El Gobierno emitió una serie de decretos y resoluciones que ratifican sanciones a empleados estatales que formaban partes de diferentes áreas del Ejecutivo.
Frente de la Casa de Gobierno de Mendoza. Archivo
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Archivo El Gobierno de Alfredo Cornejo emitió este jueves una serie de decretos y resoluciones en los que ratificó sanciones a 18 empleados y exagentes estatales. Los casos involucran a distintas áreas de la administración pública, con causas vinculadas a homicidio, violencia de género, adulteración de documentos oficiales y reiteradas inasistencias.
Las resoluciones correspondieron a impugnaciones contra sanciones disciplinarias, en su mayoría cesantías sujetas a exoneración, que surgieron de sumarios administrativos por incumplimientos a los regímenes disciplinarios vigentes.
Las faltas incluyeron inasistencias injustificadas, adulteración de documentos e incluso delitos penales graves, según señalaron desde Casa de Gobierno, donde remarcaron que estas decisiones buscan “reafirmar la importancia de la conducta intachable en la función pública y garantizar el buen funcionamiento de los servicios para la comunidad”.
Los decretos remarcan la aplicación de las leyes disciplinarias vigentes: la Ley 9003 (procedimiento administrativo), la Ley 6722 (régimen policial), la Ley 7493 (personal penitenciario) y la Ley 9103 (trabajadores estatales).
En todos los casos, la Asesoría de Gobierno concluyó que las resoluciones sancionatorias estaban debidamente motivadas, respetaban principios de proporcionalidad y razonabilidad, y que los recursos presentados no lograron revertir las sanciones.
El decreto 1814 oficializa la cesantía y suspensión de haberes desde 2019 de un agente sanitario tras ser condenado a 9 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual. Este conducía alcoholizado y en contramano cuando ocasionó la muerte de un motociclista.
Según detalles del documento, el agente conducía con 3.57 gramos de alcohol por litro de sangre, a exceso de velocidad y en contramano, impactando de frente contra un motociclista, quien falleció días después.
Otra cesantía confirmada mediante el decreto 1709, que sostiene la sanción a un agente del Hospital Lagomaggiore por faltas reiteradas e injustificadas, incluidas más de seis inasistencias en un semestre. Su apelación fue rechazada al demostrarse que había sido notificado en tiempo y forma.
Siguiendo con el cese de las actividades de empleados en la cartera que conduce Rodolfo Montero, el decreto 1620, aplicó la cesantía a un odontólogo del Hospital Central a raíz de un sumario que acreditó incumplimientos graves, incluyendo transgresiones a la Ley de Carrera Médica y a la Ley Micaela.
El decreto 1392 confirma la cesantía de una agente del Hospital Carlos Pereyra por inasistencias reiteradas y adulteración de certificados médicos. Recursos Humanos detectó incongruencias en los documentos y ausencias durante licencias por enfermedad.
Los informes de Recursos Humanos del Hospital “Carlos Pereyra” revelaron incongruencias en los certificados médicos, adulteración de la fecha de un certificado, y el uso de diferentes documentos para justificar faltas. Además, fue encontrada ausente de su domicilio durante una licencia por enfermedad
El último decreto emitido en el área de Salud es el 1631, que aplica la cesantía a un empleado por 17 faltas injustificadas y 63 incumplimientos de horario en 2021. Nunca se presentó a declarar y su madre informó que no residía en la provincia.
El primer caso en la carteta que encabeza Mercedes Rus trata de un exagente penitenciario fue cesantía sujeta a exoneración por incumplimientos graves a los deberes del cargo previstos en la Ley 7493. Su recurso fue rechazado por haberlo presentado fuera de los plazos legales. Trata del decreto 1648.
El decreto 1675 consta de un exsuboficial de policía al que se le interpuso la cesantía sujeta a exoneración en virtud de la Ley 7493 y el régimen disciplinario policial. La sanción se ratificó al considerar que no insistió en tiempo y forma en la producción de una prueba clave.
Por otro lado, el decreto 1805, expone la suspensión de ocho días a un comisario por no tomar recaudos para conservar bienes del Estado bajo su custodia, de acuerdo a la Ley 6722. Su apelación por supuesta arbitrariedad fue rechazada.
Un exauxiliar policial fue exonerado mediante el decreto 1841 por una falta disciplinaria grave en el marco de la Ley 6722, agravada por la Ley 26.485 de protección contra la violencia hacia la mujer. El recurso fue presentado fuera de término.
Otro exauxiliar policial fue sancionado con una cesantía sujeta a exoneración mediante el decreto 1561. El causal es a raíz de infracciones al régimen disciplinario policial. Su recurso fue desestimado ya que la sanción había quedado firme en 2021.
Por su parte, el decreto 1513 señala la cesantía a un oficial inspector por irregularidades en el desempeño de sus funciones. Alegó falta de motivación en la sanción, pero se concluyó que la medida fue proporcional y su descargo se presentó fuera de término.
En el Ministerio de Hacienda y Finanzas se resolvieron recursos relacionados con cesantías aplicadas en organismos descentralizados.
El decreto 1975 apunta a una empleada del Instituto Provincial de Juegos y Casinos que fue cesanteada por irregularidades en la sala de tragamonedas, basándose en el Decreto-Ley 560/73 y las leyes 8901 y 9103. Presentó un recurso pero fue rechazado.
Siguiendo en el organismo que lidera Ida López, el decreto 1977 expone la cesantía a otra empleada por irregularidades en tragamonedas detectadas en 2020. Se ratificó la
Mientras que el decreto 1976 habla de un agente de la Agencia Tributaria Mendoza al cual se le impuso la cesantía por incompatibilidad al ejercer simultáneamente como contador de la ATM y asesor privado de contribuyentes, lo que violó el Código Fiscal provincial y el Decreto-Ley 560/73.
Las resoluciones 5134 y 5128 exponen la cesantía a dos celadores por incumplimientos a los deberes del cargo según el estatuto del empleado público y la Ley 9103. Mientras que la resolución 4838 consta de una suspensión de 15 días a una celadora por infracciones a las normativas de su puesto.