La nueva Ley 9659 prevé recursos específicos para financiar infraestructura, equipamiento y programas ambientales en municipios. Apunta a optimizar el tratamiento de los residuos en toda la provincia.
La Ley 9659 divide la provincia en cuatro zonas y habilita la creación de consorcios para optimizar recursos y coordinar políticas de gestión integral de residuos sólidos urbanos.
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El Gobierno de Alfredo Cornejo promulgó este martes la Ley 9659, que crea un sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en Mendoza. La norma busca mejorar la salud y el ambiente mediante una administración coordinada y sostenible de los residuos generados en toda la provincia, respetando las competencias municipales.
El Ministerio de Energía y Ambiente, a cargo de Jimena Latorre, será la autoridad de aplicación y deberá elaborar el Plan Provincial de Residuos Sólidos Urbanos (PPRSU), que establecerá los lineamientos de política pública en la materia.
La ley promueve la eliminación progresiva de los basurales a cielo abierto, el fortalecimiento de la economía circular y la trazabilidad completa de los residuos. También busca fomentar la separación en origen, la inclusión social de los recuperadores urbanos y la educación ambiental.
El texto se apoya en principios como precaución, prevención, valorización de residuos, transparencia, participación social, economía circular e interjurisdiccionalidad. El Ejecutivo tiene 180 días para reglamentar la ley y poner en marcha el nuevo sistema GIRSU, que reemplazará al régimen anterior establecido por la Ley 5970, ahora derogada.
Cada municipio deberá elaborar su propio Plan Municipal o Interjurisdiccional de Gestión Integral de Residuos (PMGIRSU/PINGIRSU), ajustado a las políticas provinciales y sujeto a la aprobación de su Concejo Deliberante.
La gestión se organizará en cuatro zonas regionales: Metropolitana, Este, Centro y Sur, con posibilidad de conformar consorcios interjurisdiccionales entre municipios para aprovechar economías de escala.
Además, se prohíbe la generación de nuevos basurales y la quema de residuos a cielo abierto, mientras que los existentes deberán cerrarse y remediarse con supervisión del Ministerio.
La ley establece campañas de concientización y la creación de una herramienta digital de trazabilidad, que permitirá monitorear todas las etapas del tratamiento de residuos y generar estadísticas para la toma de decisiones.
La norma impulsa la formalización e inclusión de los recuperadores urbanos dentro del sistema GIRSU, considerándolos actores clave en la cadena de reciclaje.
También permite la creación de centros tecnificados de economía circular, donde los residuos serán procesados, clasificados y reutilizados como insumos para nuevos procesos productivos.
Se crea el Fondo de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Mendoza, administrado por el Ministerio de Energía y Ambiente. Estará integrado por recursos provinciales, tasas específicas, multas ambientales y fondos provenientes de créditos o financiamiento nacional e internacional.
El fondo se destinará a infraestructura, equipamiento, asistencia financiera a municipios y desarrollo de programas de educación ambiental y separación de residuos.
El sistema prevé sanciones que van desde apercibimientos y multas hasta la clausura de actividades en caso de incumplimientos, además de la obligación de recomponer el daño ambiental causado.