La Ley 9666 redefine el funcionamiento de los tribunales penales colegiados, refuerza las audiencias orales y crea una oficina de gestión para mejorar la organización judicial.
El Gobierno busca que se realicen más audiencias en la Justicia Penal durante la tarde.
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Archivo Los Andes El Gobierno de Alfredo Cornejo promulgó este jueves la Ley 9666, que modifica varios artículos del Código Procesal Penal (Ley 6.730), de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (Ley 8.008) y de la Ley 9.040 de Creación del Fuero Penal Colegiado. Entre los principales cambios, habilita las audiencias orales en el fuero penal en horario de tarde.
La norma fue publicada este jueves en el Boletín Oficial y entrará en vigencia al día siguiente de su publicación. Entre los principales cambios, se redefine el funcionamiento del Tribunal Penal Colegiado, que podrá actuar en forma unipersonal o colegiada según la complejidad del caso o a pedido de las partes.
También se refuerzan los procedimientos orales y se establecen nuevas reglas de actuación para jueces, fiscales y defensores. El texto incorpora la obligatoriedad de publicar las agendas de audiencias penales en la página web del Poder Judicial, con datos sobre los magistrados y funcionarios intervinientes, el motivo del proceso y las eventuales reprogramaciones.
Además, fija sanciones por mal desempeño a magistrados o funcionarios que hagan fracasar audiencias de manera injustificada. Otro de los puntos relevantes es la creación y regulación de la Oficina de Gestión Administrativa Penal (OGAP), que tendrá funciones administrativas y de coordinación en los Tribunales y Juzgados Penales Colegiados.
Esta oficina será la encargada de organizar la agenda de audiencias, distribuir causas, coordinar el uso de salas, garantizar la digitalización de los procesos y dictar decretos de mero trámite.
También se amplían las atribuciones de los Ayudantes Fiscales, quienes podrán actuar por delegación en audiencias orales, ruedas de reconocimiento, inspecciones judiciales y en debates correccionales.
La ley establece además un esquema de turnos permanentes para jueces de garantías y de ejecución, con disponibilidad las 24 horas, para resolver medidas urgentes como allanamientos, detenciones o habeas corpus.
Con esta reforma, el Poder Judicial busca fortalecer la gestión de los procesos penales, promover la transparencia de las audiencias y garantizar un servicio de justicia más ágil y accesible.