Las medidas alcanzaron a agentes de distintos ministerios, principalmente por inasistencias injustificadas o faltas a los deberes del cargo.
Frente de la Casa de Gobierno de Mendoza. Archivo
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Archivo El Gobierno de Alfredo Cornejo resolvió en los últimos días una serie de expedientes disciplinarios contra agentes estatales que derivaron en sanciones de cesantía y suspensión. Las decisiones, publicadas en el Boletín Oficial, responden a distintos sumarios administrativos tramitados bajo el régimen del empleo público provincial (Ley N.º 9103).
En todos los casos, las resoluciones hacen referencia al artículo 5 inciso a) del Anexo de la Ley 9103, que regula el régimen disciplinario del empleo público provincial, y al Decreto Ley 560/73, que establece los deberes de los agentes.
Las decisiones se inscriben en los procedimientos administrativos regulares, con dictámenes previos de las áreas jurídicas, juntas de disciplina y la Oficina General de Sumarios, y se notificaron a los organismos de control como la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública.
El Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas dispuso la cesantía de un agente, quien se desempeñaba en la exSubsecretaría de Desarrollo Social.
De acuerdo con la resolución 433, el expediente se inició tras constatarse que el agente no se reincorporó a su puesto luego de una licencia médica que finalizó en septiembre de 2024.
Pese a los emplazamientos formales, el implicado no volvió a su lugar de trabajo ni concurrió a la audiencia indagatoria fijada en abril de este año. El sumario concluyó con la recomendación de aplicar la sanción más grave, en función del artículo 5 inciso a) de la Ley 9103, por incumplimiento de los deberes del cargo.
Mediante el Decreto 1751, el Ejecutivo provincial el reclamo de un empleado de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo, quien había sido sancionado con 30 días de suspensión en 2023.
El caso se originó por irregularidades en sus licencias médicas durante la pandemia, cuando el agente presentó certificados fuera de plazo y sin validación médica adecuada.
La Junta de Disciplina y la Asesoría de Gobierno consideraron acreditadas las faltas y descartaron los planteos de arbitrariedad e inobservancia del debido proceso. El decreto confirmó la sanción aplicada por el entonces Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia.
En el Ministerio de Seguridad y Justicia, el Gobierno dispuso la cesantía a un miembro del personal civil de la Dirección de Logística
El sumario determinó que el agente no se presentó a trabajar entre agosto y noviembre de 2023 sin justificación, pese a haber sido emplazado formalmente. La Junta de Disciplina verificó que el proceso cumplió con las garantías legales y concluyó que las inasistencias configuraban abandono de servicio.
El decreto, firmado por el gobernador Cornejo y la ministra Mercedes Rus, ordenó además comunicar la decisión a Ética Pública y revisar si el agente percibió haberes indebidos durante el período investigado.
El Ministerio de Salud y Deportes rechazó el reclamo de un exagente de la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), confirmando así su cesantía aplicada en 2021
Según el decreto 1962, la sanción se originó en la detección de un certificado médico apócrifo presentado para justificar una licencia. La profesional que figuraba como firmante reconoció la rúbrica, pero negó haber emitido el documento ni haber atendido al agente.
El Gobierno entendió que la falta fue grave y descartó reducir la sanción, recordando que el agente ya había recibido una suspensión de 30 días en 2015 por otra infracción disciplinaria.
En el Ministerio de Energía y Ambiente, un decreto firmado por Cornejo y la ministra Jimena Latorre dispuso la cesantía de exempleado de la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental
El expediente se originó luego de que el agente solicitara una licencia sin goce de haberes que nunca fue formalmente autorizada por resolución. Si bien el área administrativa interrumpió el pago de haberes, al finalizar el período de licencia el empleado no se reincorporó a su puesto.
El Gobierno consideró que las ausencias posteriores configuraron una inasistencia injustificada y aplicó la sanción prevista por la Ley 9103, notificando además a la Oficina de Ética Pública.
También en Energía y Ambiente, el Ejecutivo aplicó la cesantía de un exempleado de la Dirección de Hidráulica. La investigación acreditó que el agente registró 18 inasistencias consecutivas durante noviembre de 2024, además de otras dos en octubre, sin presentar justificaciones ni responder a los requerimientos administrativos.
La resolución calificó la conducta como una falta grave al deber de asistencia al servicio y al principio de responsabilidad de la función pública.
