La Federación de Colegios de Abogados presentó un petitorio ante la Suprema Corte de Justicia para que deje sin efecto la aplicación en el Valle de Uco.
Juzgado Penal Colegiado del Valle de Uco.
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Archivo Este jueves, el gobierno de Alfredo Cornejo promulgó la Ley 9666, que modifica varios artículos del Código Procesal Penal (Ley 6.730), de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (Ley 8.008) y de la Ley 9.040 de Creación del Fuero Penal Colegiado, con el fin de propiciar más audiencias penales en el horario vespertino.
La norma encontró observaciones por parte de la Federación de Colegios de Abogados y Procuradores de Mendoza debido a los inconvenientes que generará su aplicación en la Cuarta Circunscripción Judicial, que contempla los departamentos del Valle de Uco (Tupungato, Tunuyán y San Carlos).
La federación alertó que en esa circunscripción nunca se conformó un Tribunal Penal Colegiado correspondiente, por lo que se producirá una "vulneración del acceso a la justicia para imputados, víctimas y abogados litigantes, quienes se verán forzados a trasladarse sistemáticamente a la Ciudad de Mendoza, con los consiguientes perjuicios funcionales, económicos y procesales".
Por esto la semana pasada los titulares de los Colegios de Abogados de las cuatro circunscripciones llevaron adelante reuniones con el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay; el Coordinador del Fuero Penal, José Valerio; y el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, para solicitarles a cada uno la suspensión temporal de la reforma en esa región, hasta tanto no se conforme el tribunal correspondiente.
El Doctor Sergio Molina, titular del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción (Gran Mendoza), formó parte de esos encuentros y aclaró a Los Andes que no se oponen a la reforma puntualmente, ya que están de acuerdo con varios puntos como "la atención de los jueces en la tarde, que implicará acelerar los procesos".
Explicó entonces, que la ley plantea modificaciones en los procesos correccionales, que requieren de la resolución de un tribunal penal colegiado y justamente se trata de un alto volumen de delitos menores, como amenazas o conducir alcoholizado, que implicarían que los vecinos del Valle de Uco se deban movilizar hasta el Gran Mendoza para su tratamiento.
"En la Cuarta Circunscripción Judicial de Mendoza no existe tribunal penal colegiado. Entonces, cientos de personas tendrían que venir desde allá, con lo que significa para muchos ir hasta la Terminal a tomarse un micro, tener que movilizar testigos y demás, porque todas las causas que llegan a un Tribunal Penal Colegiado se resuelven en la Ciudad de Mendoza", planteó Molina.
"De ahí que viene este pedido de suspender temporalmente la aplicación de la ley en Cuarta Circunscripción, no en el resto de la provincia", aclaró el abogado y dijo que, de esta manera, los delitos correccionales continuarían resolviéndose como se hace hasta hoy, a cargo de un juez penal en Tunuyán.
Molina señaló que ese fue "el planteo que hicimos fundamentalmente a la Corte" y que las autoridades recibieron su reclamo, pero no les confirmaron la suspensión.
Lo que sí, les advirtieron que por cuestiones presupuestarias, este año está descartado que se logre conformer el tribunal penal colegiado en la Cuarta Circunscripción y dichos nombramientos quedarán pendientes hasta 2026.
En el Poder Judicial todavía no hay una decisión tomada sobre la suspensión solicitada por la Federación de Colegios de Abogados y Procuradores, pudo averiguar este diario.
