La oposición logró aprobar hoy el nuevo régimen de decretos de necesidad y urgencia (DNU), que pone en jaque la capacidad del presidente de gobernar a través de esa vía discrecional, pero el proyecto no logró convertirse en ley.
A pesar de que se aprobó en general con 140 votos a favor, uno de los artículos no alcanzó la mayoría requerida en la Cámara Baja.
Los bloques opositores de la Cámara de Diputados lograron aprobar la ley para restringir el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU)
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NA / Mariano Sánchez La oposición logró aprobar hoy el nuevo régimen de decretos de necesidad y urgencia (DNU), que pone en jaque la capacidad del presidente de gobernar a través de esa vía discrecional, pero el proyecto no logró convertirse en ley.
Aunque se aprobó el proyecto en general, la ley que regula el debate de los DNU no se aprobó al no haber conseguido la mayoría absoluta de 129 votos en uno de los artículos de esa iniciativa. Se trata del artículo 3, referido al plazo que tenía el Congreso para debatir un DNU, resultó negativo al obtener 127 votos, con lo cual el proyecto deberá volver a la Cámara de Senadores.
La normativa venía con media sanción del Senado y cosechó 140 votos a favor, 80 negativas y 17 abstenciones.
De aprobarse esta modificación, los DNU tendrán una vigencia de apenas tres meses desde su publicación en el Boletín Oficial y el oficialismo contará ese plazo para conseguir su convalidación en los plenos de ambas cámaras, de modo tal que los efectos jurídicos de esos decretos queden en pie una vez transcurrido ese período.
A la inversa, la oposición ya no necesitará mayorías en ambas cámaras para derribar los decretos y le bastará con rechazarla en una sola para derogarlos.
En caso de que los decretos sean derogados, el Poder Ejecutivo no podrá disponer un decreto que verse sobra la misma materia hasta el siguiente año parlamentario.
Además, con esta reforma quedará prohibido que un mismo decreto verse sobre más de una materia, algo que sucedió, por ejemplo, con el polémico y resistido mega DNU.
La iniciativa busca reformar la Ley 26.122 para erradicar el artilugio de la "sanción ficta" (la convalidación de decretos por el silencio del Congreso).
Los cambios más importantes que empoderan al Congreso son:
Cabe destacar que el proyecto inicial sufrió modificaciones durante el debate en Diputados, por lo que podría requerir volver al Senado antes de convertirse definitivamente en Ley.
El oficialismo criticó duramente la aprobación de la reforma, calificando la ofensiva opositora de “desestabilizante”. Voceros libertarios como Nicolás Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, advirtieron que el diseño de la ley "viola la Constitución" y pretende instalar un “gobierno del Congreso” o una “suerte de democracia parlamentaria”.
Álvaro Martínez, también libertario, alertó que esta ley tiene el claro interés de "desestabilizar al gobierno nacional".
Por su parte, los legisladores opositores sostuvieron que la intención de la reforma no es limitar las facultades del presidente, sino evitar el "uso y abuso" de esta herramienta, el cual, junto con los vetos a las leyes, ha sido una práctica para "esquivar sistemáticamente al Congreso".
El diputado Nicolás Massot (Encuentro Federal) replicó que la ley no atenta contra la gobernabilidad, sino que es a favor. Esta reforma "sirve para que el Gobierno entienda que no se puede gobernar con un tercio de legisladores" y que necesita formar mayorías. Miguel Pichetto (Encuentro Federal) indicó que la mecánica actual del Gobierno, con el abuso de vetos y DNU, constituye una "visión muy limitada de la democracia".
Divisiones Internas en el Radicalismo
El radicalismo, un histórico detractor de la Ley 26.122, mostró divisiones en la votación de la Cámara Baja. Mientras que en el Senado el bloque votó a favor de la reforma, el bloque de Diputados conducido por Rodrigo De Loredo buscó una posición intermedia, solicitando que la reforma rigiera a partir del año 2027. De Loredo alegó que exigir estos cambios a un gobierno que "no tiene un solo gobernador, un solo intendente y cuenta con un puñado de legisladores" en tiempo récord, "los desestabiliza institucionalmente".
Sin embargo, el radical Julio Cobos se desmarcó de su bloque, apoyando la reforma al sostener que es necesario que los DNU tengan la misma jerarquía de una ley tradicional.
Otros bloques, como el Pro, solicitaron a la oposición que no fuera funcional al kirchnerismo en su intento de bloquear al Gobierno. El diputado Ricardo López Murphy, en una posición más neutral, advirtió que la situación se alcanzó por la incapacidad del oficialismo de dialogar.