El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay, presentó la pauta de gastos para el próximo ejercicio con un nuevo ajuste de Alfredo Cornejo.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay, presentó el Presupuesto 2026 para el Poder Judicial.
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Prensa Cámara de Diputados El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay, presentó el Presupuesto 2026 del máximo tribunal en la Legislatura provincial y no escondió el descontento por recibir un nuevo recorte por parte del Poder Ejecutivo, en cuánto al monto que habían solicitado. Habían requerido una partida de $177 mil millones y recibirán $168 mil, finalmente.
Esto significa que la participación de la Corte en el total del Presupuesto provincial tiene un descenso marcado por segundo año consecutivo. Fue de un 3,18% en 2024, bajó a un 3,08% en 2025 y ahora presenta un 2,68% para el ejercicio 2026. Es decir, una baja del 0,4% anual y del 0,5% en dos años.
El presupuesto requerido por la Corte hacia el Poder Ejecutivo era de $177.538.162.612, pero el gobernador Alfredo Cornejo les aprobó una pauta final de $168.678.080.432. Es decir, hubo un recorte de $8.860.082.180 (4,99% menos).
El juez Dalmiro Garay, acompañado por la jueza suprema María Teresa Day, comenzó su exposición ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Cámara de Diputados con una frase irónica al respecto: “Sé que han atravesado jornadas intensas pero nosotros vamos a ser cortos, porque la verdad es que lo que han asignado es bastante corto ”, lanzó.
Luego, explicó que en el presupuesto requerido al Ejecutivo, excluyendo los fondos para personal y servicios públicos, planteaba una inversión de $11.163.545.000 (54,9%) para obras de infraestructura y tecnología y otros $9.169.762.810 (45,1%) para funcionamiento.
Sin embargo, el presupuesto aprobado en estos puntos quedó en $9.169.762.810 (76,5%) para funcionamiento y solo $2.808.000.000 (23,5%) para inversión, destinados principalmente a la culminación del nuevo Centro Cívico y Jurídico de Tunuyán, programado para inaugurarse en julio del año próximo.
La participación del Presupuesto de la Corte en el Presupuesto Provincial completo disminuyó en los últimos dos años, planteó también Garay.
“Con respecto a la participación del Presupuesto de la Corte en el Presupuesto Provincial, en el Proyecto de Presupuesto enviado para tratamiento legislativo, es de las más bajas de los últimos seis años”, planteó el presidente del máximo tribunal.
Luego, en conferencia de prensa, Garay moderó sus críticas y dijo que este recorte presupuestario “no es una molestia, porque no ha pasado solamente en el Poder Judicial”.
Pero remarcó que “claramente, el Poder Judicial en el último tiempo viene bajando la participación neta en el presupuesto general, lo cual tiene un impacto en el servicio”, a pesar de las reformas e innovaciones que realizaron para “invertir mejor los recursos que nos han votado para este año y generar ahorros” para nuevas inversiones.
Garay trazó una similitud con el 2025, ya que también hubo un presupuesto ajustado en $8 mil millones y señaló que durante este año lograron una “reingeniería” en sus inversiones.
A la vez, señaló que el impacto se da en “un plan de obras en distintos edificios y también inversión en tecnología”. La Corte se plantea realizar trabajos en los edificios del Poder Judicial en San Martín, San Rafael y Malargüe, puntualmente.
Garay también planteó la necesidad de seguir optimizando el servicio de justicia, a través del uso de la tecnología, como sucedió con la ley que simplifica el beneficio de litigar sin gastos, que “solamente en cantidad de horas hombre, significa un ahorro de $166 millones”.
“En cuanto impacto al sistema son de 4 o 5 meses de trámite que pasa ahora a un clic o dos”, explicó.
También mencionó un chatbot para el 160, que es el Centro de Atención Judicial Ciudadana, “que triplicará la atención al público. O se ampliaba el personal o se iba a un sistema informático y es lo que se hizo. Son costos que nos permiten mejorar el gasto”, resaltó.
Otra de las reformas implementadas es la firma ciudadana, un desarrollo hecho por el Poder Judicial “que permite darle firma electrónica a cualquier ciudadano”. Se trata de la legalización de documentos y servicios digitales destinados al ciudadano, “mediante la legalización de documentos digitales y Autorización de Viaje a menores de edad en forma virtual".
De igual forma, la puesta en marcha de un portal para el sistema de secuestros judiciales. “Nosotros tenemos a cargo la custodia que implica más de dos mil motos o bicicletas sustraídas a los mendocinos – por ejemplo -. Pondremos un portal de consulta para que los mendocinos puedan identificar con fotos, descripción y tipo de bien, el objeto, y figurara qué fiscalía lo tiene a cargo para que vaya a buscarlo”, explicó.
De igual forma, reformas en cuando a las subastas judiciales, que “son reformas marginales del proceso judicial pero que demandan tiempo y recursos”, expresó.