas, sin que ello implique utilizar directamente los bienes esenciales del sistema educativo.
En ese sentido, el mensaje de elevación afirma que el acceso a la vivienda constituye una política pública que puede favorecer el arraigo, la estabilidad y la permanencia de los docentes dentro del sistema educativo provincial.
El proyecto también incorpora una serie de resguardos para la utilización de esos recursos. Entre ellos, establece que las operaciones deberán ajustarse al régimen provincial de administración financiera, responsabilidad fiscal, crédito público y contabilidad gubernamental.
Además, excluye expresamente de cualquier garantía a los inmuebles escolares, los bienes registrables y todos aquellos elementos esenciales para el funcionamiento diario de las escuelas. La iniciativa dispone que únicamente podrán afectarse recursos líquidos, rentas financieras o partidas específicamente destinadas a ese fin.
Otra de las condiciones previstas es que la Dirección General de Escuelas deberá preservar un saldo mínimo operativo del Fondo Escolar Permanente, por lo que no podrá comprometer la totalidad de los recursos disponibles. Asimismo, cada operación deberá contar previamente con la intervención de las áreas técnicas, presupuestarias, contables, patrimoniales y legales correspondientes.
La modificación de la Ley Nº 9545 se complementa con el programa habitacional que impulsa la Provincia para docentes.
La iniciativa prevé una primera etapa de alrededor de 250 viviendas, desarrolladas mediante un esquema público-privado. Los aspirantes deberán realizar un aporte equivalente al 20% del valor de la vivienda, mientras que el 80% restante podrá financiarse mediante créditos u otras herramientas previstas en la operatoria.
En ese contexto, el proyecto de ley busca dotar a la DGE de instrumentos financieros para respaldar esas operaciones, utilizando recursos del Fondo Escolar Permanente bajo un esquema de garantías y con las limitaciones establecidas en la propia norma.
Si la iniciativa obtiene sanción legislativa, el Gobierno contará con una nueva herramienta para financiar el programa habitacional sin modificar el destino educativo del fondo ni afectar los bienes esenciales del sistema escolar.
