La Federación de Colegios de Abogados reclamó que se suspenda la aplicación de la reforma de la Justicia Penal en el Valle de Uco.
Los siete miembros de la Suprema Corte de Justicia, que está presidida por el juez Dalmiro Garay.
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Archivo Los Andes La Federación de Colegios de Abogados presentó un petitorio ante la Suprema Corte de Justicia para que suspenda provisoriamente la aplicación de la reforma del Código Procesal Penal en la Cuarta Circunscripción Judicial (Valle de Uco) y el presidente del máximo tribunal, Dalmiro Garay, dejó la puerta abierta para aplicarlo.
Con la Ley 9666, promulgada el viernes pasado por el gobernador Alfredo Cornejo, el Ejecutivo busca que el Fuero Penal agilice las causas con la realización de más audiencias en el turno vespertino.
Desde la federación aclararon que no se oponen a estos cambios, de hecho ven positiva "la atención de los jueces, que implicará que se aceleren los procesos", pero alertaron que en la Cuarta Circunscripción Judicial -que abarca los departamentos de Tupungato, Tunuyán y San Carlos-, nunca se conformó un Tribunal Penal Colegiado correspondiente para abordar las causas correccionales que plantea la norma.
Por eso piden la suspensión en esta circunscripción, ya que significaría una "vulneración del acceso a la justicia para imputados, víctimas y abogados litigantes, quienes se verán forzados a trasladarse sistemáticamente a la Ciudad de Mendoza, con los consiguientes perjuicios funcionales, económicos y procesales", explicaron.
En contacto con Los Andes, el doctor Sergio Molina, integrante de la Federación de Colegios de Abogados, explicó: "En la Cuarta Circunscripción Judicial de Mendoza no existe tribunal penal colegiado. Entonces, cientos de personas tendrían que venir desde allá, con lo que significa para muchos ir hasta la Terminal a tomarse un micro, tener que movilizar testigos y demás, porque todas las causas que llegan a un Tribunal Penal Colegiado se resuelven en la Ciudad de Mendoza".
"De ahí que viene este pedido de suspender temporalmente la aplicación de la ley en Cuarta Circunscripción, no en el resto de la provincia", aclaró el abogado y dijo que, de esta manera, los delitos correccionales continuarían resolviéndose como se hace hasta hoy, a cargo de un juez penal en Tunuyán.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay, le respondió a Los Andes que no descartan cumplir con el reclamo de la federación. Esto lo deberán votar en un plenario de los siete integrantes, aunque la fecha puntual de reunión no trascendió.
Después de presentar el Presupuesto 2026 para la Justicia provincial, el juez supremo le manifestó a este diario: "Estamos viendo eso, la Federación de Colegios de Abogados hizo una presentación hace unas dos semanas y estamos terminando de revisar, después de que se publicó y puso en vigencia la ley que reforma parte el Código Procesal Penal".
"Claramente, si tenemos que traer todos los debates correccionales de la Cuarta Circuncripción a la Primera, me parece que es muy razonable atender ese reclamo. Porque en definitiva, el que se perjudicaría en ese caso en particular, sería el justiciable. Así que sí, lo estamos analizando", reconoció el supremo.
Por otro lado, dijo que la idea de la ley es "poder liberar un poco a los jueces de garantía, que son los tribunales que hoy tienen la mayor carga de trabajo, para pasar una parte de eso a los tribunales".
"No me parece mal, lo que me parece es que hay que encontrar la manera en que se va a aplicar la ley. Estamos esperando un informe del fuero", completó Garay.
El titular del Fuero Penal es José Valerio, quien rechazó en primer momento el proyecto de ley, ya que se trató de una iniciativa impulsada por el Ejecutivo sin su participación, ni opinión. Además, aseguró que no hacía falta una ley para mejorar la distribución horaria de las audiencias, si no una mejor coordinación entre las partes intervinientes.